El populismo cannábico y las mentiras de la burocracia

Recientemente el Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de tres espacios de “tolerancia” para el consumo de cannabis. Estos espacios se crearon mediante acuerdos con los colectivos cannábicos que, como acto de protesta ante la falta de legislación, habían tomado la plaza al exterior del Senado de la República. Los convenios en cuestión establecen que los usuarios de cannabis no serán perseguidos por las autoridades en estos puntos de consumo, siempre y cuando garanticen que no habrá venta ni intercambio de cannabis, la prohibición del consumo de otras sustancias y que no se moleste a los transeúntes.

Aunque esto ha sido promovido como una medida novedosa y un logro por algunos colectivos, lo cierto es que es una medida populista que no atiende al problema y es insuficiente para las víctimas de la política de drogas mexicana. La lucha por la regulación del cannabis no es sólo por el consumo de esta sustancia, sino por el cambio de la estrategia de guerra contra las drogas que tanto ha destruido nuestro país. Es decir, es una lucha por la paz.

La regulación del cannabis, y de otras sustancias, es solo una de las medidas necesarias para cambiar esta estrategia. El Estado podría redirigir los recursos y el personal que actualmente se desperdician en la persecución y encarcelamiento de usuarios de sustancias hacia la atención de delitos que realmente afectan a la población, como homicidios, secuestros y extorsiones. Esta no es una cuestión menor, pues según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales de 2022, de las 2,128 personas en prisión preventiva, el 41.64 % fueron detenidas por posesión simple y el 19.88 % por posesión con fines de comercio, mientras que solo el 6.25 % fue por comercio. Esto significa que hay más consumidores en prisión preventiva por posesión simple de narcóticos que por la venta o suministro de la sustancia. Si bien en 2024 hubo una disminución en estos datos, la situación sigue siendo preocupante.

Esta situación es aún más indignante si consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que el consumo de cannabis está protegido como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde junio de 2021, tras múltiples prórrogas y ante la omisión del Poder Legislativo para reformar las leyes que prohíben el uso de cannabis y legislar sobre el acceso a esta sustancia, la SCJN emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Esto resultó en la expulsión del sistema jurídico de los artículos 235 (último párrafo), 237, 245 (fracción I), 247 (último párrafo) y 248 de la Ley General de Salud. A pesar de esto, el proceso legislativo para la legalización del uso recreativo de cannabis en México se encuentra en la congeladora. Aunque el partido en el poder cuenta con una supermayoría en el congreso capaz de reformar la constitución en 15 horas 1 y que con esta podría legalizar el cannabis y crear un mercado legal, no tiene voluntad de hacerlo.

Así, ante este vacío de reglas, COFEPRIS tiene la obligación de otorgar autorizaciones a quien lo solicite. Sin embargo, ha vuelto a imponer restricciones sin sentido para el consumo personal de cannabis. Esta institución no sólo dificulta la tramitación de estos permisos al obligar a los solicitantes a acudir al poder judicial denunciando el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, 2 sino que establece medidas imposibles de cumplir para poder consumir cannabis legalmente: impone a los usuarios contar con infraestructura como si fueran una farmacéutica para poder adquirir plantas o 5 gramos de cannabis. De igual forma, les pide contar con espacios adecuados con extractores de aire y aislados en el interior de su hogar para poder consumir. Por si fuera poco, en estos permisos reproducen estereotipos estigmatizantes. Aunque parece una broma de mal gusto, hay permisos que prohiben cometer delitos cuando consumes cannabis, porque para esta autoridad los usuarios aun son delincuentes.

Lamentablemente aunque esto ha venido pasando, ni las organizaciones que promueven la tramitación de estos permisos ni los abogados que lucran con esto han confrontado este tipo de absurdos, pero la tramitación y cursos se siguen ofreciendo sin pensar en el problema que generan. En este sentido, conforme a las condiciones que impone COFEPRIS, toda planta o flor de cannabis que no haya sido obtenida conforme a sus reglas es ilegal, y si quienes pretenden visitar estos espacios fueran detenidos en el camino podrían ser procesados penalmente. Esto empeora si los usuarios portaran más de 5 gramos de cannabis. Debemos destacar también el conflicto que representa que sea la autoridad local la que realiza estos acuerdos, considerando que son las autoridades federales las competentes para todo lo relacionado con sustancias como el cannabis. Especialmente si recordamos que la Guardia Nacional anda por las calles de la Ciudad, y que ni la policía o ministerios públicos han sido sensibilizados sobre el consumo de cannabis.

De tal forma, existen 1) espacios de “tolerancia” en los que es ilegal pasar el porro; 2)autoridades que no cuentan con protocolos para estos espacios; 3) autoridades que emiten permisos que hacen imposible consumir, y 4) no hay forma legal de obtener cannabis. ¿Realmente debemos aplaudir?

* Julio Salazar Ramírez (@JULIO_DISIDENTE) es director de Litigio en Di-Sentir (@Di_sentir).

1 Martha Martínez y Mayolo López, Cambia Morena la Constitución cada 15 horas , 29 diciembre, 2024, Periodico Reforma, disponible aquí.

2 El sintentido es tal que esa estrategia burocrática es más cara para el estado que responder positivamente a los solicitantes.