Por qué México necesita una Comisión Internacional contra la Impunidad

A un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres de familia de los estudiantes han hecho una petición al presidente Enrique Peña Nieto para que pida la colaboración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en México (CICIM), siguiendo el ejemplo de la CICIG de Guatemala. A decir de los padres, una comisión internacional sería vital para superar la gravísima crisis de impunidad, corrupción y de derechos humanos por la que atraviesa el país.

¿Están en lo correcto los padres de los estudiantes al sugerir que México necesita de la colaboración internacional para ponerle fin a una crisis que no parece tocar fondo? Para responder a esta pregunta es necesario entender qué es la CICIG, cuáles son las condiciones que justifican su creación y por qué la demanda que surge de las entrañas de Ayotzinapa es representativa de un fenómeno nacional.

La CICIG es una institución auspiciada por la ONU que a invitación del Presidente y el congreso guatemalteco designó en 2007 a un equipo de expertos internacionales para apoyar al ministerio público del país en la difícil tarea de investigar, perseguir, castigar y desmantelar las redes de corrupción y criminalidad que tenían postrado al país ante una ola de violencia criminal sin precedentes. Eran redes ilegales que unían a grupos paramilitares provenientes de la guerra civil guatemalteca con instituciones del Estado y con el crimen organizado y que contaban con la protección del poder político y judicial. Esta maraña de complicidades hacía prácticamente imposible que el Estado se investigara y se castigara a sí mismo.

Ante la colonización paramilitar y criminal de importantes sectores estatales de Guatemala, la CICIG ha jugado un papel de reconstrucción quirúrgica del Estado guatemalteco. Ha brindado protección a agentes del ministerio público que han optado por perseguir agentes estatales coludidos con el crimen organizado y les ha ayudado a desarrollar capacidades judiciales que les han permitido desmantelar numerosas redes de corrupción y criminalidad que involucran a cientos de agentes estatales a todos los niveles, incluido el notorio caso del presidente Otto Pérez Molina.

[contextly_sidebar id=”R2scQwncHO3tIwAsH9K3B9XIuMNaOC8r”]En México se requiere una institución como la CICIG porque existe amplia evidencia de la colusión entre el narcotráfico y los diferentes órdenes de gobierno, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. El caso de Ayotzinapa ha puesto al desnudo la asociación entre el crimen organizado y el gobierno y la policía municipal de Iguala, quienes operaban bajo el conocimiento omiso o la protección informal de las policías y los ministerios estatales y federales y de las fuerzas armadas.

Pero la colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado va más allá de Iguala; hoy sabemos que las fuerzas armadas y de seguridad que en la etapa autoritaria se dedicaron a perseguir movimientos sociales y políticos disidentes han jugado un papel central en el desarrollo de la industria criminal. Primero fueron los generales a cargo de la Guerra Sucia en los años setentas quienes aprovecharon su autonomía e inmunidad en tareas de represión para brindar protección a través de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) a los nacientes cárteles mexicanos. Tras la desaparición de la DFS y la descentralización de la represión política en manos de los gobernadores priistas, las policías judiciales en los estados tomaron la batuta y tejieron densas redes de protección criminal que incluían a agentes en 1) las delegaciones estatales de la PGR, 2) las procuradurías estatales, 3) los centros penitenciarios y 4) las policías estatales y municipales. Estas redes sobrevivieron y se transformaron tras la alternancia en los estados y en la federación y se mantienen vigentes como pilar de la industria criminal.

En México se requiere una institución como la CICIG porque el Estado mexicano no tiene la capacidad ni los incentivos para desarticular las redes de corrupción que posibilitan la industria criminal. La auditoría que realizó el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la investigación hecha por la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes, demostró la incapacidad del ministerio público para llevar a cabo una investigación efectiva e imparcial. El reporte evidenció la politización de la procuración de justicia; mostró a una PGR que se negó a investigar a las policías estatales y federales y a las fuerzas armadas, quienes teniendo información en tiempo real de la persecución de los estudiantes se negaron a actuar y apoyaron implícitamente el operativo criminal. Más que una investigación judicial que buscara la verdad y sentara las bases para desmantelar las extensas redes de complicidad y corrupción que involucran a diferentes órdenes de gobierno con el mundo criminal, la PGR intentó acotar las culpas a los actores locales.

Cuando el Estado es incapaz de reconocer y desmantelar las redes asociativas que ligan a sus propios agentes con el crimen organizado, se crean las condiciones para que los grupos criminales tomen el control de vastos territorios y reconstituyan mediante la violencia los órdenes políticos locales. Por más despliegues militares que realice la federación, las bayonetas no serán suficientes. No lo serán porque los militares también son corruptibles –como lo demuestra la protección que los generales Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Gutiérrez Rebollo brindaron al narco y como lo muestra la deserción de cientos de fuerzas de élite militar para la conformación de los Zetas. No bastarán las bayonetas porque cuando los militares no se corrompen, suelen utilizar las técnicas que aprendieron en la Guerra Sucia para ejecutar extra legalmente a criminales sin estar ciertos que lo son (e.g., Tlatlaya) o permitir que grupos criminales eliminen a disidentes sociales (e.g., los estudiantes de Ayotzinapa). La impunidad ante estos actos es lo que permite que los militares que violan derechos humanos hoy se conviertan en los sicarios del mañana.

En México se requiere una institución como la CICIG porque el Estado mexicano enfrenta un descrédito generalizado que ya no hace creíble una solución exclusivamente nacional a la grave crisis de seguridad y de derechos humanos por la que atraviesa el país. La petición de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa de reabrir la investigación con la vigilancia internacional del grupo de expertos de la CIDH es fiel reflejo de este descrédito. Como lo dicen los padres en su misiva al presidente Peña Nieto: “Al saber que la procuraduría quiso engañarnos… nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros”. Y los padres no están solos: una encuesta realizada por Parametría antes de la publicación del informe del grupo de expertos de la CIDH reporta que 64% de los mexicanos no le cree a la investigación de la PGR. Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) reflejan los orígenes de este descrédito: una de las razones más importantes por la que 90% de los delitos no se denuncian es porque la mayoría de los mexicanos sospecha que los ministerios públicos y las policías están coludidos con los criminales.

Aunque los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han verbalizado la necesidad de una CICIG para México solo en fecha reciente, en los hechos la auditoría que ha realizado el grupo de expertos de la CIDH representa la semilla de una Comisión Internacional contra la Impunidad en México. El nacimiento de esta comisión no es cosa de un futuro lejano; de hecho, la CICIM está ya en el vientre del país. En las semanas por venir habrá que articular una amplia coalición ciudadana, nacional e internacional, para transformar esta semilla en un fruto de verdad y de justicia –para Ayotzinapa y para el México de ayer, el de hoy y el del mañana.

* Guillermo Trejo es profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.