¿Por qué hay tanta violencia policiaca en Estados Unidos?

En los Estados Unidos mueren por violencia policial mil 100 personas en promedio al año. Ejercicios realizados por medios como The Washington Post (que en el 2019 contabilizó 1,042 muertes por esa causa) o The Guardian (con 1,146 registrados en 2015 y 1,093 en 2016) han llegado a suplir un encargo hecho al FBI desde la presidencia de Bill Clinton, en el sentido de darle seguimiento al tema, y que hasta la fecha han ignorado.

Así como la cifra se mantiene constante por encima de la barrera de los mil anuales, del mismo modo aparece inalterable la impunidad que envuelve a los cuerpos policiacos que participan en actos de violencia y que rara vez enfrentan a un juez. Esta gran injusticia fue la razón principal para que, en las dos semanas de protestas en todo Estados Unidos cumplidas al miércoles 10 de junio, la demanda de exigir una reforma en la que se disminuya el financiamiento a los cuerpos policíacos y que éstos paguen por sus excesos fuera la que se irguió sobre cualquier otra.

Tras mirar las violentas e intensas protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis, muchos se preguntan: ¿por qué persisten las muertes por violencia policial en un país que se jacta de tener uno de los sistemas de justicia más avanzados del orbe? Ese mismo sistema que atrapa a peligrosos delincuentes en otras naciones y los lleva hasta la cadena perpetua en sus cortes, muestra otra cara cuando es incapaz de poner en orden a sus propios policías.

En ese dilema, la primera explicación que brota es que al sistema policiaco norteamericano lo arropan, además de un sólido andamiaje burocrático, una muy bien aceitada agenda de complicidades gremiales. A los policías, además de armas de grueso calibre se les permite reaccionar con violencia, característica que, por otro lado, oculta su pésima capacitación y nulo entendimiento de los derechos humanos.

Sin embargo, el primer gran dique que impide responsabilizar a uniformados en casos como el de Floyd, son los sindicatos de la policía. Estas entidades dirigidas casi en su totalidad por veteranos del sector pegan de brincos y gritos cuando escuchan el concepto “reformar el sistema” y enseguida salen a chantajear a sus aliados políticos en ambas cámaras.

En el ejemplo que ha significado Minneapolis donde mataron a Floyd, ahí el gremio es dirigido por Bob Kroll, quien tuvo 29 quejas cuando fue oficial de policía y que, como seguidor a ultranza del presidente Donald Trump, reaccionó con virulencia y tachó de terroristas a quienes dirigían las manifestaciones, provocadas en gran medida por la insensibilidad de sus muchachos. Kroll tuvo el arrojo de anunciar que lucharía para recuperar los trabajos de esos cuatro oficiales involucrados, salvamento que esta vez parece imposible dado al alto perfil que adquirió el asunto. Por lo pronto Derek Chauvin, el oficial que más de ocho minutos mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd, ya enfrenta cargos de homicidio imprudencial en segundo grado, golpe que aprovecharon las autoridades civiles del Estado para además prohibir esa clase de estrangulamientos e incluso ya están hablando de desmantelar a la policía en esa ciudad.

Es interesante seguir la pista de algún acto de violencia donde participa algún elemento de la corporación. Cuando llega a surgir alguna queja de familiares o de los propios afectados, el asunto llega a la División de Asuntos Internos de los departamentos de policía, donde suelen tomar las quejas a la ligera. Realizan investigaciones a modo y concluyen con castigos benévolos como cortas suspensiones antes de permitir que los uniformados vuelvan a las calles.

Cuando se da el milagro de que una queja llegue a salir de Asuntos Internos, entonces cae en manos de un ente llamado “servicio civil”. Este es, presuntamente, un organismo independiente cuyas resoluciones, además, pueden ser apeladas por los poderosos abogados contratados por los sindicatos. Al menos en el área de Minneapolis, la organización The Pioneer Press analizó todos estos casos y halló que 1 de 2 (el 46 %) de agentes despedidos por violentos eran reinstalados en sus puestos. Los abogados que participan en este proceso recurren a casos que sentaron el precedente de no castigar a los policías por lo que el modelo se perpetúa.

Otros casos trascienden hacia la “revisión civil”, que es otra organización con agentes no policiales, los cuales investigan y emiten recomendaciones que los departamentos de policía ignoran olímpicamente pues ni siquiera son vinculantes. Hablamos de que de 2,600 quejas revisadas por este organismo, apenas 12 arrojaron alguna medida disciplinaria.

Pero es quizás el concepto llamado “miedo razonable” que da entrada a otra argucia legal que se conoce como “Inmunidad calificada” (IC) lo que más impide las sanciones no solamente de agentes, hay que decirlo, sino de funcionarios en general. La IC surgió en 1986 durante un caso de brutalidad policiaca donde se alegó que “el uso de la fuerza letal para efectuar un arresto legal o evitar una amenaza física”, les sería permitido a los oficiales de policía porque estos deben tomar “decisiones de una fracción de segundo en situaciones donde su vida corre peligro” (límite que, por cierto no aparece en muchos casos como el de Floyd). Con la suma de todas estas palancas y omisiones es que los policías que matan en el “cumplimiento de su deber”, han podido eludir a la justicia y esa es quizás también una de las razones por las que usan a la violencia como método y no como excepción.

Por fortuna, un movimiento social de la magnitud del que despertó la muerte de Floyd, que tuvo incluso un alcance global, llevó la discusión en la ruta de las reformas y hoy surge la esperanza de que algo sucederá. Por lo pronto, las cosas se pueden apresurar si la Suprema Corte, que tiene desde octubre al menos una docena de quejas de víctimas de la inmunidad calificada, decide dar entrada a una de ellas y castigar a un agresor uniformado.

Del mismo modo el empuje dado por el expresidente Barack Obama, primero en un artículo y más adelante en una entrevista, al intentar encauzar las protestas censurando primero la violencia y marcando la ruta electoral y legislativo como la principal puerta para salir de este atolladero. Haciendo eco de ese llamado la bancada demócrata en el congreso presentó el lunes 8 un extenso proyecto de ley que busca poner fin a la brutalidad policiaca y patrones de abuso de fuerza en el país.

La propuesta prohíbe el estrangulamiento, apura la creación de un Registro Nacional de Mal Comportamiento Policíaco (ese que el FBI no ha querido hacer), obliga a la capacitación sobre prejuicios raciales y exige que la policía use cámaras personales y en sus vehículos buscando inhibir actos de violencia. Así que la muerte de Floyd, tal y como lo prometió el mismo presidente Donald Trump, puede servir para generar esos cambios que un sector reclama.

La mala noticia es que hasta el momento son pocos los senadores republicanos que han acogido la iniciativa, que necesita una amplia votación de las dos bancadas para hacerse realidad.

@JuanSinatra