Políticas de vida y fin del extractivismo: Colombia ante el colapso climático

La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia es sin lugar a dudas una buena noticia para el planeta. Su victoria abre paso a una nueva ola de políticas anti-extractivistas en América Latina, las cuales, a diferencia de lo que sucedió hace casi dos décadas con la llegada de algunos gobiernos progresistas como el de Evo Morales en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador y el de Lula en Brasil, las políticas que hoy se están gestando en Chile, Honduras y Colombia abren la puerta a una nueva vuelta hacia la izquierda, pero esta vez con una apuesta por la vida en el centro.

En ocasiones anteriores, Petro se ha descrito como un candidato ‘por la vida’ más que como uno de izquierda. Consideramos que esta distinción es clave para pensar en la forma en la que las políticas estatales a nivel global están promoviendo una profundización del modelo extractivo y violento de la economía apostando al crecimiento económico, el progreso y el desarrollo. En este contexto, distinguir entre políticas de vida o muerte en vez de utilizar el viejo discurso de izquierda y derecha parece muy adecuado, más aún cuando gobiernos de izquierda y derecha han sido igualmente cómplices con el modelo extractivo y en ocasiones incluso impulsado la represión violenta de grupos y comunidades en resistencia, profundizando aún más el carácter colonial y capitalista del Estado.

Hablar hoy de políticas de vida implica dos cosas: la primera es reconocer la importancia de detener los procesos extractivos y cada vez más violentos que afligen a la región latinoamericana. Colombia es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa del territorio, en donde las políticas extractivas han dado paso a una represión de comunidades y líderes indígenas que defienden su territorio. De acuerdo con la organización Global Witness, en Colombia se produjo el mayor número de asesinatos de defensorxs ambientales en 2020, por segundo año consecutivo, (65). Estos tuvieron lugar en el contexto de ataques generalizados contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en todo el país debido en buena parte al recrudecimiento del extractivismo y a la falta de medidas de protección por parte del Gobierno durante la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, hablar de políticas de vida implica también reconocer el avance de la crisis civilizatoria como resultado de continuar con el mismo modelo de desarrollo impuesto por la modernidad capitalista. La gran distinción de la propuesta de Petro y Márquez (con algunas similitudes en Chile y Honduras) del resto de los países en la región es poner al centro la vida y el cuidado. Esta es una apuesta necesaria en un contexto en donde la crisis civilizatoria y su síntomas más perceptible -el colapso del clima- exigen que las acciones de los Estados sean cada vez más radicales.

En este sentido, nuestra intención en este pequeño texto es considerar la relevancia y la viabilidad de las propuestas de Petro y Márquez, así como presentar algunos de los retos más importantes para los Estados en América Latina de cumplir con estas metas reconociendo a su vez que existen límites a lo que puede hacer el poder del Estado y la ‘izquierda’ por limitar la necropolítica que está asociada a la continua extracción de la que depende la economía globalizada capitalista, inclusive en la vuelta hacia una ‘economía verde’ o el ‘desarrollo sustentable’. Hablar de políticas de vida implica entonces poner un fin a ese extractivismo, pero también limitar el papel del crecimiento económico, el desarrollo hacia un modelo económico unilineal y el progreso, es decir, implica una transformación profunda ecosocial de la sociedad.

La veda del petróleo y las políticas de vida

Como parte de su candidatura, Petro y Márquez propusieron frenar la exploración de nuevos pozos de extracción, así como acelerar la participación de energías renovables en la matriz eléctrica. La propuesta propone prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, detener los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera, así como no otorgar nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni licencias para minería a cielo abierto.

El plan es sin duda ambicioso, aunque es importante ponerlo en contexto. Antes de su partida, el expresidente Iván Duque dejó 140 nuevos contratos de exploración activos, lo que implica que Colombia seguirá siendo un productor de petróleo en los siguientes años. Lo anterior no sólo es relevante para acallar los miedos infundados sobre la “despetrolización” de Colombia, sino que le permitirá a la administración comenzar a diversificar la economía de los combustibles fósiles.

