Por nuestro derecho a mejores designaciones

Esta semana, el World Justice Project (WJP) presentó su Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 y un dato que llama poderosamente la atención es el débil papel de los contrapesos en las 32 entidades federativas del país.  El Índice refiere que, “por tercer año, los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo son la sociedad civil y la prensa”, ¹ es decir, no los poderes legislativos, no los poderes judiciales y no los organismos de fiscalización y control. ¡Qué fuerte, qué institucionalidad tan débil tenemos!

¡No es de extrañarse! Desafortunadamente, los ejemplos del mal desempeño de muchas de las personas titulares de instituciones clave para los controles y contrapesos democráticos, y para la garantía de nuestros derechos humanos, abundan. Para ilustrar lo anterior, basta recordar las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ² en sentido contrario a la transparencia y máxima publicidad; o las declaraciones y desempeño –tan cuestionado– del fiscal general del estado de Nuevo León ante los lamentables feminicidios de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar o Yolanda Martínez. Sin embargo, cuando se revisa cómo fue su proceso de designación se advierten cuestionamientos, ³ sobre todo por no cumplir con el perfil de acuerdo con lo mandatado por estándares internacionales, donde la independencia y la autonomía de estas figuras son características esenciales para su importante responsabilidad de procurar e impartir justicia.

De manera reiterada estas decisiones son mal realizadas, y por mal realizadas nos referimos a la rapidez de su procesamiento, a la opacidad con la que se desarrollan, a la ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana, a la falta de mecanismos objetivos de evaluación –que permitan confirmar sus conocimientos, su independencia y autonomía, así como su integridad pública y su trayectoria– y sobre dicha base tengan el privilegio de asumir una alta responsabilidad pública.

Recientemente se hizo viral una entrevista a una aspirante a la titularidad de la Auditoría Superior del estado de Puebla, en la que puede apreciarse el poco conocimiento sobre un tema básico de las funciones de este órgano. Lamentablemente no es el primero ni el único. El canal del Congreso de la Unión tiene innumerables episodios que ilustran el poco conocimiento de algunas personas aspirantes con las tareas a desempeñar, ⁴ lo cual no es grave en sí mismo, salvo por el hecho que muchas personas que no demuestran los conocimientos requeridos son designadas a altas responsabilidades públicas. El último proceso para integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una decisión en ese sentido.

También hay otros casos, donde personas que fueron designadas para asumir una alta responsabilidad pública por un plazo legal determinado, se inscriben y participan en cuanta convocatoria se emita, sin haber concluido su responsabilidad. Si bien lo anterior no está prohibido, en términos éticos vale la pregunta de si alguien que busca ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca servir o más bien colocarse en cualquier institución, aunque las tareas y, por lo tanto, las cualidades requeridas sean distintas para cada caso.

Todo esto en conjunto evidencia la urgencia de cambiar de fondo la manera en la que se realizan las designaciones públicas y los perfiles que son seleccionados, pues toman decisiones que nos afectan tanto en un Índice –que no se mueve– como en la garantía de nuestros derechos y el desempeño de nuestras instituciones. Reconocer que lo público es de todos, todas y todes es un primer paso para transitar hacia prácticas y diseños institucionales que se orienten al bien común y no a los intereses de pocos, pocas, o poques. ¡Es nuestro derecho contar con mejores designaciones!

#SinCuotasNiCuates

#PerfilesIdóneosYa

* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones).

 

 

¹ Disponible aquí.

² Un posicionamiento al respecto que sintetiza estas preocupaciones se encuentra aquí.

³ Durante esta administración del gobierno federal, se han designado cuatro lugares en el pleno de la SCJN, todos con una cercanía pública al poder ejecutivo federal. Para el caso del proceso de designación de fiscal de Nuevo León ver aquí.

⁴ Las comparecencias para comisionadas y comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por parte de la Comisión de Energía del Senado de la República ilustran lo expuesto. Disponible aquí.