Las políticas de protección para defensoras y periodistas en América Latina: avances y retos

El pasado 17 de mayo el Espacio OSC organizó en la Ciudad de México el Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Un evento que contó con la presencia de autoridades federales, cuerpo diplomático, ONU-DH México, expertas internacionales, personas defensoras y periodistas. La jornada tuvo cuatro ejes de discusión: los procesos de construcción de políticas públicas para la protección; la gobernanza en red y la coordinación interinstitucional; el papel del poder judicial y las fiscalías en la investigación, y el papel de la sociedad civil en esta construcción de políticas públicas de protección en la región.

En torno a la reflexión de cómo han sido los procesos de construcción de políticas de protección, para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) destacó que la emisión de una sentencia de la CoIDH de 2014 dio lugar a un Mecanismo de Protección, donde la sociedad civil ha tenido un papel decisivo a través de mesas de trabajo. En tanto, para la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, la política de protección se ha centrado en la seguridad física, pero se requiere una política pública integral, holística y sistémica que genere entornos que garanticen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión acorde a estándares internacionales.

Para el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México ha sido fundamental la experiencia territorial para crear procesos de atención integrales que respondan a las necesidades de las personas beneficiarias, ampliando la mirada sobre los tipos de amenazas, vulnerabilidades, patrones de agresiones y niveles de riesgo.

Protection International reconoció el papel que ha desempeñado el Espacio OSC durante sus más de 10 años de trabajo, colocándolo como uno de los referentes regionales que ha propuesto insistentemente técnica y reflexión en torno a la protección en México.

Con relación a la gobernanza en red y la coordinación interinstitucional, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay manifestó que pese a que existe un Mecanismo de protección de testigos este no tiene una dimensión sobre derechos humanos y su principal reto es la coordinación entre entidades y sociedad civil, así como un presupuesto que sea destinado a este ente anualmente. Desde la experiencia del CEDEHM en Chihuahua, fue vital la realización de un diagnóstico sobre los orígenes del riesgo para personas periodistas y defensoras que dio lugar a una Alerta Temprana en 2016.

Esto impulsó que en 2017 se publicara el Plan de Contingencia como una medida de prevención y no de reacción. En Veracruz, a 10 años de la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, se ha tenido que pensar cómo dejar de actuar reactivamente y pensar en la prevención, ampliando y construyendo un sistema de protección estatal, convenciendo a las autoridades estatales para hacer efectiva la garantía de derechos.

Desde Brasil, el Programa de Protección que fue creado en 2004 enfrenta el reto de contar con presupuesto limitado, poca participación de sociedad civil, excluye a los pueblos indígenas, existe una débil articulación de políticas públicas en materia de derechos humanos en medio de retrasos en procesos de justicia.

En torno al papel que deben desempeñar las diferentes instancias y procesos judiciales, se dio un interesante diálogo entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Propuesta Cívica y la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada del Estado de Chihuahua, donde estuvieron conversando acerca de los logros, necesidades y retos que hay desde este punto en torno a la protección y al desarrollo de la labor de defensa y la libertad de expresión.

Se hizo mucho hincapié en la necesidad de poder tener buenos análisis de contexto, sobre todo en contextos de macrocriminalidad, con el objetivo de poder esclarecer ataques y también para identificar patrones que permitan vincularlos a otros, así como en la necesidad de que las sentencias condenatorias vayan acompañadas siempre de medidas preventivas y restaurativas. En este sentido apuntaban como primordial las labores de prevención y protección que pueden darse desde las Fiscalías, incorporando los enfoques de DDHH, género e interseccionalidad, guiando al conjunto de actores que están involucrados en las investigaciones y proporcionando medidas de protección, de forma complementaria a otras instituciones como el Mecanismo Federal.

Aunque ha habido avances en la protección de periodistas mediante un protocolo homologado de investigación para delitos contra este colectivo, todas las ponentes coincidieron en la necesidad de la creación de protocolos similares para delitos y agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, como un elemento que ayudaría a mejorar y garantizar su legítima labor, al igual que la mejor coordinación entre las Fiscalías estatales y la FGR.

Como se destacó a lo largo de toda la jornada, el papel que juega la sociedad civil en la generación de políticas públicas es imprescindible y necesario, si se pretende contar con políticas que realmente generen entornos seguros para la labor de defensa y libertad de expresión. Desde las organizaciones colombianas ACIN y CRIC se puso el foco en las experiencias indígenas, colectivas y comunitarias en torno a la protección, que aportan un valor y un enfoque que, por regla general, no se han tenido en cuenta desde los actores gubernamentales, pese a los conocimientos y aportes que atesoran. Esta resistencia al papel que pueden tener las comunidades y organizaciones de la sociedad civil fue enfatizada también por Somos Defensores Colombia.

Para Sara Méndez, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal, el papel que ha tenido la sociedad civil a la hora de abrir algunos canales institucionales, pese a las resistencias, ha sido de suma importancia para avanzar en políticas y herramientas que ayudan a proteger a defensores y periodistas. Desde PBI México, se puso en valor la labor de articulación que ha realizado en sus más de 10 años el Espacio OSC, mismo que se ha materializado, entre otros elementos, en la consecución del actual marco legislativo en torno a la protección de defensores y periodistas, pero también en el intercambio de experiencias, buenas prácticas y cuidados colectivos entre organizaciones y personas de todo el territorio mexicano.

Frente a un contexto de violencias múltiples en la región, que la posicionan como la región más peligrosa para defender derechos humanos y la libertad de expresión, es necesario seguir pensando en rutas de acción colectiva con la participación de la sociedad civil para generar políticas de protección estatales.

* El Espacio OSC es una articulación de 14 organizaciones que monitorea y propone reformas y mejoras a la actual política de protección en México. Inspirados en el trabajo en red, el Espacio busca potencializar la labor en pro de las personas defensoras y periodistas, desde un enfoque interseccional, de género, colectivo y comunitario.