Popularidad e inseguridad

La más reciente encuesta de El Financiero enseña que 57 % “aprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México”, mientras 68 % califica mal o muy mal la manera como “está tratando la seguridad pública”. En otras palabras, casi 6 de cada 10 aprueban al gobernante a la vez que casi 8 de cada 10 reprueban lo que él hace para darnos seguridad. Vale agregar que la desaprobación en seguridad pública ha crecido 11 puntos en medio año.

Luego de que subí un tuit sobre esto, varias personas de mundos muy diversos me escribieron coincidiendo en que parecen disociadas una evaluación y la otra, es decir, la evaluación respecto al presidente y la evaluación de sus políticas públicas serían independientes.

Una de las más interesantes opiniones recibidas habla de que la evaluación a López Obrador tiene que ver con la identidad y los valores, de manera que él es percibido por la mayoría en positivo porque reconoce y nombra a quienes nunca han sido reconocidos ni nombrados; las personas que lo aprueban son reconocidas en su existencia y eso, me dice este analista, es mucho más importante que cualquier política. Y remata: las personas que lo aprueban, de todas maneras “no esperan mucho porque nunca les han dado lo que les ofrecen”. Esta complejidad merece investigación y análisis cuidadosos, lejos del maniqueísmo de cualquiera de las narrativas hoy en disputa.

Aquí lo que me interesa enfatizar es que si en efecto una persona a cargo de un gobierno puede ser evaluada positiva o negativamente en razón de percepciones que son independientes de los resultados de su gobierno, estaríamos hablando de una fractura en la rendición de cuentas, al menos como yo la entiendo, compuesta por tres ingredientes: justificación, comprobación y consecuencias. Justificar es argumentar con base en el conocimiento y la evidencia por qué se decidió determinada política y no otra; comprobar es someter la implementación de la política pública a la evaluación con base en evidencia y asegurar las consecuencias equivale a corregir lo que sale mal y estimular y premiar lo que sale bien.

Es extraordinariamente relevante entender qué representa la convergencia entre la popularidad mayoritaria de un gobernante y la reprobación igualmente mayoritaria de su política de seguridad pública. En mi concepto, se trata de un fenómeno de implicaciones descomunales en tanto desafía nuestras ideas convencionales de la política y de la rendición de cuentas. Esto cuestiona la validez generalmente aceptada de que el incumplimiento del mandato normativo y de las promesas programáticas de un gobierno necesariamente supone debilitar o colapsar la continuidad de un proyecto político.

Yo no tengo los elementos analíticos para concluir nada, pero si algo me parece claro es que la popularidad en un contexto de inseguridad puede ser la peor noticia porque si se alinea la aceptación mayoritaria a la persona al frente del gobierno con el apoyo también mayoritario a la repetición de las medidas destructivas de mano dura, entonces ya perdimos. La combinación es terrible: apoyo popular sostenido, poca o ninguna rendición de cuentas y trayectoria de endurecimiento.

La política prohibicionista de las drogas es paradigmática en esta ruta: se aplaude la persecución que recae sobre todo en las personas usuarias de sustancias en condiciones de pobreza, a la vez que mueren miles por la violencia armada asociada al negocio de las drogas ilegales, por cierto, siendo las víctimas quienes están en esas condiciones. La política prohibicionista de las drogas es icónica como motor de popularidad y de inseguridad a la vez.

Sean cuales sean los motivos de la popularidad de un gobernante, el problema es que si ella va por encima de la evaluación de las políticas públicas que encabeza, dejando así al margen la rendición de cuentas, entonces cualquier política es posible y a cualquier costo. En seguridad esa es la ruta perfecta para sufrir muchos más daños, en especial entre las personas en mayores condiciones de marginalidad.

@ErnestoLPV