A pesar de ello, la  propuesta de Petro es más razonable de lo que parece. Colombia se encuentra en una fase de declive de producción de hidrocarburos. En 2015 el país alcanzó un pico de su producción, el cual se ha mantenido en declive desde entonces. Aún cuando Colombia representa apenas el 0.1% de las reservas de petróleo mundial, en el 2021 el 32% de los ingresos del país vienen de las exportaciones del petróleo. Lo anterior quiere decir que el gobierno ha favorecido la actividad a pesar de que los grandes yacimientos de petróleo ya fueron descubiertos, por lo que las nuevas hallazgos representaran incrementos marginales. A pesar de la aparente afluencia de petróleo en donde el consumo y la demanda de hidrocarburos se ha mantenido en aumento, aproximadamente un tercio de los hogares en Colombia viven con algún grado de pobreza energética. Esto quiere decir que buena parte de la energía que se produce es para satisfacer demandas que resultan de la profundización de Colombia en la economía internacional, junto con una serie de políticas que han reproducido el mismo modelo de desarrollo que apuesta por el crecimiento económico y que no necesariamente benefician a la población colombiana.

Varios estudios han demostrado que hoy es posible atender la mayor parte de las necesidades energéticas de toda la población del planeta sin generar más energía de la que ya se produce. Asimismo, incluso con un aumento en la población mundial a 9~10 mil millones de personas, en  2050, sería posible atender la mayor parte de estas necesidades con apenas el 40% de la energía que se genera en la actualidad. Lo anterior deja claro que el problema no es la falta o escasez de energía, sino el destino que se le da a buena parte de la energía, la cual se genera y se utiliza en cosas y procesos que suelen beneficiar a unos cuantos y afectar a muchos otros.

La veda a las nuevas exploraciones de petróleo no propone el fin del extractivismo de tajo, sino que puede sentar las bases para una verdadera transformación de la economía que comenzará por promover otro tipo de energía, y que, de manera más importante, vendrá acompañada de otro modelo distinto al desarrollo, el del buen vivir o la buena vida. Este es el segundo punto clave, y tal vez el acierto más significativo de la plataforma de Petro y Márquez es que la transición energética no se reduce a una mera sustitución de fuentes de energía, sino que está acompañada de una transformación ecosocial y económica. Petro y Márquez hablan de poner el cuidado y la vida al centro, así como la posibilidad de reformular la economía a una escala nacional y regional, lo que sería un paso esencial hacia una simultánea desglobalización y descarbonización.

Aun así, la propuesta sigue estando limitada por el espectro del crecimiento económico. Esto no es una sorpresa pues hasta la fecha ningún estado ha declarado abiertamente una propuesta de cero crecimiento económico -a pesar de que incluso el IPCC ya ha reconocido la importancia del decrecimiento-, abandonar el crecimiento económico es un paso esencial para asegurar una verdadera transformación ecosocial y hacer frente al colapso climático. El capitalismo depende del crecimiento económico, por lo que incluso si la propuesta es hacer que  ese crecimiento sea más verde, el capitalismo exigirá necesariamente la expansión de otras fronteras de mercancías, lo que a su vez tendrá que crear otras zonas de sacrificio. Esto es clave para entender por qué simplemente no podemos enverdecer el crecimiento o el capitalismo, y por qué incluso cuando hablamos de descarbonizar la economía es necesario adjuntar siempre que la descarbonización vendrá acompañada del abandono del crecimiento económico.

Lecciones aprendidas desde México

La propuesta en Colombia ha puesto desde el inicio un énfasis en la posibilidad de poner el cuidado, a las mujeres y la vida al centro. El cambio climático es parte central de su plataforma y la transición energética se entiende como algo más que la integración de tecnologías solares, eólicas o hidroeléctricas. En México, a pesar de la enorme anticipación y el entusiasmo -que en su momento compartimos con el pueblo colombiano- al reconocer la primera victoria de un gobierno de izquierda, las políticas de AMLO y la llamada cuarta transformación (4T) se han vertido hacia el campo de la necropolítica.

