Joel Aguirre · 31 de julio de 2026
Por Ricardo Cantú Calderón*
Imaginemos por un momento que cada mañana, al despertarnos, viéramos nuestras ciudades y comunidades con aire limpio y nuestras casas y escuelas con agua potable suficiente. Imaginemos también que contáramos con los recursos económicos para mantener una alimentación balanceada y una vivienda digna o que nos sintiéramos seguros para transportarnos y comerciar.
O bien, imaginemos que pudiéramos expresarnos libre y plenamente a través de nuestro trabajo y nuestra creatividad. Tal vez, en ese mundo, no necesitaríamos más discusiones públicas. Ahí nuestras políticas, y nuestros políticos, estarían atendiendo de manera oportuna y suficiente las necesidades de todas y todos. Pero actualmente no empezamos el día así.
Aún así, algunos de nosotros creemos que colectivamente vamos hacia el cumplimiento de todos esos objetivos o que, si no los hemos alcanzado, es simplemente cuestión de tiempo. Al menos en teoría, lo podemos creer porque además vemos cada año a nuestros representantes mantener largas discusiones públicas sobre el uso de nuestros recursos. El Ejecutivo propone; el Legislativo, con su pluralidad, lo enriquece.
A través del debate público y una escucha de todas las opiniones, tiene sentido creer que lograremos encontrar las soluciones que necesitamos. Porque todos tenemos derecho a compartir nuestras opiniones en las sobremesas de nuestros hogares, en los pasillos de las oficinas, así como en las aulas de las universidades y escuelas. Porque las ideas suman, no dividen.
Pero para darles fuerza a nuestras ideas, necesitamos que estas puedan contestar preguntas prácticas. Algunas de ellas, que tienen impacto sobre nuestras vidas a pesar de no planteárnoslas todo el tiempo: ¿Cuánto recauda realmente el Estado por impuestos a casinos o nóminas? Saberlo nos permitiría proponer cobros más justos y equilibrados. ¿Cuánto dinero entra por trámites de registro civil, catastro o medio ambiente? Con esa información podríamos exigir que esos recursos se destinen a mejorar esos mismos servicios. O ¿cuánto dependemos de los fondos federales? Entenderlo es el primer paso para buscar una verdadera independencia financiera estatal.
Avanzar estas preguntas es imposible sin información completa, actualizada y accesible. Necesitamos poder verificar y cuantificar las acciones, los programas y los proyectos públicos. Necesitamos los datos que generan los presupuestos federal y estatal. Necesitamos también que exista a nuestra disposición como sociedad lo que llamamos datos abiertos.
Primero, quiero aclarar que tener datos abiertos va más allá de disponer de documentos escaneados como imágenes en alguna página web. Para realmente hablar de datos abiertos se necesitan formatos de libre disposición, de fácil acceso, actualizados y, lo que es más importante, inclusivos, para que todas y todos podamos procesarlos de múltiples formas y en múltiples herramientas.
En este sentido, Guanajuato ha sobresalido con su plataforma Presupuesto Abierto, donde publica no solo el presupuesto actualizado —lo que se quisiera gastar— bajo la filosofía de datos abiertos, sino también el avance mensual —lo ejercido— con un alto nivel de detalle. A nivel federal se cuenta con algo similar, con la apertura de datos recaudatorios, para poder saber mes a mes el monto de los ingresos. Sin embargo, el gasto federal que se reporta necesita más detalle y más que solo saber quién gastó (ramo) y para qué se gastó (función), sino también poder ver cómo, dónde y quiénes fueron los beneficiarios.
Si bien es cierto que existen leyes de transparencia y acceso a la información pública, esta información no siempre se puede procesar con herramientas estadísticas para realizar estimaciones, proyecciones, indicadores y tableros, y, con estas posibilidades, generar un debate público informado y actualizado.
Sin esa posibilidad, nos quedamos como sociedad sin espacios para discutir y retroalimentar de manera informada, y esto sucede en especial porque no siempre somos conscientes del peso que puede tener nuestra participación para asegurar que el sistema funcione. Por ello, mi llamado hoy es a exigir que la apertura sustantiva de la información sea un requisito innegociable. Me encantaría que, en todo el país, especialmente durante el momento cívico que representa la discusión del presupuesto, pudiéramos rastrear nuestro dinero desde su recaudación hasta su ejecución final.
Entender quién paga y quién recibe es fundamental para el diseño de políticas públicas con visión de futuro con un objetivo de redistribución del ingreso. Solo cuando dejemos de ser espectadores y exijamos debatir con información real en la mano lograremos que, al despertar cada mañana, esa ciudad con aire limpio, agua suficiente y calles seguras deje de ser un escenario imaginario para convertirse en una realidad.♦
—∞—
*Ricardo Cantú Calderon dirige el área de Análisis y Evaluación en Consejo Nuevo León y es cofundador y asociado del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. Doctor en Política Pública y maestro en Economía y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, desarrolló el Simulador Fiscal CIEP, una herramienta en línea que permite a sus usuarios, de manera gratuita, hacer propuestas de política pública y entender sus consecuencias en la redistribución del ingreso y sostenibilidad fiscal. Quiere que las futuras generaciones nazcan libres de deuda.