Por qué es fundamental financiar la prevención

Por Marco Cancino*

Un vecino amenaza a otro después de semanas de discusiones. La policía municipal acude, pero no cuenta con las habilidades ni el conocimiento para valorar el riesgo ni canalizar el conflicto. El juzgado cívico funciona con personal insuficiente y sin capacidad de seguimiento. No existe un servicio cercano para atender una crisis de salud mental, el consumo problemático de sustancias o las primeras manifestaciones de violencia familiar. Días después ocurre una agresión grave. Entonces sí aparecen patrullas, fiscalías, peritos, ministerios públicos y ambulancias.

¿De verdad creemos que la seguridad pública comienza cuando el delito ya ocurrió?

Cada año escuchamos que la violencia debe atenderse desde sus causas. Sin embargo, al distribuir el presupuesto, los recursos más claramente identificables se concentran en instituciones que intervienen frente a amenazas nacionales o delitos consumados, mientras las capacidades municipales para contener conflictos cotidianos dependen de bolsas dispersas, decisiones estatales y transferencias que con frecuencia llegan demasiado tarde.

No se trata de restar importancia a la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. México necesita instituciones federales fuertes. El problema es pensar que su fortalecimiento basta, mientras se deja debilitado al primer frente institucional que recibe una amenaza vecinal, una falta administrativa, una crisis familiar, una conducta violenta o una solicitud de auxilio.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 vuelve a mostrar esa contradicción. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) tendría 10,447.9 millones de pesos y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 1,201.1 millones. Juntos sumarían 11,649 millones, pero su crecimiento real frente a 2026 sería de apenas 0.7 por ciento. Más que un fortalecimiento, es prácticamente un presupuesto congelado.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) alcanzaría 146,634 millones. El proyecto señala que se “promoverá” que al menos 20 por ciento se destine a necesidades relacionadas con seguridad pública: unos 29,326.8 millones. También se promovería que 20 por ciento del FASP llegue a los municipios, alrededor de 2,089.6 millones. Pero promover no significa garantizar y, aun si se alcanzan esos porcentajes, el PPEF no permite conocer cuánto financiará policías municipales, profesionalización, prevención, infraestructura, Justicia Cívica o atención a víctimas.

El presupuesto no asegura capacidades para cumplir las responsabilidades nacionales

Lo paradójico es que el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya obliga a las autoridades municipales a desarrollar y profesionalizar sus policías e impulsar la Justicia Cívica conforme a los estándares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La ley asigna responsabilidades nacionales, pero el presupuesto no asegura capacidades para cumplirlas. Aquí está una de las decisiones que el Congreso no debería evadir.

El Secretariado Ejecutivo no es una oficina secundaria. Es el órgano operativo del Sistema Nacional y la instancia encargada de convertir los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en criterios, programas, estándares, modelos y acciones. También interviene en la distribución de los fondos federales, aprueba proyectos de inversión, gestiona ministraciones, vigila el ejercicio de los recursos y puede verificar su utilización.

Por ello, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, junto con las comisiones de Seguridad Ciudadana, Salud, Justicia, Igualdad de Género, Federalismo y Desarrollo Municipal, debe comprometer presupuestariamente al Secretariado. No basta con asignarle recursos ni con repetir que coordinará a las autoridades locales. El Decreto debe precisar qué instrumentos producirá, en qué fechas y qué información deberá hacer pública.

Primero, el Consejo Nacional y el Secretariado Ejecutivo deben establecer criterios programáticos y presupuestarios específicos para fortalecer capacidades estatales y municipales. Esos criterios deben definir qué puede financiarse en profesionalización, servicio profesional de carrera, certificación, equipamiento, infraestructura, policía de proximidad, prevención, atención a víctimas, justicia cívica y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

No se necesitan conceptos de moda ni documentos escritos para especialistas. Cada proyecto debe responder preguntas sencillas: ¿qué problema atenderá?, ¿quién será responsable?, ¿qué acciones realizará?, ¿cuánto costará?, ¿cuándo deberá concluir? y ¿cómo se comprobará que produjo una mejora?

Evaluar tampoco significa llenar más formatos. Significa saber si la policía está mejor preparada, si el juzgado cívico realiza audiencias adecuadas, si las víctimas reciben atención, si los casos canalizados llegan a los servicios correspondientes y si disminuye la repetición de determinadas conductas.

Segundo, debe asegurarse una proporción municipal efectiva del FASP y del FOFISP. No se propone regresar a esquemas en los que la Federación escogía discrecionalmente municipios y financiaba listas de compras. Tampoco repartir patrullas, uniformes o cursos aislados para ejercer rápidamente el presupuesto. Se propone utilizar los fondos existentes con reglas públicas, responsabilidades compartidas y proyectos que construyan capacidades permanentes.

La autonomía municipal no es un argumento para el abandono

Los estados deben conservar su función coordinadora, pero también informar cuánto transfieren, a qué municipios, para qué proyectos y en qué fecha. Los municipios, por su parte, deben presentar programas claros, cumplir plazos y transparentar el ejercicio. Y el Secretariado debe brindar asistencia, validar los proyectos, acompañar su implementación y actuar cuando existan incumplimientos.

