Redacción Animal Político · 25 de octubre de 2022
Desde hace años Javier Sicilia viene advirtiendo que los partidos políticos han decidido incorporar candidaturas no solo vinculadas con agrupaciones criminales, sino incluso a criminales. Las elecciones ya no son solo una decisión de por cuál partido votar, sino por cuál grupo criminal votar.
Las relaciones político-criminales son muy antiguas. Lo que ha ido variando es la relación de fuerzas entre estos dos grupos. Si antaño el crimen era tolerado bajo reglas impuestas desde la clase política, la correlación de fuerzas ha ido cambiando. No solo los grupos criminales tienen mayor poder y el Estado se encuentra reducido, sino que incluso son los criminales quienes determinan elecciones al decidir candidaturas y amenazan o asesinan a opositores no deseados.
El pragmatismo absoluto de los partidos políticos los ha llevado a colocar candidaturas con mayor probabilidad de éxito sin importar de quiénes se trate. El poder por el poder sin ningún freno moral o político. Los frenos institucionales y legales son inexistentes. La débil democracia mexicana decidió no fiscalizar los recursos ilegales en campaña, dinero de procedencia lícita e ilícita por igual. Tampoco ha puesto frenos para candidaturas de personajes no solo ligados con grupos criminales sino miembros de grupos criminales. Ante la ausencia de Estado de Derecho, los únicos frenos serían los políticos y morales, pero la obsesión por el poder y el entramado político-criminal hacen que desaparezcan los contrapesos.
Así, un número creciente de instituciones de gobierno, de los tres niveles y de distintos poderes, se encuentran en manos criminales. Por si fuera poco, ante el poder creciente de estos grupos y la fragilidad del Estado, han promovido nombramientos de criminales o afines en cuerpos de seguridad, fiscalías, secretarias de gobierno y otras funciones.
Es necesario repetirlo, instituciones del Estado se encuentran controladas por intereses criminales. No hay democracia posible en estas condiciones. Cualquier visión de cambio tendría que recuperar a las instituciones. Esto es imposible sin Estado de Derecho, sin un acuerdo nacional de todos los partidos, sin presión social, sin dejar de leer la justicia en clave política, sin moral en la política.
Las revelaciones del hackeo a la Sedena han hecho público lo que se sabía. Estos vínculos político-criminal son generalizados y atraviesan a la clase política sin importar partido. A pesar de ser expuesta la información, los resortes institucionales, políticos y sociales están desactivados. Se ha aceptado como una realidad más, al igual que las violencias y la absoluta impunidad.
Desmantelar estas redes político-criminal requiere de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia absolutamente independientes. Cualquier otra propuesta seguirá siendo simulación. El riesgo es enorme, la democracia mexicana se convierte a pasos agigantados en una en que la decisión en la urna ya no es por un partido u otro, sino por un grupo criminal u otro.