¿Por qué no disolvemos al pueblo y elegimos otro?

Ayer lunes, reflexionaba con varias personas sobre los muy lamentables y condenables hechos de Monterrey (sobre ello escribí una opinión por acá), especialmente sobre el uso de la palabra “terrorismo” en el discurso oficial. Mi parecer es que el Ejecutivo -o quien le escriba los discursos- confunde el adjetivo terrorífico o [acto] que aterroriza con “terrorismo” y que ante el discurso de Calderón no asombraban las declaraciones de Fox, pues “si un Presidente habla de terrorismo, luego entonces no es incorrecto que un ex-Presidente sugiera negociar y una ley de Amnistía”.

Decía yo que el terrorismo se encuentra definido claramente en los códigos penales y convenciones internacionales y que no hay que inventarle definiciones. Mucho menos ayuda que periodistas inventen esa idea de “terrorismo imprudencial” para definir el acto de Casino Royale. Eso es una aberración jurídica, como concepto retórico es regular. El terrorismo efectivamente, como delito, ha sido rebasado por la realidad y necesitaría de una revisión. Pero la ley como existe, y en materia penal esa es la norma que se debe aplicar, no admite que los hechos de Monterrey sean perseguidos y sancionados como delito de terrorismo. La Constitución es clara, en cuanto a que

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata” (Art. 14).

Mis reflexiones en voz alta provocaron un intercambio con Rafael Robles Scott quien escribe siempre interesantes notas sobre el tema en Gurú Político y es profesor e investigador en los temas de Seguridad Pública y Políticas de Seguridad.

Y más tarde con mi padre, penalista, profesor y académico de la Academia Mexicana de Ciencias Penales quien ha dedicado su vida a estos temas.

Mi padre, que sufre del mismo mal que yo -escribe y escribe- (pero no se anima a tener un blog, ni a tuitear), me manda este texto que comparto en esta columna pues pienso que la reflexión es muy pertinente.

 

 

¿Por qué no disolvemos al pueblo y elegimos otro?

René González de la Vega P.M.

Pasados unos días de la tragedia de Monterrey, que es sucedánea de otras muchas en muchos lugares, durante ya mucho tiempo, cabe hacer alguna reflexión. A fuerza de propaganda y micrófonos que no tenemos los más, se nos hace creer que el país se compone de “buenos” y “malos”, en el sentido más conservador de las tesis hobbesianas. Se nos hace creer que la obstinación en una escalada de violencia es la única alternativa, no sólo viable, sino digna y eficaz. Se nos hace creer que esa violencia se debe combatir con más violencia y a la fuerza, debe oponérsele más fuerza y no inteligencia. Se nos hace creer que ya entramos a la era del terrorismo, con el claro objetivo político de tratar de unificar al pueblo en torno a sus autoridades federales, dueñas de la capacidad de revancha y defensa, pues, además, las autoridades locales no sirven, no resultan fiables y no tienen capacidad de respuesta. Nunca hubo un acto de terrorismo en Monterrey, por más aterrador que hubiera sido; terrorismo es un término técnico revestido de ciertas características convenidas internacionalmente.

Se nos hacen creer muchas cosas machaconamente; con insistencia monotemática, las autoridades y sus voceros acuden al expediente explicativo y justificatorio de todo lo que nos pasa y de porqué las respuestas deben ser, desde estrictamente morales – es un acto inmoral, intolerable, reprobable, etc. –, pasando por legalismos – se aplicará todo el peso de la ley – y llegando a acciones – nunca respuestas — de reacción violenta – envío de más fuerza a ese Estado-policía que es ya el norte de México, en el mejor de los casos –. Todo eso es ya muy claro, de ahí no se pasa. Se les olvida que descabezar organizaciones criminales o aprehender a soldati de mafias que ejecutan los hechos delictivos, no es lo mismo que deshacer las organizaciones, disolverlas, desmembrarlas.

