Redacción Animal Político · 10 de noviembre de 2023
Existen innumerables problemas en la vida cotidiana que afectan tanto a individuos como a comunidades o colectivos. Dependiendo de criterios como el nivel de impacto en la sociedad, la evidencia empírica, la complejidad, prioridad en la agenda pública, la sostenibilidad de la intervención y los recursos con que se cuenta, por mencionar algunos, es que pueden ser atendidos desde el ámbito gubernamental a través de las políticas públicas.
Una política pública es un plan de acción o una estrategia articulada por el gobierno o una institución pública para abordar un desafío específico en la sociedad, con el fin de atender un problema público, cumplir con la ley, hacer más eficiente el servicio público, promover el bienestar social, promover la igualdad de oportunidades y generar cambios positivos en la calidad de vida de las personas.
Las políticas públicas como disciplina académica resurgen después de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva rama de las Ciencias Sociales surge para llenar el vacío de rigor metodológico que no había sido cubierto por otras áreas científicas afines, vacíos, sobre todo, en los procesos y acciones de gobierno que buscan dar respuesta a las necesidades sociales, así como en las problemáticas derivadas de su conceptualización y diseño.
Posteriormente, se perfilaron diversas teorías sobre las políticas públicas desde diferentes enfoques como el filosófico, sistémico, conductual, organizacional, incremental, pluralista-racional, etcétera, para dar mayor explicación, valor público y respuestas a las nuevas demandas o necesidades sociales que trajeron consigo las olas democratizadoras de los siglos XIX y XX en América del Norte y Europa, respectivamente.
El interés por este nuevo campo de conocimiento se diseminó por varios continentes hasta llegar a América Latina. En México, Luis Fernando Aguilar Villanueva, formalizó la investigación sobre la racionalidad de la gestión pública a través de sus estudios sobre la “hechura de las políticas”, para conocer cómo se toman decisiones de gobierno: bajo cuáles supuestos, consideraciones y procedimientos; con cuáles formas de interacción entre los actores políticos y sociales, y para saber si las decisiones se toman con base en datos, análisis y cálculos racionalmente probados, que favorecen la eficacia de la acción decidida, o si, en cambio, se sustentan en otros criterios que podrán perjudicar no solo su eficacia real sino su mismo carácter público.
Toda la teoría y metodología que existe atrás de la formulación de las políticas, puede resumirse a un hecho: la toma de decisiones, que puede ser influenciada por factores políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, y tiende a reflejar los valores y las preferencias de la sociedad en un momento dado.
Partiendo sobre la base de que las políticas públicas son decisiones y acciones del gobierno que buscan resolver problemas y satisfacer necesidades de la sociedad, expresando la voluntad estatal y tomando en cuenta la dimensión colectiva, es aquí donde la incidencia ciudadana juega un papel relevante, ya que las necesidades de los grupos que histórica y sistemáticamente vulnerables recobran voz, a la vez que se reafirma la obligación del gobierno de involucrarlos en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, la sociedad o el país en el que viven.
Estas políticas son diseñadas, ejecutadas y evaluadas por entidades gubernamentales a nivel local, regional, nacional o incluso internacional, y pueden abordar una amplia gama de asuntos que van desde el ámbito social, económico, educativo, de salud, seguridad, medio ambiente, entre otros.
“Nada de nosotros sin nosotros” se ha convertido en una de las premisas de los gobiernos actuales porque enarbola la participación ciudadana como un componente esencial democrático y una forma de empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles influir en la construcción de las políticas, en la supervisión de las instituciones públicas y en la promoción de sus propios intereses y valores. Asimismo, la inclusión social se integra también como un principio fundamental en este ciclo. Por ende, la adopción de políticas públicas inclusivas no solo es una cuestión ética para con los derechos humanos, sino que también es el resultado de una histórica y valida necesidad para abordar las desigualdades y promover la cohesión social en la sociedad contemporánea.
Una política pública efectiva debe respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas. Este tipo de políticas inclusivas buscan garantizar que todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, género, orientación sexual, capacidad o cualquier otra característica, tengan igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios que se brindan. Esto implica la eliminación de barreras que excluyen a ciertos grupos y la promoción de una sociedad donde cada individuo pueda participar plenamente en la vida económica, social y política.
Sin embargo, la implementación de políticas públicas inclusivas no está exenta de desafíos. Uno de los obstáculos más notorios es la resistencia al cambio. Las estructuras de poder establecidas a menudo se resisten a las políticas que amenazan su posición, lo que puede dificultar ejecutarlas y tener resultados exitosos.
Para superar este y otros obstáculos, es fundamental la sinergia entre gobierno, sociedad civil y otros actores relevantes. Es decir, los problemas complejos requieren el involucramiento de diversos sectores y la coordinación entre diferentes áreas de gobierno.
A mediano y largo plazos, las políticas públicas inclusivas implican un compromiso continuo con la igualdad y la justicia, lo que requiere la evaluación constante de sus programas y estrategias para garantizar que sean efectivos en la promoción de la inclusión. Además, se deben considerar y abordar las nuevas dimensiones de la desigualdad que puedan surgir.
En última instancia, las políticas públicas inclusivas son un paso hacia un futuro en el que todos los individuos, independientemente de sus características particulares, tengan igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios de la sociedad.
A medida que evolucionan las dinámicas sociales, económicas, ambientales y tecnológicas, las políticas inclusivas se vuelven aún más relevantes. Ya que la promoción de la inclusión no solo es una cuestión de justicia o un fin, sino también un medio para construir sociedades más fuertes y cohesionadas.
* María del Carmen López Mendoza, es Subdirectora de Evaluación en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).