¿Por qué millones de niñas, niños y adolescentes aún siguen trabajando?
Opinión y Análisis · 26 de octubre de 2026
Miguel Ramírez Sandi*
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 trae una buena noticia. En México hay menos niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil que en 2022. Hubo una disminución de 255,000 frente a 3.73 millones registrados en la encuesta anterior. Es un avance y sería un error no reconocerlo, pero también sería un error detenernos ahí.
Porque detrás de esa reducción todavía hay 3.48 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que se encuentra en situación trabajo infantil, es decir, uno de cada ocho. La cifra nos obliga a mirar más allá de la tendencia y preguntarnos qué está ocurriendo con quienes siguen quedando atrás. Por eso, más que enfocarnos únicamente en cuánto disminuyó el trabajo infantil, la ENTI nos obliga a formular una pregunta distinta: ¿por qué, si hemos avanzado, todavía millones de niñas, niños y adolescentes siguen trabajando?
La respuesta empieza por reconocer que el trabajo infantil no es solamente un problema laboral. Es también una expresión de desigualdad, de las condiciones económicas que enfrentan las familias, de las brechas territoriales y de las capacidades que tiene —o no— el Estado para prevenir, detectar y restituir derechos.
El trabajo infantil no siempre es visible
Una parte de la respuesta está en reconocer que no todo el trabajo infantil sucede en espacios visibles o fácilmente identificables. La ENTI muestra que 27.7 % de la ocupación no permitida se concentra en la agricultura, un sector en el que las actividades pueden desarrollarse en contextos familiares, rurales o informales que dificultan la detección y la intervención.
Esto importa porque conocer cuántas niñas, niños y adolescentes trabajan no es suficiente. También necesitamos saber dónde están, en qué condiciones se encuentran y qué posibilidades reales existen para que las autoridades puedan acercarse a ellos. Cuando una situación ocurre en un contexto al que la inspección laboral no llega, el riesgo no desaparece; simplemente se vuelve más difícil de identificar.
Por eso, reducir el trabajo infantil también implica ampliar la capacidad de prevención y protección hacia aquellos espacios donde las herramientas tradicionales tienen menos alcance. La respuesta no puede depender únicamente de encontrar un centro de trabajo y realizar una inspección. Necesitamos mecanismos capaces de identificar situaciones de riesgo y activar respuestas de protección, especialmente en los contextos donde la informalidad hace más difícil la intervención.
También necesitamos hablar de economía, pero sin convertir las condiciones de las familias en una explicación que termine responsabilizándolas. La ENTI señala que 38.8 % de quienes se encontraban en ocupación no permitida reportaron motivos relacionados con la necesidad de contribuir económicamente al hogar, cubrir necesidades de la familia o pagar gastos escolares o personales. A esto se suma que 48.4 % de los hogares con niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil identificaron el aumento de los precios de los alimentos como un problema serio o muy serio.
Los datos muestran que detrás de muchas de estas situaciones existen presiones económicas concretas. No podemos pedirle a una familia que elija entre el ingreso que necesita hoy y los derechos de su hija o hijo mañana, y después sorprendernos cuando esa elección se repite.
La responsabilidad de garantizar condiciones dignas para una familia no puede trasladarse a sus integrantes más jóvenes. Si queremos que menos niñas, niños y adolescentes trabajen, también necesitamos reducir las circunstancias que pueden llevar a los hogares a depender de su trabajo. Esto implica fortalecer la protección social, el acceso a la educación, los servicios de cuidado, la salud y las oportunidades económicas para las personas adultas.
Combatir el trabajo infantil, entonces, no consiste únicamente en sacar a una niña, niño o adolescente de una actividad laboral. Significa generar las condiciones para que hacerlo no implique poner en riesgo la estabilidad de su familia.
La desigualdad no es un contexto: también es parte del problema
La ENTI deja claro que el trabajo infantil no afecta a todas las niñas, niños y adolescentes de la misma manera. La tasa entre la población indígena alcanza 24.9 % frente a 12.6 % a nivel nacional. La diferencia prácticamente duplica el promedio del país.
