¿Por qué es un error de Mancera crear la “Agencia de Gestión Urbana”? Parte I
Redacción Animal Político · 18 de febrero de 2013
Una de las decisiones más visibles que ha tomado Miguel Ángel Mancera en el tiempo que lleva siendo Jefe de Gobierno del DF, fue la que tomó la semana pasada al crear la Agencia de Gestión Urbana (AGU), y nombrar como su director general a quien fuera Secretario de Obras y Servicios en el gobierno de Marcelo Ebrard, Fernando Aboitiz. La creación de la AGU no es del todo una sorpresa. Durante la campaña, en varias ocasiones anunció que uno de sus planes como Jefe de Gobierno sería crear la figura de “administrador de la ciudad”; la idea fue tomada del modelo de administración que tienen en Estados Unidos la mayoría de los municipios.
El principal problema que tiene la AGU es que el modelo que pretende importar fue diseñado en un contexto institucional muy distinto al de la administración pública del GDF. A principios del siglo XX en Estados Unidos se pensó que los “city managers” servirían para administrar los municipios como empresas, y romper el vínculo entre la provisión de servicios urbanos y la competencia electoral. Sin embargo, en Estados Unidos la mayoría de los municipios no tienen alcaldes fuertes, sino cabildos fuertes. Los integrantes del cabildo se pueden reelegir, en muchos casos está prohibido que participen los partidos políticos, y el puesto de alcalde es electo a partir de reglas internas del cabildo. Por ejemplo, en algunos lugares el cabildo elige al alcalde, y en otros el cargo se rota entre todos los integrantes del cabildo. Considerando que el puesto de alcalde en ocasiones dura un año y es primordialmente honorario, los “city managers” son nombrados por el cabildo para que den continuidad y garanticen la provisión de servicios urbanos básicos—alumbrado, alcantarillado, calles, banquetas, recolección de basura, etcétera—con la intención de que la disputa política afecte poco estos servicios (hay “city managers” que se avientan más de 20 años en el puesto). Esta división de funciones no es perfecta, y constantemente se discute la tensión entre funcionarios que cuentan con la legitimidad política de una elección, y funcionarios que toman decisiones importantes de políticas públicas sin haber sido electos. El modelo es común en municipios estadounidenses pero no tanto en grandes ciudades.
En algunas cosas, el DF se parece más a un estado que a un municipio. La asamblea del DF no es un cabildo sino un congreso local que tiene atribuciones limitadas. El Jefe de Gobierno en ciertas cosas tiene funciones de gobernador, y en otras tiene funciones de presidente municipal. Considerando el tamaño del DF y la forma en que fue nombrado el Director General de la AGU, el nombramiento de un “administrador urbano” no desvincula los servicios urbanos del ciclo político para darles continuidad, sino que hace exactamente lo contrario: los vincula a un cargo que acumula poder bajo la sombra de un alcalde que necesitará sustituto en seis años. ¿Imaginan al gobernador de un estado nombrando a un “administrador del estado”?
Hoy en el DF no tenemos una buena solución para mejor los servicios urbanos. Originalmente los delegados, por sus funciones limitadas, fueron pensados justamente como “administradores urbanos” locales que no eran electos. Sin embargo en la negociación a medias de la democratización del DF, en vez de formar consejos o cabildos delegacionales que nombrarán a su propio administrador, se decidió poner a elección al delegado. Estos tienen funciones primordialmente administrativas pero terminan gastando tiempo, dinero y esfuerzo en continuar su carrera política sin los contrapesos y la rendición de cuentas que la pluralidad provoca.
Al crear la AGU y nombrar a Aboitiz como su director, Mancera parece subirse a esa moda de las élites del DF—que tan bien está aprovechando el gobierno federal—de querer solucionar los problemas de la democracia con menos democracia y más centralización (no es casualidad que el IMCO haya enfáticamente apoyado la creación de la AGU). En vez de él atender las demandas administrativas de la ciudad con su gabinete y promover seriamente una reforma política del DF, a través de un decreto ejecutivo camina en contra de la profesionalización y democratización de la provisión de servicios urbanos de la ciudad.