Queremos políticas de drogas soberanas

Por Andrea Covarrubias Pasquel*

Es bien sabido que en el tema de drogas México tiene una estrecha influencia de la política internacional, sobre todo de nuestro vecino del norte.

En tiempos de políticas prohibicionistas, hace falta cuestionarnos qué tan independientes son nuestras formas de decisión en torno a la política de drogas. ¿Realmente son para el pueblo mexicano? ¿Cómo nos afectan?

Aquí un preámbulo importante: cuando hablamos de estar a favor del pueblo, o con el pueblo, nos referimos a que queremos un país donde la población en general pueda disfrutar del bienestar. Este bienestar incluye el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, con ello, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros consumos y las formas de relacionarnos con las sustancias.

Cuando se practica el prohibicionismo en el tema de sustancias psicoactivas, el gran riesgo que conlleva es la traducción, casi directa, hacia la irregularidad de los mercados y, con esto, la ausencia de información tanto de la propia composición de las sustancias como mayores riesgos en las transacciones comerciales y el consumo.

Ahora bien, ¿por qué pedimos una política de drogas soberana? Es de dominio común que el mercado a gran escala de las drogas ilegalizadas se sostiene en gran parte por la demanda internacional. Más allá de señalar a quienes consumen sustancias psicoactivas, queremos poner el dedo sobre el renglón en cómo se ha movilizado la política de drogas en nuestro país.

Breve historia del prohibicionismo en México

En 1940 Lázaro Cárdenas promulgó el Reglamento Federal de Toxicomanías, en donde se eliminó la prohibición de distintos decretos punitivos que consideraban el consumo, la posesión y la venta de drogas como un delito. Esto se puede considerar como la primera política de regulación de sustancias psicoactivas mediante la reducción de riesgos en México.

Esta medida cambió los patrones de compraventa, así como el mercado irregular, pues el Estado monopolizó, a través de dispensarios, la venta de fármacos considerados como drogas y suministraba dosis (a manera de tratamiento) a quienes tenían una dependencia de las sustancias. En general, este periodo estuvo marcado por considerar los consumos problemáticos de sustancias como un problema de salud pública, desplazando las narrativas dominantes sobre los consumos como un delito.

Sin embargo, este fragmento progresista de la historia de las drogas en México fue muy corto. Para finales de 1940 Cárdenas decretó la suspensión del Reglamento Federal de Toxicomanías dada la escasez de narcóticos por las guerras en Europa. También hay versiones que afirman que el Reglamento fue fuertemente criticado por Estados Unidos, país que ejerció presiones políticas y económicas ante las medidas de regulación en México.

Años más tarde, en la década de 1970, la política internacional estuvo marcada por las declaraciones de Richard Nixon, donde anunció el abuso de drogas como el enemigo público número uno en Estados Unidos. De ahí, el giro hacia el prohibicionismo se profundizó.

En 1973, agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) se desplegaron en el territorio mexicano por medio de la Operación Cóndor. Esto dio inicio a una larga época de intervencionismo y control estadounidense en el manejo de la política de drogas en México.

Mal manejo de la política de drogas

En la década de 1980 el flujo de sustancias hacia Estados Unidos no había disminuido, pero ya estaba institucionalizada la presencia militar tanto en México como en gran parte de América Latina. La llamada guerra contra las drogas escaló hacia un conflicto militar extremadamente violento en toda la región. En la década de 1990 el prohibicionismo siguió sofisticando la geopolítica en América y, de manera paralela, la violencia que estas medidas generaron estaba siendo recibida por la población. Posteriormente, en 2006, en México llegó el calderonismo, que dejó más de 121,000 personas asesinadas a causa de esta llamada “guerra contra el narco”.

Estos fragmentos reflejan procesos socio-histórico-político-económicos que han ocurrido desde hace décadas. Y por ello es necesario hacer énfasis en que esta crítica es transversal al mal manejo que se le ha dado a la política de drogas en la región.

¿Es realmente el prohibicionismo una solución? Desde una postura a favor de la construcción de paz, de los derechos humanos y de la reducción de riesgos y daños, decimos claramente: no.

Ni el intervencionismo en la política de drogas ni el prohibicionismo son estrategias que cuiden a la población mexicana. Las consecuencias que nos han dejado este tipo de manejos políticos se encaminan más hacia la criminalización del consumo y a la apertura de los mercados irregulares (los cuales provocan una serie de consecuencias sociales que van desde la corrupción hasta los asesinatos a gran escala), que hacia la construcción de una política de integración que busque el bienestar común.

Exigir regulaciones no prohibicionistas no es una utopía, es una vía pragmática para arrebatarle el control de las sustancias a quienes monopolizan el ejercicio del poder. Ya comprobamos que el castigo solo produce violencia. Es momento de caminar hacia un modelo soberano que ponga la vida, la información y los derechos de las personas usuarias en el centro.

*Andrea Covarrubias Pasquel es socióloga por la Universidad de Guanajuato, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México (FLACSO-México). Candidata al SNII. Actualmente es investigadora en Instituto RIA.♦ 

Referencia:

—Secretaría de Cultura. 2019. En 1940 Lázaro Cárdenas legalizó las drogas en México. Gobierno de México. 

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