¿Por qué no prende la evaluación de las políticas de seguridad?

Quienes promovemos la seguridad ciudadana, es decir, la que pone en el centro a las personas y sus derechos fundamentales, enfrentamos un enorme reto tratando de posicionar la relevancia de la evaluación de las políticas públicas en esta materia. La verdad sea dicha, no importa de qué tamaño sea la inseguridad, hemos logrado muy poco en esta propuesta. Hablo de esto regularmente con auditorios de todo tipo, informados y no informados, justamente probando respuestas y este enfoque siempre merece poca o nula relevancia.

Más allá de que así se le acepta sin discusión en la teoría sobre las políticas públicas, la intuición más elemental hace parecer obvio que ni en seguridad ciudadana ni en cualquier tema es posible lograr políticas públicas exitosas si no se les evalúa. Pero la realidad enseña que en el saber colectivo eso que parece una obviedad está muy lejos de serlo. De hecho, en general en buena parte del mundo las políticas públicas ancladas a la evaluación son excepcionales.

Puede haber muchos motivos para que la evaluación de una política no sea relevante, pero creo que podemos asegurar que, sin ella, al menos en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, las autoridades la tienen mucho más “fácil”.  Si no hay evaluación, entonces, para decirlo claramente, las decisiones pueden ser las que sean ya que no se les confronta con lo que ofrecen. Por ejemplo, si un gobierno ofrece reducir a la mitad la delincuencia y luego no cumple, pero no hay evaluaciones disponibles que expliquen qué pasó, entonces la promesa no tiene costo alguno o no cuando menos con respecto a alguna ponderación con métodos idóneos. Sin evaluación, en suma, se puede decir y hacer más o menos lo que sea.

Habrá quien piensa que la explicación es sencilla y no se evalúa simplemente porque no se quiere hacer más evidente la promesa fallida; puede ser así muchas veces, pero sucede que en incontables ocasiones tampoco hay evaluación cuando las cosas salen bien. Justo así me lo comentó hace varios años en entrevista el investigador Ignacio Cano, luego de haber terminado un mapeo sobre iniciativas de reducción de homicidios en América Latina y el Caribe. Usando el ejemplo de la reducción de homicidios en Ciudad Juárez que entonces pudo documentar, subrayó que no había encontrado una evaluación que la explicara.

El mapeo de Cano expone que de 93 programas de reducción de homicidios incluidos en la investigación “…menos de 20% fueron sometidos a evaluaciones de impacto, un panorama desolador que puede ser atribuido, por un lado, a la falta de planificación y a limitaciones técnicas, acompañados de la ausencia de una cultura de evaluación, y, por otro, a las dificultades y desafíos que son enfrentados a la hora de evaluar los proyectos de prevención de la violencia”.

Podemos confirmar entonces que en general no se evalúa cuando las cosas salen mal, pero tampoco cuando salen bien o parecen salir bien. El investigador refiere la “ausencia de una cultura de evaluación”, concepto que merece discusión profunda porque tal vez hay valores compartidos que de alguna manera desacreditan en general la evaluación y en particular la aplicable a las políticas públicas.

Escribiendo estas palabras recordé la extrañeza que le provocó a la representante de una fundación que apoyaba a Insyde (hace unos 15 años), cuando ella mencionaba una metodología de evaluación institucional aplicada a las organizaciones de la sociedad civil apoyadas por la entidad que representaba y yo le pedí que evaluaran a nuestro instituto.

Parece ser generalmente aceptada la idea que las personas generalmente no quieren ser evaluadas, acaso esa inclinación es expresión en efecto de una resistencia cultural profunda. No lo sé, pero la hipótesis me parece plausible.

Todo esto viene a cuento porque llegó a mis manos un nuevo reporte denominado Prevención del Crimen y la Violencia. Evidencia para el Contexto Rural Colombiano, texto que identifica tipos de intervenciones y evidencia de resultados. Ahí se contesta si, según “las experiencias internacionales”, funcionan o no, por ejemplo, la disuasión focalizada, las estrategias de puntos calientes o rojos, la terapia cognitivo-conductual, la terapia juvenil multisistémica, los tribunales de tratamiento de drogas y adicciones y muchas intervenciones más de todo tipo.

Ese reporte revisa qué funciona según la evidencia construida a través de la evaluación, justamente para reconocer un marco de referencia que mejore potencialmente las decisiones sobre qué intervenciones deben hacerse, siempre enfatizando que las lecciones aprendidas promueven, antes que nada, desarrollar los mejores diagnósticos locales, de manera que nunca se trata de copiar sino en todo caso de adaptar las intervenciones, precisamente enfocándose en aprender de aquellas que sí cuentan con evaluación.

Leí alguna vez que la implementación de las políticas públicas suele ser la etapa de la promesa incumplida. Todo indica que detrás de ello está en mucho la debilidad epidémica de la evaluación. No evaluar una política de seguridad allana el camino para prolongarla sin límites, cumpla o no lo que promete. ¿Cómo lograr que algún día la evaluación sea exigida desde la sociedad y cumplida desde los gobiernos? Lo estamos investigando.

@ErnestoLPV