La autonomía municipal no puede convertirse en argumento para el abandono. Si la Federación establece estándares nacionales y exige resultados, también debe contribuir a financiar su cumplimiento. Y si un municipio utiliza mal los recursos, la respuesta no debe ser condenar a todos a la precariedad, sino aplicar controles, corregir deficiencias y sancionar responsabilidades.

Tercero, la Justicia Cívica debe aparecer expresamente entre los destinos financiables. Hoy la ley obliga a los municipios a impulsarla, pero el PPEF no contiene una asignación federal específica para hacerlo. Sin instalaciones adecuadas, personal profesionalizado, audiencias públicas, medidas para mejorar la convivencia cotidiana, seguimiento de personas infractoras y mecanismos alternativos, esa obligación corre el riesgo de quedarse en el papel.

La Justicia Cívica no evitará por sí sola todos los delitos de alto impacto. Afirmarlo sería irresponsable. Pero sí puede intervenir frente a conflictos, faltas y conductas de riesgo antes de que algunas escalen. El presupuesto no garantiza instituciones eficaces; pero sin personal, formación, equipamiento y seguimiento tampoco existe posibilidad de construirlas.

Cuarto, debe corregirse el calendario. El problema no comienza ni termina en una sola autoridad. Los criterios federales, los convenios, la validación de proyectos, las transferencias estatales y las contrataciones municipales forman una cadena. Si cada eslabón consume semanas o meses, la disponibilidad aparece en el papel desde principios de año, pero la posibilidad material de implementar llega durante el segundo semestre. Así no se desarrolla una institución: se administra la urgencia de gastar.

El Consejo Nacional debería aprobar los criterios antes de iniciar el ejercicio. Durante enero, el Secretariado tendría que publicar los catálogos de inversión, modelos de proyecto y requisitos. Los convenios y anexos técnicos deberían quedar firmados en el primer trimestre, con plazos máximos para su validación y para la transferencia estatal a los municipios. Cada retraso tendría que publicarse junto con el nombre de la autoridad responsable.

Formar personal, transformar un juzgado cívico o construir una red de atención requiere prácticamente todo el año. La liberación tardía favorece compras apresuradas, cursos improvisados, subejercicios y devoluciones. Termina financiándose lo más fácil de adquirir, no lo más importante para fortalecer.

Atender las causas requiere financiar acciones concretas

Quinto, debe financiarse un verdadero sistema de atención a las causas. Los programas sociales son indispensables para ampliar derechos y reducir desigualdades, pero una beca, una pensión o una transferencia no sustituyen la intervención frente a una amenaza, una crisis de salud mental, el consumo problemático de sustancias o la violencia familiar. La política social atiende condiciones generales; la prevención especializada debe actuar cuando el riesgo ya es visible.

El Anexo 19 reúne más de 465,000 millones de pesos bajo el concepto de prevención del delito, combate a las adicciones y otras acciones. Su tamaño, sin embargo, no demuestra cuánto se destina realmente a prevenir violencias ni permite conocer cuáles intervenciones producen resultados.

Atender las causas requiere financiar acciones concretas para detectar ideación suicida, consumo problemático, crisis de salud mental, violencia familiar, conductas violentas y riesgo de reincidencia. También exige rutas locales con responsables, plazos de respuesta, mecanismos de canalización y seguimiento.

El componente de salud mental y adicciones identificado dentro del Anexo 19 disminuiría más de 21 por ciento real. El programa para prevenir y atender las violencias feminicidas caería alrededor de 26.6 por ciento real. Los Centros de Justicia para las Mujeres tendrían aproximadamente 136 millones de pesos federales identificados. Antes de aprobar esas cifras, las y los diputados deben preguntar qué capacidades se perderán y cómo pretende el gobierno atender las causas con menos recursos reales en servicios indispensables.

Finalmente, todo financiamiento debe acompañarse de asistencia técnica, información pública y consecuencias. El Secretariado Ejecutivo ya cuenta con facultades para evaluar proyectos, verificar el ejercicio de los fondos y suspender ministraciones frente a incumplimientos. El Congreso debe exigir que las utilice oportunamente y que publique trimestralmente los recursos aprobados, transferidos, comprometidos y pagados, así como los avances de cada proyecto estatal y municipal.

No se pide gastar sin controles ni enfrentar a la Federación con los municipios. Se pide dejar de financiar tarde, de manera dispersa y sin saber qué capacidades se están construyendo.

Diputadas y diputados: antes de aprobar el presupuesto, miren el lugar donde comienzan los conflictos, no solamente aquel donde terminan. La primera línea de prevención está en los municipios, en sus policías, juzgados cívicos, centros de mediación, servicios de salud y unidades de atención.

Si ese primer frente continúa sin recursos oportunos, el Estado seguirá llegando después de la violencia y financiando consecuencias que quizá pudo evitar.♦ 

*Marco Cancino es director general de Inteligencia Pública. Redes: @marco_cancino

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