Hacia políticas públicas anticorrupción con perspectiva de género

En diciembre del año pasado se cumplió el 20º aniversario de la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC por sus siglas en español y UNCAC por sus siglas en inglés). Coincidió con la 10º Conferencia de los Estados Parte (CoSP), que se llevó a cabo del 11 al 15 de diciembre en Atlanta, Georgia. Mexiro, organización feminista antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción que lucha contra la acumulación y centralización del poder, fue invitada a participar. Dado que la UNCAC no menciona ‘género’ ni ‘derechos humanos’ en la convención, nuestra prioridad desde que nos unimos a la Coalición UNCAC ha sido incidir y abogar por el reconocimiento del vínculo entre el enfoque de género y la corrupción.

Como  antesala a la conferencia, por primera vez se organizó un evento especial para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). En un blog pasado, escribí sobre los obstáculos que enfrenta la sociedad civil en foros globales, una realidad que desafortunadamente persiste y empeora en algunas regiones del mundo. Durante la sesión de apertura de la conferencia se produjo una votación sin precedentes para anular la exclusión de OSC en la CoSP, ya que Turquía y Azerbaiyán habían vetado la participación de algunos grupos. Con un preocupante resultado, más de la mitad de los Estados presentes se abstuvieron de apoyar o, incluso, votaron en contra de la moción (61 votos a favor, 3 en contra y 63 abstenciones), resultado alarmante sobre el futuro de la participación de sociedad civil en el sistema de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de que México votó a favor y constantemente mostró su apoyo al colaborar con las organizaciones nacionales presentes durante la conferencia, otros países como Azerbaiyán mantienen una política que limita e incluso persigue a las OSC. Por ejemplo, Gubad Ibadoghlu, activista político azerbaiyano, no pudo asistir al evento pues está detenido ilegítimamente por cargos falsos y en un deteriorado estado de salud. Es alarmante la reducción del espacio cívico alrededor del mundo y la falta de protección para una participación efectiva que existe en los foros internacionales como éste. El monitor del estado de la sociedad civil y libertad cívica de CIVICUS muestra que la mayoría de los países en el mundo tienen un ambiente obstruido, represivo o cerrado. Es necesario que los países vean a las OSC como actores para la cooperación, el conocimiento y la mejora, no como obstáculos.

Además, no es suficiente permitir que asistan a la conferencia las OSC locales, también es necesario eliminar las barreras que existen para garantizar su presencia y participación en todos los eventos. El apoyo y el financiamiento para temas como la obtención de visas y viáticos es esencial para asegurar que todas las OSC puedan asistir, además de denunciar a Estados que obstruyen por medio de violencia institucional y simbólica la participación de la sociedad civil. Por otro lado, falta contar con protocolos que ayuden a reducir el perfilamiento racial en los aeropuertos y medios de transporte, que muchas veces se implementan en las fronteras, lo cual no solo son procesos de discriminación sino de opresión hacia ciertas poblaciones.

Es irónico que en una conferencia dedicada a reducir la opacidad y la corrupción no exista transparencia durante las negociaciones de las resoluciones. Desafortunadamente, las negociaciones suceden a ‘puerta cerrada’, pues sólo las delegaciones de Estado pueden estar presentes. A pesar de ser las instituciones especializadas, la participación de las OSC se reduce al cabildeo y a apoyar con información para las resoluciones. Por lo tanto, el escrutinio suele estar ausente y el proceso de incidencia de las organizaciones es limitado.

Durante los últimos dos años Mexiro ha formado parte de la coalición UNCAC, un grupo de OSC mundiales dedicada a la lucha anticorrupción. Dentro de la coalición hemos sido parte activa del grupo de trabajo de género y corrupción. Con el grupo, produjimos un documento de recomendaciones y uno de herramientas para concientizar sobre temas de género y corrupción durante la conferencia. Sirvieron como base para que el gobierno de Ghana propusiera una resolución sobre estos temas.

A pesar de que múltiples Estados debatieron el uso del lenguaje incluyente, el uso de la palabra ‘género’ en el título de la resolución y las referencias a las diversidades, la CoSP aprobó una resolución innovadora y sumamente necesaria. Esta destaca el impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres, niñas y otros grupos vulnerables. Incluye referencias a la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todas las etapas de la elaboración de políticas públicas. También pide a los Estados que proporcionen datos desglosados y que reconozcan la corrupción sexual (“sextorsión”) como una forma específica de corrupción. Asimismo, reafirma el compromiso por el empoderamiento de las mujeres y niñas y destaca la necesidad de su participación efectiva en la vida pública. Además, llama a los Estados a fortalecer los programas educativos y de capacitación contra la corrupción en todos los niveles.

Salvo contados discursos, la conferencia evadió completamente el genocidio en Palestina y la guerra en Ucrania. En momentos, dio la impresión de que la conferencia sucedía en el vacío. El uso de un lenguaje utópico en nombre del ‘espíritu de Viena’ evitaba que se hicieran denuncias o declaraciones concretas. No se abordó la cuestión de la militarización, la violencia y su relación con la corrupción, una realidad que vivimos en este país. A propósito, organizamos un evento especial durante la conferencia cuyo tema central fue este.

Es evidente que muchas delegaciones están impulsadas por intereses geopolíticos. Muchas otras no tienen interés en avanzar en la lucha contra la corrupción y centran el debate en temas que pertenecen a otros foros. En muchas resoluciones, el contenido y el lenguaje se ajustó porque hubo países que obstaculizaron las negociaciones como protesta a sanciones que tienen impuestas, como por ejemplo Irán. En la víspera del mayor año electoral de la historia, los Estados perdieron la oportunidad de incluir compromisos sobre transparencia y supervisión del financiamiento político. La Declaración de Atlanta sobre la rendición de cuentas, patrocinada por los Estados Unidos, habría sido la oportunidad perfecta.

No obstante, se avanzó en algunas cuestiones clave no abordadas en el pasado mediante resoluciones específicas de protección a los denunciantes (whistleblowers), género, recuperación de activos, la contratación pública y los vínculos entre la corrupción y el crimen organizado. Esta última fue patrocinada por la delegación mexicana. Aunque las resoluciones no son vinculantes, son un importante referente para los países, ya que establecen un marco de trabajo para el seguimiento de los debates globales anticorrupción. La CoSP 10 tuvo un número récord de representantes de la sociedad civil y también incluyó a académicos y a representantes del sector privado. Así, fue un foro para fomentar el diálogo y la colaboración entre diferentes actores en materia anticorrupción. Nos unimos para preparar la declaración de la sociedad civil de Atalanta, donde exhortamos a los Estados a garantizar la participación de la sociedad civil y a abordar temas como la protección de víctimas, y el crimen y la corrupción ambiental. Será esencial implementar un enfoque de derechos humanos y de género en estos ámbitos.

¿Quieres recibir la resolución de género y corrupción aprobado en la CoSP 10? Te invitamos a suscribirte aquí.

* María Fernanda Aponte es licenciada en humanidades políticas y relaciones internacionales por Sciences Po, actualmente consultora de beneficios y voluntaria en Mexiro (@yomexiro), interesada en temas de género, desarrollo y migración.