Las brechas territoriales también son significativas. Guerrero registra una tasa de trabajo infantil de 22.6 %; Oaxaca, de 20.9; y Chiapas, de 20.3. Estos datos muestran que las condiciones que favorecen el trabajo infantil no se distribuyen de manera uniforme y que las posibilidades de respuesta tampoco son iguales en todos los territorios.
Por ello, una estrategia nacional necesita reconocer estas diferencias. Una política diseñada de manera homogénea difícilmente podrá responder a realidades tan distintas como las que existen entre una comunidad rural, una zona agrícola y un contexto urbano. Las acciones deben considerar las condiciones económicas, sociales y territoriales de cada lugar, así como las barreras particulares que enfrentan determinados grupos de niñas, niños y adolescentes.
La desigualdad, en otras palabras, no solo explica parte del problema. También debe orientar la manera en que buscamos resolverlo.
Sin recursos, las prioridades se quedan en el papel
México ya cuenta con compromisos para avanzar en la prevención y erradicación del trabajo infantil. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 incorpora este tema dentro de sus estrategias. El reto ahora es lograr que esa prioridad se traduzca en acciones concretas, coordinadas y con recursos suficientes.
Para ello es necesario fortalecer a las instituciones que tienen responsabilidades específicas. La Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) necesita capacidad técnica y presupuesto operativo para coordinar y dar seguimiento a los compromisos. La Dirección de Inspección Federal del Trabajo requiere personal, herramientas y cobertura suficientes. Y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, tanto a nivel federal como estatal y municipal, necesitan capacidades especializadas para atender situaciones de riesgo que ocurren en la informalidad y en otros contextos fuera del alcance de la inspección laboral.
Pero contar con instituciones más fuertes tampoco significa medir el éxito únicamente por el número de inspecciones realizadas, reuniones organizadas o capacitaciones impartidas. El verdadero indicador está en lo que cambia en la vida de niñas, niños y adolescentes: si dejan de trabajar, si pueden permanecer en la escuela, si cuentan con protección y si las situaciones que vulneraron sus derechos son atendidas.
Una política pública efectiva debe conectar las distintas respuestas. Educación, salud, protección, cuidados, seguridad social y fortalecimiento comunitario no pueden operar como esfuerzos aislados cuando las causas del trabajo infantil también están conectadas.
La reducción registrada por la ENTI 2025 importa. Que aproximadamente 255,000 niñas, niños y adolescentes menos se encuentren en situación de trabajo infantil respecto de 2022 representa un cambio que debe reconocerse. Las políticas públicas pueden generar resultados y los avances alcanzados muestran que es posible mover la aguja.
Pero una reducción no significa que el problema esté resuelto. Mientras 3.48 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años continúen en situación de trabajo infantil, todavía existe una deuda que no podemos normalizar.
La pregunta que deja la ENTI, y nos deberíamos de hacer todas y todos, es qué debemos hacer para que quienes todavía están trabajando tengan alternativas reales. La respuesta pasa por atender las presiones económicas que enfrentan las familias, reconocer las desigualdades que colocan a algunos grupos en mayor riesgo y asegurar que las instituciones tengan las herramientas necesarias para actuar donde más se necesitan.
México ha avanzado, y reconocerlo es importante. Pero el siguiente paso exige convertir ese avance en una política pública capaz de llegar a quienes todavía están quedando atrás. Porque detrás de los 3.48 millones hay niñas, niños y adolescentes con derecho a estudiar, descansar, jugar, estar protegidos y desarrollarse plenamente. Hacer efectivo ese derecho no puede depender de las circunstancias económicas o del lugar donde nacieron. Tiene que ser una responsabilidad pública.♦
*Miguel Ramírez Sandi es coordinador nacional de Incidencia Política en Save the Children México. Redes: @miguelramsan