Tendríamos, para comprender mejor todo lo que nos pasa, ir a las raíces del problema. Es de recordar al menos tres aspectos que los expertos llamarían criminógenos: a) el problema fronterizo y de migración a partir del 9/11; b) el problema de la autorización de casas de juego – casinos – como centros de concentración delictiva; y c) el problema de las armas y su tráfico. A esos factores, se agregarían cuestiones de evidente involución social, que tiene que ver con el rezago en empleo, educación, oportunidades para los jóvenes, civilidad y cultura legal.

En la frontera norte, en muy pocos años, se generó un problema social y económico de grandes proporciones y sin precedentes por su dimensión; “pasar al otro lado” fue, durante décadas, cuestión cotidiana con el asentimiento tácito de ambos países, por una especie de ósmosis capital-trabajo. Desde el 9/11 los Estados Unidos endurecieron sus políticas, sobrevigilaron la frontera y levantaron muros, al lado de una clara tendencia al racismo. Todo se dificultó para los migrantes – quienes además, se multiplicaron por circunstancias de empleo — y eso eleva costos de traslado al otro lado, y se convierte en negocio atractivo de organizaciones criminales. De ambos lados de la frontera se dispusieron aparatos bien montados para traficar con personas para muchos fines. Si una fuerza irresistible – la migración – se encara con un objeto inamovible – la frontera cerrada – en física no hay respuesta, pero criminológicamente sí la hay: polleros, corrupción, muerte, fuente de enormes ingresos para algunos, fundamentalmente criminales y funcionarios.

Durante décadas, el juego y la apuesta estuvo controlado en México por muchas y justificadas razones – la historia lo explica –; La ley de 1947 se dedicó a federalizar la materia para no dejar a los gobiernos locales las decisiones – recordemos el Casino de la Selva y el Foreign Club –; durante años, los mexicanos vivimos con frontones – jai-alai –, hipódromos y algunas ferias con juego, como San Marcos, en Aguascalientes. Los permisos para montar casas de juego o palenques eran escasos – en términos comparativos a este día — y supervisados. Nunca hubo problemas que pasaran a mayores.

La idea de generar turismo mediante el juego autorizado estilo Las Vegas fue un proyecto que coqueteó siempre ante los distintos gobiernos del siglo pasado, pero se resistió la tentación – a pesar de cuantiosas ganancias por posibles sobornos — al calcular el efecto social y político. Al inicio del siglo XXI pareció a algunos que estábamos listos para enfrentar ese reto y atraer turismo y divisas. Los norteamericanos saben bien de todo esto, saben quienes fundaron Las Vegas (y otros centros); saben quién y cómo controlan la parafernalia del juego (máquinas tragamonedas, dados, cartas, ruletas, croupiers, etc.); y saben que en rededor del juego siempre se concentra una específica actividad ilegal, que ellos denominan genéricamente como vice – extorsión, fraude, lenocinio, narcomenudeo, mercados negros de todo, etc. –. Por ello, estructuraron aparatos caros y altamente especializados en el control de esos centros de juego. Nosotros, ay, no lo hicimos y toda autorización en esa materia se malogró, cayendo en manos mayoritariamente, de organizaciones criminales y personajes abusivos.

Al abrirse, por último, un frente de guerra inconsulto contra la delincuencia generada en estos momentos precisamente, se invitó a otro tráfico fatal, que en ganancias sólo es superado por el narcotráfico: el tráfico de armas. La ecuación es fácil: el gobierno manda al Ejército y las mafias deben rearmarse.

Los tres factores actuando conjuntamente son producto específico de nuestro ingreso al siglo XXI. ¿Podemos volver a una situación – no pactada, no amnistiada, no acordada, sino simplemente ordenada — dentro de una sociedad compleja, propia de estos tiempos? la respuesta es sí. Se requiere voluntad, experiencia y no regodearse con los errores cometidos y saber corregir a tiempo.

Nuestra guerra es artificial; puede enmendarse lo que no funciona, que es mucho y aun es tiempo. Es necesario escuchar y actuar. De seguir la obstinación y el enojo oficial ante las demandas populares, algunos deben estarse preguntando ¿por qué no disolvemos al pueblo y elegimos otro?