Por qué Peña debe hablar en Washington sobre el caso AVENA y el comercio ilegal de armas

La planeación y ejecución de la política exterior se ha definido, en el caso mexicano, como un área de competencia del ejecutivo federal. En el pasado, durante el largo reinado del unipartidismo presidencialista, esta era una realidad incuestionable, además de que una república con tres poderes definidos y separados era prácticamente inexistente; las legislaturas estaban supeditadas a los intereses del jefe máximo y de su partido. Con la transición democrática en México, desde que el PRI perdió la mayoría en el Congreso a finales de la década de los noventa, surgió la posibilidad de dar comienzo a un equilibro de poder con el ejecutivo.

Con la garantía de una real separación de poderes, el legislativo se envistió como un mecanismo para influir en los campos naturales de acción del ejecutivo federal. El ámbito de la política exterior no fue la excepción. Los legisladores iniciaron el uso de los puntos de acuerdo como mecanismo de control y dirección de la acción internacional del presidente de la república.

Los estudios sobre los puntos de acuerdos y su influencia en la política exterior son escasos, sin embargo, uno que se antoja pionero en este terreno es el de Rafael Vázquez y Karen Marín. Ellos analizan como en la LX Legislatura los representantes populares echaron mano de este recurso legislativo para intentar influir en la política exterior. A propósito, proponen la siguiente conceptualización y reflexión:

En general los puntos de acuerdo son mecanismos legislativos que buscan incidir en el proceso de toma de decisiones del ejecutivo y otros actores políticos. Como no tienen carácter vinculatorio, estos instrumentos son meros exhortos que hace el Congreso para que el ejecutivo adopte una medida acorde a la visón de los legisladores. Es decir, no existe una ley que obligue al ejecutivo a cumplir estas propuestas. Además los puntos de acuerdo normalmente no se pueden convertir en leyes vigentes… estos mecanismos sirven para: a) aumentar la participación del congreso en el proceso de toma de decisiones, b) servir de contrapeso al ejecutivo, c) ampliar las facultades del poder legislativo en materia de política exterior. [1]

Aunque interna, esta acción legislativa podemos considerarla parte de la diplomacia parlamentaria, pues los congresistas tratan temas internacionales relevantes para México. Cabe resaltar que el uso de los puntos de acuerdo para demandar la adopción de ciertas acciones presidenciales no vienen por lo general del partido al cual pertenece el ejecutivo federal, sino de los partidos de oposición, lo que fortalece el régimen democrático del país y garantiza una representación plural en el interés nacional que sustenta la política exterior.

[contextly_sidebar id=”nPbB9HOdF14LdsS0BSNKKlIqsnZckJOi”]En la actual LXII Legislatura encontramos evidencia del uso de puntos de acuerdo por parte de los legisladores. El caso que se expone enseguida es el referente a la visita del presidente Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de América, programada para enero de 2015. El titular del ejecutivo federal informó a la comisión permanente en diciembre de 2014 que se ausentará del país los días 5 y 6 de enero, esto por la visita oficial a la Ciudad de Washington. El viaje resulta de la invitación que hizo su homólogo estadounidense Barak Obama. Entre los temas que se propusieron tratar están: a) el nuevo impulso a la asociación estratégica entre ambos países, b) dar seguimiento a logros alcanzados en el contexto de la declaración de la Administración sobre la frontera siglo XXI y c) la cooperación bilateral en materia de seguridad.[2]

La invitación de Obama sugiere una preocupación estratégica de Washington por la situación de seguridad que se vive en el país. Es una coyuntura que, a pesar de la situación crítica en México, favorece la posición mexicana en la mesa de negociación, pues los vecinos del Norte están claros –en voz de la académica Shannon K. O’Neil- de que un descenso de México “a la anarquía tendría un precio muy alto para los Estados Unidos”.[3] En este contexto la oposición en la Comisión Permanente ha exhortado al Presidente a incluir un par de temas dentro de su agenda para la reunión.

El 22 de diciembre de 2014, cuando inició la Comisión Permanente, la diputada federal por el PAN, Adriana González Carrillo, Presidenta de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación Pública, pidió el micrófono para exhortar al Presidente Peña Nieto a que pida a Obama que lleve a cabo dos acciones específicas. La intervención de la Presidenta es el reflejo de un punto de acuerdo que ella inscribió y aparece publicado en la gaceta de la cámara de diputados:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos para que solicite al titular del Ejecutivo federal de Estados Unidos de América que haga cumplir la ley en materia de exportación ilegal de armas a México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que aborde el tema de la Corte Internacional de Justicia en lo relativo al caso Avena para que el fallo sea cumplido a la brevedad y se detenga las ejecuciones de mexicanos condenados a pena de muerte en el estado de Texas.[4]

Aunque el punto de acuerdo se turnó a la Segunda Comisión para su aprobación, el registro del mismo sugiere que hay un interés por parte de la oposición por ser vigilante de la política exterior presidencial, lo cual es un acto que contribuye a la democratización del régimen, en lo general, y a la democratización de la política exterior, en lo particular. Además, la petición de la diputada González Carrillo se legitima porque no es la única que señala la relevancia de tratar estos temas. El primero de enero de 2015, el diplomático mexicano de carrera Enrique Berruga Filloy publicó un artículo en el que asevera que “la oportunidad es única para presionar sin titubeos a que Estados Unidos haga su parte en el control de tráfico de armas”.[5] Ante el estratégico momento en el que se lleva a cabo esta reunión, sería irresponsable por parte de Peña Nieto no atender estos temas, pues esto sería un desacato a dos de los principios normativos de la política exterior, consagrados en el artículo 89 fracción X de la constitución: “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Para la consolidación de la democracia en México, el desempeño de equilibrios entre los poderes ejecutivo y legislativo es esencial. Este principio debe salvaguardarse y observarse. La acción internacional del gobierno federal necesita ser evaluada por los legisladores, pues ellos también son representantes populares, que tienen la responsabilidad de buscar el interés ciudadano en las relaciones internacionales del país. No cabe duda que la democratización de la política exterior exige una participación constante de los congresistas, aunque llevarla a otro nivel seria a exigir a los Embajadores que presenten informes cada determinado tempo al Congreso. Pero este último tema es objeto de otra reflexión.

 

* Eduardo Luciano Tadeo Hernández es Profesor de Relaciones Internacionales en la UPAEP y asesor en la Cámara de Diputados.

 

 

[1] Rafael Velázquez Flores y Karen Marín Hernández, “Diplomacia parlamentaria mexicana: la participación del Congreso en política exterior a través de los puntos de acuerdo durante la LX Legislatura”, Estudios Políticos, Núm. 20, Novena Época, mayo-agosto, 2010: p. 1.

[2] “Viaja Peña Nieto a Estados Unidos para buscar alianza estratégica”, El Universal.

[3] Shannon K. O’Neil, Dos Naciones Indivisibles: México, Estados Unidos y el camino por venir, Ciudad de México, DEBATEP, 2014, p. 22.

[4] Para revisar el punto de acuerdo, consultar aquí la Gaceta de la Cámara de Diputados.

[5] Enrique Berruga Filloy, “Washington para Empezar”, EL UNIVERSAL.