Endurecimiento de penas por agresiones al personal de la salud

No hay duda que el Estado debe tomar medidas para evitar que se siga agrediendo al personal de salud durante la emergencia sanitaria. La solución que nos ofrecen los legisladores es aumentar penas de prisión, sin entender el fenómeno y evaluar distintas alternativas para contrarrestarlo.

Sin embargo, la respuesta a las agresiones contra el personal de salud no pasa por más populismo penal. Pasa por responder preguntas como las siguientes: ¿Por qué aumentar la pena tendrá impacto en la disminución de la incidencia delictiva? ¿El perpetrador comete el delito por miedo a contagiarse del virus o porque la pena no es suficientemente dura? ¿Una persona considera el número de años de prisión antes de cometer un delito? ¿Qué justifica aumentar la pena en el caso concreto?

La pandemia del COVID-19 ha constituido un reto inmenso para el personal del sector salud del país. Por una parte, les ha exigido una responsabilidad y entrega laboral enorme, y por otro lado, los ha expuesto a un mayor riesgo de contagio y también a agresiones verbales y físicas de personas con miedo a infectarse. Al respecto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación registró al menos 47 casos de agresiones a personal de salud durante abril de 2020 en 22 entidades federativas.

Ante esta situación, legisladores, locales y federales de todas las fuerzas políticas han considerado que la manera de mitigar la violencia contra profesionales de la salud es endureciendo las penas. Sin embargo, las iniciativas propuestas y las reformas aprobadas constituyen ejercicios discursivos de populismo penal que no implican una solución al problema, sino que simulan hacerlo. Éstas asumen que aumentando las penas se disminuirán las agresiones, sin un análisis minucioso del problema.

En el último periodo legislativo en el ámbito federal se presentaron 18 iniciativas en materia penal para castigar con mayores penas de prisión a quien agreda a personal del sector salud. Las propuestas consisten en reformas al Código Penal Federal o a la Ley General de Salud e, incluso, crear la Ley General para la Protección del Personal del Sector Salud en Emergencia Sanitaria.

En el mismo sentido, en las entidades federativas se presentaron diversas iniciativas de reforma a los códigos penales locales para endurecer las penas de delitos cometidos en contra de profesionistas de la salud. Hasta el 30 de junio se identificaron iniciativas en 29 estados del país, de las cuales 18 ya fueron aprobadas y/o publicadas y una fue rechazada.

Todas las propuestas legislativas mencionadas identifican como causa de las reformas en materia penal la existencia de agresiones y/o actos discriminatorios contra el personal del sector salud. Es importante advertir que los marcos jurídicos federal y estatales, ya preveían las conductas señaladas y, por tanto, el Estado está facultado para procurar e impartir justicia sobre dichos actos. Sin embargo, las iniciativas consideran que la regulación penal actual ofrece una respuesta insuficiente. En consecuencia, sugieren aumentar la pena de prisión cuando se cometen las agresiones mencionadas, bajo el argumento de que son conductas reprochables que no deben tolerarse contra personas que ponen en riesgo su vida por cuidar de los demás, y por tanto les corresponde un castigo mayor.

Por mencionar algunos ejemplos, dentro de las iniciativas nos encontramos con casos que, solo por tratarse de agresiones a personal de salud y no de otras profesiones o personas, las penas de prisión se duplican de 8 a 16 años o de 7 a 14 años. También destacan legislaciones que prevén penas de 10 años y medio o 7 años y 6 meses de prisión, adicionales a cualquier delito que se cometa en contra de estos sujetos.

De la actividad legislativa resalta que los poderes legislativos contaron con el interés en dar respuesta a los actos violentos contra personal de salud durante la emergencia sanitaria y que fueron receptivos de la denuncia y reproche social contra los mismos. Sin embargo, parten de la base que las agresiones se resolverán aumentando las penas, sin siquiera cuestionarse sobre la raíz del problema y sin justificar sus soluciones.

Este caso ejemplifica la práctica de populismo penal en el poder legislativo. Es común que el legislador ante cualquier situación que causa indignación y una demanda social por mayor seguridad pública, responda con más cárcel. El populismo penal se vale de la desconfianza hacia el sistema de procuración de justicia, así como de la inseguridad y miedo de la población, para impulsar una agenda punitiva que equipara, de manera incorrecta, la efectividad del Estado para sancionar y desincentivar conductas, con la imposición de penas más severas (Dzur, 2010).

La violencia es inexcusable en cualquier contexto. Sin embargo, su presencia exige un diagnóstico de las causas, para así valorar distintas soluciones e identificar la más eficiente y menos restrictiva de derechos humanos. La violencia no justifica aumentar la pena de prisión como respuesta inmediata. Sin embargo, de la lectura de las exposiciones de motivos de todas las iniciativas advertimos que ninguna justifica cómo es que con penas más severas se disminuirá la incidencia delictiva en contra de trabajadores del sector salud. Lo asumen como una obviedad, sin mayor reflexión o debate sobre causas y soluciones al problema.

Si la preocupación como sociedad recae en la insensibilidad del perpetrador respecto a la labor del personal de salud, ¿por qué no optar por penas alternativas a la pena de prisión, como someter al agresor a horas de trabajo comunitario o crear campañas de concientización para que comprenda el valor del trabajo del personal de salud en la pandemia? ¿Por qué no pensar en que el efecto disuasivo de la pena está en combatir la impunidad y no en aumentar las penas? ¿Por qué la respuesta tiene que ser más cárcel?

* Braulio López Ochoa Mijares, Samuel Meschoulam Farji y Regina Sánchez Sasso son integrantes de Todos Unidos Contra el Populismo Punitivo (@TUCPP1).