Redacción Animal Político · 6 de febrero de 2023
El 20 de enero un grupo de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del mundo, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), nos unimos para conversar e impulsar la creación de un Tratado sobre un Comercio Libre de Tortura.
Las fuerzas de seguridad de un Estado emplean distintos tipos de armas y herramientas en sus tareas de seguridad. Armas que son letales (por ejemplo, armas de fuego), otras que por su naturaleza parecieran no serlo si se regulan y emplean de manera adecuada (los bastones de mando, las esposas), pero hay otras que aunque no son letales deberían de estar prohibidas porque tienen como único propósito ejecutar un daño a la persona (instrumentos de electrochoque, dispositivos empleados para inmovilizar como esposas para tobillos o las esposas fijadas a la pared, escudos y bastones de mando con púas); en pocas palabras, instrumentos que solo pueden pensarse para matar o torturar.
Sobre las armas de fuego y sus municiones existen instrumentos internacionales que las regulan y establecen la obligación de los Estados exportadores e importadores de rendir cuentas. No obstante, sobre los instrumentos “no letales” como las que menciono arriba no hay algún instrumento que las regule y controle. Esto es sumamente preocupante, ya que existen ejemplos aterradores en donde estos instrumentos se han empleado para dañar a las personas, por ejemplo, en protestas o en detenciones arbitrarias.
En octubre de 2019, la policía de Chile usó armas con balas de goma, bombas lacrimógenas y carros de hidrantes en las manifestaciones pacíficas. Se habla de casi 500 personas lesionadas, varias de ellas sufrieron trauma ocular a causa de las balas de goma. Muchas personas sufrieron daños permanentes en su integridad personal y salud, particularmente en su vista.
Por su parte, en el más reciente informe de la CMDPDH “La Guerra Interiorizada” evidenciamos que aproximadamente 22,744 personas privadas de la libertad pudieron haber sido víctimas de tortura por medio de descargas eléctricas, según datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad, 2021. De las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitidas entre 2007 y 2022 concluyen que al menos 215 víctimas fueron sometidas a tortura mediante descargas eléctricas por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
La prohibición de la tortura es una obligación que no está sujeta a excepciones. En México, varios instrumentos nacionales, e internacionales de los que es Parte, prohíben categóricamente esta práctica. Lamentablemente, lo que vemos en la realidad es que el Estado continúa comprando herramientas para infligir daño, sin una regulación adecuada de por medio.
Un tratado sobre un comercio libre de tortura implica el compromiso de los Estados para no permitir la fabricación y distribución de aquellos instrumentos que por sus características se emplean para infligir un daño a las personas. Además, involucra la regulación del uso de otros instrumentos que potencialmente pueden infligir daño y tortura, así como el compromiso no transferir esos materiales a aquellos gobiernos en donde se pudieran estar vulnerando los derechos humanos mediante su empleo.
Implica también la prohibición de sustancias químicas o instrumentos que se pudieran emplear para realizar ejecuciones (por ejemplo una silla eléctrica o sustancias como inyecciones letales), este es probablemente uno de los obstáculos más grandes para la elaboración y adhesión a un tratado internacional de esta naturaleza, ya que de alguna manera estaría aboliendo la pena de muerte.
Afortunadamente, ya existen avances para llegar a ese instrumento internacional. México, forma parte de una Alianza Mundial para el Comercio Libre de Tortura cuyos países están impulsando un instrumento internacional con las características descritas. Es así que el gobierno de México debe actuar en consecuencia y destruir cualquier herramienta que no cumpla una función alineada con la seguridad ciudadana y que coloque en riesgo a alguna persona de ser víctima de tortura.
* Lucía Chávez (@LucyChavezV) es Directora Ejecutiva de la CMDPDH.