Por propia mano

Bien dicen los clásicos de la teoría política, como Hobbes o Rousseau, que la función básica y de hecho la más importante del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de sus bienes. Estos mismos clásicos dicen que originalmente las personas vivíamos en una condición cuasi salvaje, en donde prácticamente todos andábamos a nuestra suerte, sin ninguna protección, es decir, como decía mi cabecita de algodón, “a la buena de Dios”. Sin embargo, un buen día todos decidieron que debían organizarse y crear un “coso” que pudiera de alguna manera darles protección a cambio de renunciar a la violencia, es cuando surge un pacto social que crea el Estado. Dicho Estado estaría, por tanto, encargado de garantizar su seguridad y sentaría las bases para una convivencia social mínimamente armónica.

Posteriormente vendrían otros teóricos, como Max Webber, a decir que además el Estado “creado” para garantizar la seguridad debía tener el monopolio legítimo de la violencia como forma de garantizar no sólo el orden, sino la existencia de dicho Estado. Sería pues el Estado el único habilitado y posibilitado a usar la fuerza y la violencia para garantizar el orden, la seguridad y la permanencia de ese Estado.

En México, a partir del incremento de la violencia de los últimos cinco años, hay quienes afirman que se ha perdido el monopolio de la violencia y que por tanto, el Estado, como lo teorizaron estos buenos muchachos de Hobbes y Rousseau, se ha debilitado. Inclusive, la rivalidad de las fuerzas del orden público con las organizaciones delictivas ha hecho pensar a algunos que, en efecto, estamos ante un Estado débil, principalmente porque las instituciones públicas ya no son las únicas que usan como forma de control la violencia. Sin embargo desde mi perspectiva, puede ser que de cierta manera se haya roto el monopolio de la violencia, pero no el monopolio de la violencia legítima, ya que, a diferencia de la que ejercen los grupos de la delincuencia organizada, la que despliega el Estado es la única con legitimidad. Ahí el joven Webber tenía bastante razón.

Otro ejemplo es el surgimiento de grupos de autodefensa en varios estados del país, en especial los más asoleados por el crimen organizado. ¿Qué pasa ahí? Pues que ante la sensación de impotencia e indefensión de los habitantes de varios poblados en distintas entidades del país con respecto a la actividad desenfrenada del crimen organizado y la presunta colusión de las autoridades locales o su grosera indiferencia, algunos pobladores de distintas comunidades decidieron armarse, protegerse e impartir justicia (por propia mano, así, como adolescente).

Este asunto tiene varias lecturas. La primera, es que de nueva cuenta, como decían nuestros clásicos, el Estado no ha sido capaz de garantizar su seguridad, ni la de su familia, ni la de sus bienes, por lo que decidieron organizarse, armarse, proveerse seguridad y en algunos casos, procurar e impartir justicia. Justo aquí se vuelve a romper el monopolio de la violencia. La pregunta es, ¿también se rompe el monopolio de la violencia legítima que tiene el Estado? ¿Son o no son legítimas las demandas de los habitantes de todas estas comunidades que crearon sus grupos de autodefensa? ¿Dónde termina la legitimidad de la violencia del Estado y dónde empieza la legitimidad de la violencia que deben ejercer los pobladores de las distintas comunidades que se sienten indefensos?

Por desgracia, aún no tengo respuesta a esas preguntas.

Sin embargo, más allá de los temas filosóficos, hay aspectos prácticos que deben tomarse en cuenta en el caso de los grupos de autodefensa.

El primero de ellos es que, nadie puede garantizar que estos grupos no puedan ser infiltrados por miembros del crimen organizado y que su objetivo inicial, el de brindar seguridad a los habitantes de sus comunidades, se desvirtúe rápidamente.

El segundo de ellos es que no debemos olvidar de que portan armas, en algunos casos de uso exclusivo del Ejército, lo que constituye un delito federal por sí mismo.

El tercero es que es poco probable que se hayan definido criterios y protocolos mínimos para realizar funciones de vigilancia. ¿Con qué criterios definirán si alguien es sospechoso o no?

El cuarto es que, en el caso de realizar detenciones, al no ser una autoridad del Estado, éstas pueden ser consideradas una privación ilegal de la libertad o como se le conoce eufemísticamente, secuestro, es decir, es un delito.

El quinto, en el caso de que se ponga a disposición de las autoridades ministeriales locales o federales a un presunto delincuente que haya sido “detenido” por los grupos de autodefensa, será complicado seguir un proceso debido precisamente a que dicha detención no fue realizada por una autoridad del Estado mexicano y por tanto, se violaría el ya tan famoso, aunque todavía poco comprendido “debido proceso”.

La solución a los problemas de inseguridad en el país no es armarnos y tomar la justicia por propia mano, sino más bien, presionar a las autoridades a que las instancias de prevención de la violencia y del delito, las de seguridad pública, de procuración y de impartición de justicia realmente funcionen.

La conformación de grupos de autodefensa en las comunidades es el resultado de la falta de una visión integral del problema de la violencia del país, del desinterés no sólo de las autoridades por brindarnos instituciones sólidas, sino también de los ciudadanos, quienes creemos que sólo con cerrar nuestras calles con rejas es suficiente para que México cambie. En la sierra son grupos armados de autodefensa, en las ciudades son coches con guaruras que también están armados. Creo que algo se ha roto, además del monopolio de la violencia. Debemos pensar cómo podemos enderezar todo esto.