Por las voces que no encuentran eco

El miedo es aplastante; el aire que se respira, sofocante. En los mismos rincones oscuros y olvidados, donde se han encontrado siempre, buscan una rendija a través de la cual puedan gritar. Una de ellas lleva días pidiendo a la comandante que la deje ir a ver al médico; otra, se limpia con movimientos débiles el sudor frío de la frente que lleva tres noches corriendo sin parar; varias carraspean y tosen en armonía funesta. La más grande de ellas quisiera ayudar, y en otras circunstancias probablemente estaría cuidándolas como cuidó de sus hijos cuando enfermaban, sus hijos que ya no la visitan, de quienes ya no sabe nada. Simplemente no puede acercarse, sabe que si lo hace habrá firmado su sentencia de muerte; su cuerpo ya no es el mismo que hace unos años. “No debería estar aquí, nadie debería estar aquí”.

En todos los espacios de lucha feminista se utilizan diversas frases y consignas, todas ellas poderosas en mensaje y donde destaca una que simboliza el silencio al que son forzadas las mujeres mediante los actos más brutales de violencia: “somos el grito de las que ya no tienen voz”, el de las asesinadas, las desaparecidas.

Dentro de los contextos más normales y cotidianos se hace un esfuerzo sobrehumano para levantar la voz y obligar a escuchar a aquellos que están acostumbrados a ignorar. En los tiempos que vivimos ahora, esta tarea ha sido aún más ardua, pues con cada día que transcurre dentro de esta adversidad se vuelve más difícil voltear a ver a una de las poblaciones más vulnerables: las mujeres privadas de libertad.

Muchas de ellas provenientes de contextos de violencia, ingresan a los Centros de Reinserción Social para ser sometidas a mayores violencias. Lugares donde su integridad personal no es salvaguardada y donde sufren las mismas agresiones, aunque potenciadas, que en el exterior. Adentro, ninguna de ellas recibe un trato diferenciado que responda a sus necesidades particulares; con el mismo espectro de bienes y servicios que se otorga a los hombres, las autoridades penitenciarias pretenden cumplir con el estándar de igualdad.

Como si esa circunstancia no fuera suficiente para nulificar a las mujeres por completo, durante una pandemia de talla mundial no hay lugar para ellas, no son prioridad para ninguna autoridad ni figuran como beneficiarias de los programas de prevención y atención. Esta invisibilización naturalmente se refleja en las cifras y datos oficiales.

La transparencia siempre ha sido un problema en nuestro país y muy pocas veces se puede encontrar información confiable sobre las violaciones a derechos humanos. Para una de las poblaciones más olvidadas como es la población privada de libertad, el subregistro es aplastante: no existen datos certeros sobre contagios o muertes por COVID-19, así como tampoco sobre la situación que guardan las condiciones de vida al interior de los centros penitenciarios. Pero para la poca información pública que hay, las mujeres privadas de libertad nunca existieron, nunca estuvieron ahí. Así, las mujeres se quedan en espacios donde no tienen voz ni los medios para obtenerla.

Mientras tanto, en esos espacios hacinados y poco salubres el riesgo de contagio es alto y es conocido por todas: el miedo, la angustia y la ansiedad son inevitables porque saben que, si una se enferma, las otras seguirán el mismo camino. Saben que las autoridades no están haciendo nada para protegerlas por lo que en las sombras se preguntan, si algo llegara a pasarles, ¿quién se enteraría?, ¿quién les hará justicia?, ¿quién las llorará? Una vez que mueren, en el mejor de los casos se vuelven parte de las cifras oficiales generales —y no desagregadas—, de fallecimientos dentro de los centros de reinserción social, donde no se reconocen sus caras ni sus nombres; y en el peor de los casos ni siquiera se reconoce su existencia.

De esta forma, las mujeres privadas de libertad que mueren por COVID-19 están muriendo tres veces: cuando ingresan al centro penitenciario —la muerte social—; cuando se contagian y no reciben la atención médica necesaria —la muerte inevitable—; y, finamente, cuando sus cuerpos no son despedidos ni llorados por nadie —la muerte que borra—.

Las voces reprimidas llevan años luchando por salir de esos lugares tan oscuros y siniestros. Hoy, con el mismo silencio, logran salir, pero seguido salen en urnas. Un asesinato a sangre fría.

* Verónica Garzón es abogada y coordinadora de incidencia de ASILEGAL.