Por nuestro derecho a decidir: ¿qué sigue tras la anulación de Roe vs. Wade?

El pasado 24 de junio de 2022, la Suprema Corte de Estados Unidos anuló los fallos Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey. Esta decisión representa un grave retroceso y un triste hito al despojar del derecho al aborto a millones de personas con capacidad de gestar en Estados Unidos. Conmoviendo así a los movimientos de derechos humanos y feministas en todo el mundo.

En sentido totalmente contrario, en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México declaró inconstitucional la penalización del aborto. Esta decisión histórica, tomada por unanimidad, declaró que el artículo 198 del Código Penal del estado de Coahuila, que permitía castigar hasta con tres años de prisión a las mujeres que decidieran interrumpir voluntariamente su embarazo, contraviene la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, la SCJN reconoció que no se puede, ni se debe castigar, a las mujeres o personas gestantes en ningún lugar del país por interrumpir sus embarazos y que aplicar sanciones penales en contra de quienes deciden no llevar a término un embarazo constituye una violación a sus derechos humanos, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la libertad reproductiva, entre otras garantías.

¿Qué dicen los fallos Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey?

En 1973, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió una sentencia en la que estableció que el aborto es un derecho constitucional, basándose en el derecho a la intimidad que está reconocido en la Enmienda 14. Este pronunciamiento se realizó en el marco del caso Roe, que impugnó la imposibilidad legal que existía en el estado de Texas para acceder a un aborto. En ese momento, la legislación texana criminalizaba el aborto salvo cuando tuviera como objetivo salvar la vida de la madre. 

La sentencia de la Corte estadounidense a partir del caso Roe permitió que la decisión de abortar durante el primer trimestre de embarazo competa únicamente a la mujer embarazada y el personal médico tratante. Después del primer trimestre y antes de la viabilidad fetal, el Estado podía intervenir para regular, siempre y cuando fuera en beneficio de la salud de la persona gestante, pero una vez pasada dicha viabilidad, el aborto podía prohibirse excepto en los casos en que fuera el medio para preservar la vida o la salud de la persona embarazada.

Dos décadas después, en junio de 1992, la Corte resolvió el caso Casey, en que se cuestionaba la constitucionalidad de algunos de los requisitos que establecía la legislación de Pennsylvania para acceder al aborto. El fallo de la Corte ratificó el fallo Roe, con una salvedad: permitir la intervención del Estado en los abortos del primer trimestre para garantizar el consentimiento informado de las mujeres, siempre y cuando ello no implicara una carga indebida sobre quien deseara interrumpir el embarazo.

Cabe subrayar que, aunque el fallo Roe no reconocía plenamente la capacidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar para decidir sobre sus propios cuerpos, porque incluye al personal médico en la decisión y porque establece plazos para el consentimiento informado, tuvo un enorme impacto práctico, narrativo y simbólico en el reconocimiento del derecho a decidir no solo en Estados Unidos, sino que se convirtió en un referente global de la exigencia del derecho al aborto.

¿Por qué decimos que el aborto es un derecho humano?

En Amnistía Internacional reconocemos el derecho al aborto de todas las mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas. Reconocemos, además, que los abortos deben realizarse de manera que se respeten sus derechos humanos, lo cual incluye el derecho a su autonomía, su dignidad y sus necesidades en el contexto de sus vivencias, circunstancias, aspiraciones y opiniones.

La política de Amnistía al respecto exige a los Estados la despenalización total del aborto y el acceso universal a procedimientos que permitan practicarlo, así como atención posterior e información imparcial y basada en evidencia científica sobre el aborto sin que medie fuerza, coacción, violencia ni discriminación. 

Como sucede con todas las políticas de nuestra organización, el enfoque sobre el aborto está basado en los más altos estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos legislación, normas y principios internacionales. Más importante aún, nuestra política se basa en que el reconocimiento de las decisiones sobre el embarazo y el aborto competen de manera exclusiva a las personas que pueden embarazarse.

