Por qué sí votar sin anular el voto

Claudia Ramos · 22 de abril de 2015

Por qué sí votar sin anular el voto

No anular el voto, y sí ejercer voto de castigo contra los partidos políticos que no nos representan. Ése es el camino más efectivo con que contamos como ciudadanía para protestar contra el sistema de partidos vigente en nuestro país. Mediante el voto tenemos un control inmediato sobre los partidos políticos, sin trabas legales o administrativas (que son diseñadas por ellos mismos en el proceso legislativo). Dos de los controles más importantes que ejercemos los mencioné en mi texto anterior: uno es el aspecto financiero y otro es el aspecto legislativo.

Mediante el voto que emitimos determinamos cuánto dinero reciben los partidos políticos. En la base II del artículo 41 constitucional se establece cómo se reparte dicho dinero: primero, se define cuánto se destinará a partidos multiplicando el padrón electoral vigente a julio del año anterior, por el 65% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esa cantidad se reparte de la siguiente manera: 30% de manera equitativa entre los partidos políticos nacionales, y el 70% se reparte de acuerdo con el porcentaje obtenido por el partido en la elección de diputados anterior. El partido que recibe mayor votación válida emitida es quien recibe mayor presupuesto.

Si anulamos nuestro voto estamos regalando dinero a los partidos que no nos representan, ya que dicho voto no es válido y no incide en el porcentaje final de votación que reciben los partidos. Es más viable afectar el presupuesto de un partido votando por otro partido o candidato independiente. Entre menos dinero reciban los partidos para sus actividades ordinarias y de campaña, menos oportunidad tienen de cooptar la votación de grupos vulnerables a través de prácticas clientelares.

[contextly_sidebar id=”zxJLeFsiyS5FqL3kza0RpRS0dmzOjKST”]Ahora, en el aspecto legislativo también hay implicaciones financieras. En primer lugar está la cuestión de los grupos parlamentarios. De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos —en su artículo 26, numeral 2— se puede crear un grupo parlamentario teniendo mínimo cinco diputados del mismo partido. Al formar un grupo parlamentario se tiene acceso a recursos por medio de subvenciones mensuales para dicho grupo, con un presupuesto base más un presupuesto variable que depende de la cantidad de diputaciones que tiene (artículo 29). Como vemos, si un partido gana más diputaciones tendrá acceso a mayores recursos económicos y políticos.

En segundo lugar está la cuestión política más evidente: a mayores diputados, mayor representación de dicho partido y menos oposición a su trabajo legislativo. Mediante el voto podemos definir cuántas fuerzas políticas queremos que participen en el Congreso. Para estas elecciones, en el orden federal, contamos con 22 candidaturas independientes en los estados de Chihuahua (1), Distrito Federal (1), Hidalgo (1), Nayarit (1), Nuevo León (1), Puebla (2), Quintana Roo (1), Sinaloa (5), Tabasco (1), Tamaulipas (3), Tlaxcala (1), y Veracruz (4). A excepción de Veracruz, donde van dos candidatos por el distrito 10 y dos por el 11 respectivamente, en los demás estados van cada uno por un distrito diferente. Esto abre la puerta a la posibilidad de que 20 diputados en el próximo Congreso sean independientes. ¿Qué mejor apoyo se puede dar a dichas candidaturas que no permitir que ningún partido concentre la mayoría?

Si obligamos a los partidos a jugar en pluralidad mediante nuestro voto, es posible que se reconstruya la relación de representatividad que éstos deben encarnar. Un congreso plural es un congreso donde la ciudadanía puede incidir para pasar sus propuestas y canalizar sus demandas. Es ahí donde podremos ejercer plenamente nuestra soberanía, es el lugar donde las leyes que nos rigen se crean y reforman, y dónde podemos llevar a que sus integrantes lleven a cabo dicho trabajo legislativo tomando en cuenta nuestras voces, plasmadas inicialmente mediante el voto que ejerzamos.