¿Por qué los multimillonarios no pagan impuestos y nosotros sí?

En México, pagar impuestos se ha vuelto casi un deporte que nadie quiere practicar. A nadie le gusta, y quienes pueden, los evaden por cualquier medio disponible. Pero esto no es un rasgo inherentemente mexicano: es la respuesta a un sistema fallido que no alcanza a todos por igual. Si veo que los más ricos no contribuyen, ¿por qué yo debería? Y si las calles de mi colonia carecen de la infraestructura necesaria para transitarlas de manera segura, ¿qué sentido tiene entregar mi dinero a un gobierno que no lo hace rendir?

El polémico caso de Ricardo Salinas Pliego, la quinta persona más rica de México y quien debe al Estado poco más de 32 mil millones de pesos en impuestos, ilustra perfectamente esta realidad. Utilizo su nombre aprovechando la coyuntura del momento, aunque bien podría tratarse de cualquier otro multimillonario, pues no se trata de una anomalía, sino de un síntoma del sistema fallido.

Actualmente nos enfrentamos a un momento histórico de concentración de riqueza sin precedentes, por lo que la pregunta sobre quién contribuye y con cuánto debería escalar en la lista de prioridades. Esto significa cuestionar el mecanismo fiscal general que flaquea al gravar a los deciles más altos de la población, permitiendo un proceso de acumulación salvaje por parte de algunos individuos.

 

Hablar del sistema fiscal implica incursionar en un terreno encriptado por un vocabulario que parece reservado para especialistas en el tema, lo cual deja a una gran parte de la población fuera del debate y, con ello, de la posibilidad de exigir cambios. Es por esto que este texto no solo busca denunciar, sino también acercar algunos conceptos al mundo cotidiano, con el objetivo de tener más herramientas con las cuales nombrar, comprender y señalar algunas de sus implicaciones.

El sistema fiscal mexicano no tiene la misma incidencia a lo largo de los distintos extractos sociales. Es eficiente cuando se trata de cobrar impuestos a la mitad inferior de la población, principalmente a través del consumo y los salarios formales, pero se vuelve laxo en los niveles más altos, justo donde se concentra la mayor parte de la riqueza (a través de la herencia, el patrimonio, el capital, etcétera). Esto no es más que el resultado de decisiones políticas y un diseño fiscal que prioriza lo que es fácil de cobrar por encima de lo que sería más justo.

¿Qué se puede hacer?

Esta asimetría afecta negativamente distintos ámbitos de la sociedad, lo que hace indispensable avanzar hacia un sistema fiscal progresivo, concebido como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa. Además de generar un aumento en la recaudación, los efectos de esta transición pueden agruparse en tres ámbitos: como una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico, reducir la desigualdad y fortalecer la democracia.

En primer lugar, su carácter progresivo garantiza una mayor contribución de quienes concentran los niveles más altos de riqueza, impulsando el crecimiento económico de manera estratégica. Esta movilización de recursos conduce al segundo punto: por un lado, implica una redistribución de la riqueza que contribuye a reducir las brechas económicas existentes, y por el otro, la recaudación adicional abre la posibilidad de financiar bienes y servicios públicos, un elemento fundamental para combatir la desigualdad social.

Por último, una reforma de este tipo impactaría de manera decisiva en la credibilidad del sistema fiscal y la democracia. La disposición a pagar impuestos depende en gran medida de la percepción de justicia: las personas están más dispuestas a contribuir cuando saben que quienes son más ricos también lo hacen. A ello se suma un segundo factor clave: cuando los impuestos se traducen en resultados tangibles y visibles (infraestructura urbana, transporte y servicios públicos funcionales), la resistencia a contribuir disminuye y se reconstruye la confianza.

Pero ¿sería suficiente con avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo? La respuesta no es tan sencilla. Implementar un esquema riguroso en México enfrenta obstáculos estructurales y culturales profundamente arraigados: más de la mitad de la economía opera en la informalidad, lo cual implica que una gran parte de los ingresos nunca se registra ni se grava; las herencias y la riqueza acumulada están sujetas a cargas fiscales notablemente más laxas que en otros países, lo que permite que los más ricos sigan concentrando fortunas, y finalmente, persiste la percepción de que pagar impuestos no se traduce en beneficios visibles, lo que debilita la legitimidad del sistema y desalienta el cumplimiento fiscal.

Frente a estas limitaciones, el economista Gabriel Zucman propone una medida más radical conocida como el “Zucman Tax”. Su argumento es que un sistema progresivo tradicional no es suficiente y plantea un impuesto mínimo sobre la riqueza dirigido a centimillonarios y milmillonarios. En la propuesta base, las personas con más de 1,000 millones de dólares en riqueza estarían obligadas a pagar un monto mínimo de impuestos anual equivalente al 2 % de su patrimonio. ¹

Ahora, bajo esa lógica, calculamos cómo se vería este impuesto a las fortunas listadas de las cinco familias más ricas de México, las cuales superan ampliamente los 1,000 millones de dólares (MDD) planteados por Zucman.

Es difícil imaginar esas cantidades exorbitantes de dinero que nunca nadie ha visto en persona, por lo que me gusta hacer ejercicios de comparación con el objetivo de poder aterrizar estos números en nuestro propio contexto. La remodelación de la Línea 1 del Metro, la de mayor edad de entre las 12 que existen en la CDMX, fue una magna obra pública que se llevó a cabo hace un par de años y se financió con 37 mil millones de pesos, a lo largo de un periodo de 19 años, según decretó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto equivale a un aproximado de 2,036 MDD, menos de lo que se recaudaría en un año al aplicar el Zucman Tax del 2 % a Carlos Slim y Germán Larrea. ²

Lo expuesto hasta aquí aborda solo una parte de las problemáticas del sistema fiscal actual, pero permite señalar un punto clave: este sistema no es el resultado inamovible del azar, sino de la inercia de decisiones políticas concretas. La injusticia fiscal no se explica únicamente por vacíos legales, sino por reglas y prácticas que, al final, benefician a quienes concentran la riqueza. Avanzar hacia un sistema más justo requiere algo más que aprobar leyes progresivas; implica cambiar la manera en que se recauda, cómo se usan los recursos públicos y cómo se entiende socialmente el pago de impuestos. La tolerancia frente a la evasión y la elusión no es accidental, sino expresión de intereses específicos y de la falta de voluntad política para limitar y sancionar esos privilegios. En este sentido, la transformación del sistema fiscal es necesaria y depende de una presión sostenida de la sociedad civil, capaz de incidir en las decisiones públicas y disputar un modelo que reproduce una desigualdad voraz, mientras debilita las libertades y los derechos de las personas.

* María González Díaz es antropóloga social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló con mención honorífica gracias a una investigación de tesis sobre las estrategias de sobrevivencia entre las personas en situación de calle en la Ciudad de México. Le apasionan las ciudades, su gente y las historias no contadas. Actualmente cursa el primer año de la maestría en Política Pública en Sciences Po, París.

 

¹ Por primera vez en la historia, el número total de milmillonarios en el mundo ha superado las 3,000 personas.

² El World Inequality Lab desarrolló el Global Wealth Tax Simulator [Simulador de Impuesto sobre la Riqueza Global]  para apoyar el diseño de impuestos sobre la riqueza. Esta herramienta permite a los usuarios modelar distintos escenarios y visualizar los ingresos potenciales. Quienes deseen explorar esta herramienta didáctica y precisa pueden consultarla aquí.