Establece además que esas decisiones repercuten directamente en la totalidad de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida; la salud; la intimidad; la libertad y la seguridad de las personas; a la igualdad y la no discriminación; así como a la igualdad ante la ley; a participar plenamente en la sociedad; a no sufrir tortura y otros malos tratos; a la igualdad de acceso a la justicia; a recibir información y educación con base empírica e imparcial sobre salud sexual y reproductiva, y al disfrute de los avances científicos. 

¿Qué sigue?

La anulación de la sentencia Roe vs. Wade despojó, en un abrir y cerrar de ojos, a millones de personas en Estados Unidos del derecho al aborto. Es una decisión que afecta a todas las personas, no solo a quienes tienen capacidad de gestar, porque implica un grave retroceso en la garantía de un derecho humano.

Pretender obligar a las personas a llevar a término un embarazo no deseado es una violación de derechos humanos, que además representa una restricción a la toma de decisiones profundamente personales que afectan el cuerpo de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pero también el futuro y el bienestar de ellas mismas y sus familias. Adicionalmente, debemos recordar que la legislación que restringe el derecho al aborto no impide que las personas aborten, en cambio, las obliga a someterse a abortos en condiciones de riesgo.

A partir del 14 de julio de 2022, en Estados Unidos al menos nueve estados han prohibido el aborto total o casi totalmente, dejando a las personas que necesitan abortar luchando por recibir atención médica. Y más estados se están moviendo rápidamente con más prohibiciones. Clínicas de aborto y centros de salud están llenas de casos de emergencia de personas que necesitan atención urgente.

No todas las personas tienen recursos para viajar a un estado donde puedan practicarles un aborto, por lo que ahora se ven obligadas a dar a luz. Todavía se están dando batallas legales en algunos estados, pero sin la protección constitucional para el aborto, es probable que los bloqueos temporales de las prohibiciones del aborto en algunos estados finalmente fracasen.

Las legislaturas de los estados tienen el poder legal para cambiar esto y, por último, el Congreso estadounidense tiene el poder y la obligación de aprobar una ley federal que proteja el aborto en todo el país.

El presidente Joe Biden también tiene un poder limitado. En ese contexto, la semana pasada emitió una orden ejecutiva que garantiza parcialmente el acceso al aborto con medicamentos —más de la mitad de los abortos en EU se realiza con medicamentos— y protege la privacidad de las personas gestantes que tienen abortos para salvaguardar sus datos personales y que no sean criminalizadas en estados donde el aborto es ilegal.

El Departamento de Justicia formó un grupo de trabajo que ayudará a contener medidas extremas en algunos estados, como las leyes que prohíben los viajes para la atención del aborto. Las personas activistas también han pedido al presidente Biden que declare un estado de emergencia, que activaría recursos adicionales para defender el derecho al aborto.

Pero todas estas son soluciones limitadas y parciales al gran problema final de que Estados Unidos está retrocediendo en derechos humanos, especialmente en el derecho al aborto, llevando a las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar a sufrir las consecuencias.

El ejemplo de México y otros países, como Argentina, que están ampliando el derecho al aborto, adquiere una gran relevancia en el continente. La solidaridad internacional está en el centro de este progreso global por el derecho al aborto y juega un papel fundamental para que Estados Unidos vuelva a estar en línea con los derechos humanos.

En la situación actual, las personas activistas que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos enfrentan ataques constantes y la pérdida del fallo Roe se nos presenta como el revés más grande en la historia viva de nuestros derechos. 

Debemos aprender del trabajo de las personas activistas de todo el mundo, del poder y la persistencia de la Marea Verde en Latinoamérica, y entender que la lucha sigue. La lucha por los derechos humanos —por el aborto— es una lucha mundial, que solo podremos ganar juntas. ¡Firma!

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico). Tarah Demant (@tarahdemant) es Directora Nacional Interina de Programas, Defensa y Asuntos Gubernamentales (@amnestyusa).