La apuesta del gobierno que circuló durante la campaña presidencial de AMLO por proponer un cambio realmente sostenible, se ha visto frustrada por la constante e incesante apuesta por seguir con el mismo modelo de desarrollo a través de megaproyectos dirigidos por el Estado. Las políticas climáticas de AMLO son nulas, mientras que el avance de la explotación de petróleo se celebra incluso como parte de los compromisos de transición energética y  cambio climático. El gobierno ha impuesto una visión única del desarrollo, sin respetar las normas más básicas de consulta y autodeterminación de los pueblos.

Por ello vemos con optimismo la llegada de Petro, pero ofrecemos un mensaje de cautela; es indispensable que los movimientos y luchas por la autonomía y desde el territorio se mantengan separados de las políticas del Estado. La lucha por transformar las políticas del Estado debe continuar, pero el objetivo último debe ser el de asegurar una política por la emancipación y la autonomía como una trayectoria en el mediano y largo plazo, sin caer en trampas de la totalidad y la abstracción que suele regir las políticas de Estado.

Finalmente hacemos referencia a tres puntos que consideramos son esenciales para que el gobierno de Petro y Márquez pueda impulsar una verdadera transformación energética ante el contexto tan adverso que enfrentamos.

Primero, es importante que la transición energética no se reduzca a un cambio de tecnología, sino que incluya una profunda transformación de la economía; esto incluye fortalecer los medios de subsistencia a nivel local (principalmente para producir comida y energía), apoyar las autonomías territoriales, y democratizar los medios de producción y distribución. Lo anterior implica también abandonar el crecimiento económico reconociendo que no se trata de hacer más grande el pastel, sino de distribuirlo mejor.

Segundo, es igualmente importante no caer presas a las soluciones falsas que suelen presentarse como soluciones fáciles o ‘balas de plata’; tecnologías como el hidrógeno, los mercados de carbono u otros ‘combustibles de transición’ como el gas natural no conducirán a una verdadera transformación, sino que exacerban las desigualdades y el modelo existente. Lo mismo puede decirse de los llamados ‘activos varados’ es decir, las inversiones que se perderían por la transición en la infraestructura ya desarrollada para continuar con la producción de hidrocarburos se convierten en excusas para retrasar la acción y terminan por legitimar el paso a otras falsas soluciones.

Finalmente y tal vez de forma más importante, es fundamental que el gobierno respete las luchas territoriales sin tratar de subsumir a las lógicas de control del Estado. Lo que recientemente sucedió en Ecuador demuestra cómo el gobierno, siguiendo las mismas reformas estructurales impuestas que por décadas han sostenido el neoliberalismo en América Latina, ha sistemáticamente reprimido a los movimientos sociales, imponiéndoles una forma de desarrollo y austeridad, impulsando la extracción, el despojo y la desigualdad. Aunque el paro en Ecuador tiene un contexto distinto, la lección que deja es clave para todo el continente, la lucha por la autonomía debe gestarse fuera del Estado. En el caso de Colombia, el Estado puede ser un aliado para esta trayectoria.

El reto al que se enfrentan Petro y Márquez es en verdad grande, particularmente en un contexto de la crisis civilizatoria en donde buena parte de la población del planeta apuesta por un regreso a políticas autoritarias y en donde el estado de excepción se ha convertido en la norma. El progresivo desdibujamiento del Estado y de la soberanía nacional ha impulsado también a que gobiernos (como el de México) reafirmen una política de seguridad nacional, sin reconocer que los retos que hoy enfrentamos ya no pueden ser atendidos por el Estado. Aun con estas limitaciones, la apuesta de Petro y Márquez por proponer el cuidado, a las mujeres y a la vida al centro de la economía es un respiro ante el colapso. Pero aún así, es importante balancear las expectativas.

* Carlos Tornel es candidato a doctor en Geografía Humana en la Universidad de Durham, su investigación se enfoca en justicia climática y transformaciones energéticas. Contacto: [email protected].