blogeditor · 26 de agosto de 2021
En las semanas recientes he intercambiado con diferentes organizaciones y movimientos sociales del país las mejores formas de interactuar e impulsar agendas con nuestras autoridades y representantes electos. La respuesta colectiva siempre recae en espacios o mecanismos de participación ciudadana formales o informales que permitan realizar propuestas legislativas o de política pública, proveer información que sirva para la discusión pública, dialogar e intercambiar puntos de vista sobre alternativas de acción, acompañar procesos de negociación con evidencia y argumentos que contribuyan a la toma de decisiones públicas, e, incluso, comprometerse con la implementación y evaluación de las decisiones tomadas. Estos ejemplos explican mayormente la demanda de participación ciudadana en procesos de decisión pública, pero no la oferta.
La oferta de mecanismos de participación ciudadana, ya sean formales o informales, se crea desde espacios de autoridad institucionales legislativos o ejecutivos. Dichos mecanismos pueden funcionar con reglas preestablecidas desde la propia Constitución, leyes secundarias o a través de reglamentos y lineamientos internos o sin reglas preestablecidas que flexibilizan los tipos de intercambio y coordinación entre los actores involucrados.
Ya sea en contextos legislativos o de incidencia en cualquiera de los tres niveles de gobierno, para cada agenda, causa o decisión política debemos identificar ¿quién participa y cuál es su rol?, ¿quién decide?, ¿en qué momento se toma la decisión (coyuntura temporal)?, naturaleza de la decisión, recursos de los actores –financieros, legales, técnicos, cognitivos o de información y organizativos–, estrategia de comunicación e influencia mediática, y objetivos enfocados en los medios o fines (cooperación, confrontación, complementariedad y cooptación).
Para el caso legislativo en particular, es fundamental tanto para legisladores y legisladoras como para quien quiera incidir en la toma de decisiones entender qué influye en la definición y posicionamiento del problema público para que se atienda por la vía legislativa, qué instrumento legislativo se desarrollaría para atender dicho problema, así como qué espacios de deliberación y aprobación del instrumento se requieren para que la propuesta pueda ser aprobada y, eventualmente, promulgada.
Para influir de manera efectiva en la toma de decisiones del proceso legislativo no sólo es indispensable hacer todo el tiempo aritmética legislativa (saber con qué votos se cuenta y de qué grupos parlamentarios), sino conocer y utilizar los procesos y mecanismos informales que aumentan la probabilidad de incidencia: diálogos colectivos de intercambio de posiciones con legisladores y legisladoras, reuniones uno a uno con actores estratégicos, incidencia a través de medios de comunicación, negociaciones abiertas de cabildeo sobre los temas de interés e involucramiento y compromiso con las agendas que se impulsan por esta vía para que se materialicen en políticas públicas específicas. Las legisladoras y los legisladores son quienes deben abrir estos canales de participación a la ciudadanía para que la incidencia sea efectiva, pero también la sociedad civil organizada debe presionar sistemáticamente para que estos espacios sean utilizados y aprovechados para la resolución de problemas públicos.
En 2015 dirigí la investigación La toma de decisiones en el proceso legislativo, de la cual me gustaría compartir algunas reflexiones con miras a crear mejores mecanismos para la próxima legislatura:
Para lograr un Congreso ciudadano, estas ideas pueden ser la antesala para mejorar la interacción entre ciudadanía y representantes de la LXV Legislatura, así como para pelear por un parlamento abierto útil, efectivo y cercano a la gente.