¿Por quién votan los desaparecidos en Sinaloa?

Como en otros estados, el proceso electoral en Sinaloa tiene un panorama oscuro debido a la violencia política. En medios locales se denuncia la presencia de grupos armados en localidades serranas que amenazan a candidatos, también ciertos incidentes de intimidación en las principales ciudades y el repentino surgimiento de medios de comunicación en línea con ataques personales hacia activistas y periodistas.

Pero el escenario electoral no sólo se ensombrece por las amenazas; se muestra gris, como el de otros años, ante la falta de propuestas concretas y la repetición de los mismos discursos. Entre el miedo y la dificultad, la oferta política se aprecia lejana de las necesidades más sentidas de la población: los discursos son ambiguos y las estrategias por ganar la aceptación se trivializan.

Así lo perciben los grupos más afectados por la violencia en Sinaloa. En su transitar entre oficinas, morgues, juzgados, fosas clandestinas, mítines, y mucha indiferencia, se desvanece la esperanza de encontrar respuestas. Los candidatos a la gobernatura han hablado de las familias de desaparecidos en todos sus discursos en los debates públicos, y en algunas entrevistas. Ante la presión pública de los grupos de búsqueda que proyectan los rostros de sus familiares en los edificios de gobierno, y los medios de comunicación que apuntan al tema en sus preguntas, los contendientes prometen audiencias, sensibilidad y mucha empatía, pero ninguno en realidad plantea acciones concretas.

A pesar de los avances por visibilizar el problema, que es uno de los más sentidos en el país y en estado, el discurso de los gobernadores (y quienes aspiran a serlo) parece seguir un enfoque de “gobernabilidad desde la resiliencia” i. Pese a que son conocidas las afectaciones en las familias y comunidades, los avances en las acciones públicas son limitados. La situación de los desaparecidos y otras víctimas de las violencias se conciben como problemas prácticamente irresolubles, con múltiples aristas, complejos ante la diversidad de actores e intereses que intervienen, con instituciones coaccionadas y coludidas, y el papel del Estado se piensa más como el de un ente que ayuda a propiciar algunas condiciones para el manejo de daños.

Esta forma de concebir el problema como “irresoluble” tiene antecedentes en Sinaloa. Durante mucho tiempo, el gobierno de Sinaloa mantuvo silencio ante la crisis de desaparecidos; después, con el movimiento nacional por Ayotzinapa, la visibilidad de las Rastreadoras del Fuerte en el norte del estado, el surgimiento de propuestas ciudadanas e instituciones federales para atender el tema, se creó el clima propicio para que el gobierno del estado reconociera la problemática y la incluyera en sus discursos. En el 2016, ante los reclamos de las familias, el entonces secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, declaró a la prensa que la base de datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado contaba entre 400 y 500 registros de personas desaparecidas ii, una cifra que las familias de las víctimas calificaron como “difícil de creer”. Entre el 2014 y el 2016, el grupo de búsqueda de Las Rastreadoras de El Fuerte, el primero en organizarse en Sinaloa, había encontrado al menos 70 cuerpos en fosas clandestinas tan sólo en el norte de la entidad iii. El gobernador Mario López Valdez dijo a los medios de comunicación que el 90 por ciento de éstos eran secuestrados y asesinados porque “andaban en malos pasos” iv, y así marcó su postura de criminalización y olvido. En ninguno de los informes de gobierno de López Valdez se habló de los desparecidos v.

El actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a un mes de asumir el cargo se declaró ante la prensa y en reunión con las familias como un “aliado en la búsqueda de desaparecidos” vi. Durante su gobierno, que ya casi termina, se implementaron algunas acciones para armonizar la legislación local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Como resultado, se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y se puso al frente a un integrante de uno de los colectivos. No obstante, el órgano ha funcionado con escaso presupuesto y capacidades limitadas; sus técnicas de búsqueda no involucran tecnologías, más bien dependen de las habilidades intuitivas de los grupos civiles. En noviembre del 2020, a un mes de cerrar el año fiscal, el gobierno del estado tan sólo había entregado 1.6 de los 6 millones de pesos del presupuesto asignado para la comisión.

Juan Carlos Saavedra Ortega, el Comisionado para buscar a los desaparecidos, me explicó en entrevista el pasado marzo que la Fiscalía del Estado no les proporciona información, y con el presupuesto público que recibe la comisión apenas cubre los gastos de la oficina. Requirieron 20 millones de pesos del presupuesto público para extenderse al menos a las otras dos ciudades principales (Mazatlán y Los Mochis), pero la respuesta no fue favorable. Señala que “se encuentran atados como las otras comisiones en el país”. La mayor parte del trabajo de rastreo de fosas sigue estando en manos de los grupos de familiares, con los que se coordina cuando así lo solicitan.

Los colectivos de familiares no tienen muchas esperanzas frente al cambio de gobierno. Los candidatos a la gobernatura en los primeros dos lugares en las encuestas siguen los mismos recursos discursivos que sus predecesores, apelando a la resiliencia de los ciudadanos; buscan salidas inmediatas y superficiales al problema de gobernar en la creciente complejidad. En ninguna de las plataformas de los candidatos se proponen acciones específicas. No se habla del necesario trabajo desde la gobernatura con la Fiscalía y el Congreso del Estado para que se avance en los objetivos y disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada: el fortalecimiento de la comisión de búsqueda y la inversión en herramientas tecnológicas (que ya se están utilizando en otros lugares y en distintos grupos de investigación) para la identificación de los sitios donde están las fosas clandestinas, así como el trabajo coordinado a través del sistema estatal con un consejo ciudadano, que por ahora no existe, donde participen las familias y otros actores para la observación y seguimiento de las acciones gubernamentales. Tampoco mencionan acciones para atender la crisis forense con los más de mil cadáveres y osamentas que aún no son identificados vii, en un escenario que se complica por el retraso del compromiso de la FGR con el Banco Nacional de Datos Forenses viii.

Neriz, que forma parte del colectivo Sabuesos Guerreras, se acercó a uno de los candidatos en evento de campaña: “Te cambio mi voto por un desaparecido”, le dijo con pancarta en mano. El candidato detuvo su paso unos momentos para contestarle: “qué más quisiera yo, regresar a los desaparecidos, aunque no votaran por mí”.

* Iliana del Rocío Padilla Reyes (@iliana_pr) es Doctora en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesora de carrera en la ENES Juriquilla de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Contacto: [email protected].

 

 

 

i Chandler, David. (2014). Resilience: The Governance of Complexity (Critical Issues in Global Politics). New York: Routledge.

ii “Malova oculta las cifras de los desparecidos, dicen familias; emprenden su propia búsqueda”. Sin Embargo. consultado el 13 de febrero de 2021

iii “Rastreadoras hallan 70 cuerpos en dos años”. El Universal, Sección Estados. Consultado el 15 de diciembre de 2020.

iv “Triste, declaración de Malova sobre víctimas: Rastreadoras”. Noroeste, consultado el 20 de mayo de 2021.

iv Con excepción de los resultados de la Alerta Amber para localizar niños desaparecidos.

vi “Seré un aliado en la búsqueda: Quirino”, Noroeste, consultado el 20 de mayo de 2021.

vii “Crisis forense: cuando las funerarias suplieron al Semefo”. Proceso, Quinto Elemento Lab, Marcos Vizcarra.