blogeditor · 25 de febrero de 2013
La semana pasada escribí sobre cómo la creación del cargo de un administrador urbano en el DF, aunque en abstracto puede sonar razonable, resulta un error en términos concretos. Esto se debe a que no desvincula la provisión de servicios urbanos del ciclo político, sino que hace exactamente lo contrario: centraliza el poder en un funcionario no electo bajo la sombra de un Jefe de Gobierno que en seis años necesitará sustituto.
La creación de la AGU tiene también otros problemas que es muy probable que salgan poco a poco a relucir a partir de conflictos legales y políticos. El decreto que emitió Mancera (no pasó por la Asamblea del DF) da atribuciones al titular de la AGU equiparables a las de un secretario de gabinete (sin que esté contemplado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal). En términos de licencias, permisos y obra pública que tenga algún efecto sobre la vía pública—es decir, casi todo—le da el poder de autorizarla o vetarla por encima de otras dependencias jerárquicamente (supuestamente) superiores y por encima de las delegaciones.
No se necesita ser muy perspicaz para imaginar la tensión política que esto causará con los Delegados, sobre todo de oposición, que verán invadida la “autonomía funcional” que tienen la delegaciones por la firma de Fernando Aboitiz, titular de la AGU. Esto no sólo es un problema político potencial sino administrativo. Considerando la cantidad de obras, permisos y licencias que se dan y requieren en toda la ciudad, la centralización no sólo agrega un trámite burocrático sino que concentra el poder de aprobación en una sola oficina. Aboitiz, por muy eficaz que pueda ser, no podrá atender todos los proyectos y solicitudes que le llegaran para ser autorizados, y tendrá que encontrar alguna manera de “racionar” su tiempo.
¿Qué opciones tiene una oficina de gobierno para distribuir su atención a miles de solicitudes y vistos buenos? Es decir, ¿cómo se hará la cola en la ventanilla de Aboitiz? Se puede hacer por orden de tiempo de presentación, de tamaño de obra, de tamaño de presupuesto, etcétera. También se puede hacer por razones políticas: primero atiendo a los del PRD, y después de los del PAN y PRI (y desde luego, también al revés); por razones de cuates: primero atiendo a mi compadre y después de los demás; por razones de dinero: ¿quién da más por ser el primero en la cola?; por razones de trato o disciplina: primero al que no me critique (o al Jefe de Gobierno) y al que más me sonría. Y cuando se trata de obra pública -la cual tiene casi siempre consecuencias sobre la carrera política de quien la promueve- los criterios de disciplina y castigo político, en una ciudad en la que se pretende hay pluralidad política, son particularmente perversos.
La creación de la AGU va en contra de la democratización del DF. Incluso contradice los objetivos de la reforma política de la ciudad que Mancera ha hecho suya. En ella se propone crear consejos en cada Delegación, sin que haya autoridad intermedia entre la delegación y el gobierno de la ciudad, y con “facultades para gestionar y resolver los asuntos… de desarrollo urbano y obras”. Tal vez la mejor muestra de la concepción poco democrática de la AGU, es que pese a tener un enfoque de provisión de servicios y gestión de obra pública, tendrá como atribución (muy probablemente inconsecuente) “Diseñar, construir y proyectar una nueva narrativa global para la Ciudad de México…”. ¿Es ése trabajo del gobierno? No lo sé. ¿Es trabajo de una oficina que se supone será de administración de servicios? No creo. ¿”Una narrativa global”? ¿Una? ¿Cuál podría ser?
Una vez descritas las probables consecuencias políticas y administrativas del cargo, entonces imagino al menos una razón de peso que pudo haber inclinado a Mancera a nombrar a Aboitiz como titular de la AGU. Aboitiz tiene una relación estrecha con empresas constructoras en la ciudad de México, como ICA, OHL, COPRI, y CARSO, pues gestionó las concesiones de la Supervía, los segundos pisos de periférico y otras megaobras en la ciudad. Su nombramiento les da garantías a estas empresas de que se continuarán obras como el segundo piso en periférico sur, pero también el uso de Proyectos de Prestación de Servicios que funcionan como una forma indirecta de crédito, que les viene muy bien a ciertos proveedores del gobierno, porque les garantiza un ingreso por varios años.
Pareciera que el público al que le habló Mancera con la creación de la AGU y el nombramiento de Abotiz no somos quienes resultamos afectados por la mala y buena obra pública que se hace en la ciudad, sino quienes resultan beneficiados de los contratos que se otorgan para hacerla. Si el público al que se dirigiera fuera más amplio, probablemente hubiera intentado resolver de otra manera los problemas que existen en la administración de las delegaciones, en vez de replicar la “ventanilla única” dentro de la administración pública.