Política migratoria o detención sin excepción

Por: Joselin Barja

Dos millones, ciento veintiséis mil, seiscientos sesenta y seis eventos de expulsión de extranjeros han ocurrido en nuestro país en los últimos quince años, siendo el 2000 año de inicio de esta mirada retrospectiva a la vez que año histórico en el que México consolidaba su imagen hacia el exterior como un país de alternancia democrática tras haber logrado un cambio de poder después de 70 años de gobiernos priistas ininterrumpidos.

2,126 666 puede parecer un número relativamente grande o pequeño según como se mire. Si lo pensamos en referencia a la extensión geográfica de un país y su población, Gambia o Eslovenia que albergan en sus territorios 2 089 000 y 2 068 000 pobladores respectivamente, nos acercarán a la idea de lo que implica una expulsión migratoria de tal magnitud.

¿Qué ocurrió en México en los últimos tres lustros para que la detención migratoria se consolidara como la regla y no como excepción, en un país en vías hacia la democracia?

En estos años, hemos sido testigos de avances importantes en materia migratoria, algunos de ellos colocaron a México como un país innovador en América Latina por el desarrollo de su marco normativo. En el año 2000, por ejemplo, no existía una ley específica para personas refugiadas, el ingreso migratorio irregular era considerado un delito y la ayuda humanitaria era también objeto de denuncia. Las penas podían ir de 6 meses a 5 años de prisión. En 2008, la reforma y derogación de varias disposiciones de la Ley General de Población lograron despenalizar formalmente la migración irregular, no así la detención migratoria.

Quince años después contamos con una Ley de Migración y una Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada con un enfoque de derechos humanos de antaño necesario, y recientemente se logró la publicación de una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que incorpora un capítulo sobre infancia y adolescencia migrante y la urgencia de su protección en beneficio del interés superior de la niñez.

No obstante, ocho publicaciones de monitoreos realizadas en estos quince años dentro de los centros de detención migratoria llamados Estaciones Migratorias son tajantes en sus observaciones para promover la corrección de aspectos inaplazables de atender en pro de los derechos de las personas migrantes.

Sin Fronteras IAP ha participado desde su creación en el afán de promover una cultura incluyente de respeto irrestricto a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Desde su origen, se interesó en ser parte de los mecanismos de observación ciudadana que dieran cuenta de las buenas prácticas y violaciones a derechos que pudieran estar ocurriendo dentro los centros de detención migratoria. En alianza con diversas organizaciones, Sin Fronteras ha sido parte activa del movimiento de sociedad civil que ha generado propuestas y recomendaciones que hoy son necesarias de analizar en retrospectiva.

El desafío más importante que vale la pena señalar es que a lo largo de quince años se han documentado prácticas sistemáticas que han conformado de forma gradual una política migratoria basada en la detención y posterior deportación de personas migrantes. Esta situación quebranta lo dispuesto en la Constitución Mexicana, y limita las posibilidades de muchas personas de salvaguardar su vida, al negarles el derecho a recibir protección internacional. Toda vez que varias vienen huyendo de situaciones que colocan su vida en peligro.

La detención como excepción, un principio acorde a los estándares de derecho internacional y a la buena voluntad política de los gobiernos progresistas en materia de derechos humanos, para el caso de México, hoy representa una deuda política inaplazable. La detención sin excepción parece ser la regla operativa a pesar de las recomendaciones vertidas a lo largo de quince años para hacer las modificaciones legislativas y operativas necesarias que permitan erradicar esta medida.

Deportar a las personas sin una adecuada revisión de su caso y sin garantizar el derecho al debido proceso, las coloca en riesgo, principalmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, grupos LGBTTI y extranjeros extra continentales que pueden estar huyendo de guerras declaradas o silenciosas.

El estado regular o irregular migratorio, el sexo, la nacionalidad, la pertenencia étnica o sexual deben dejar de ser elementos clasificatorios, que determinan quien puede migrar por vías seguras y quien no, quien acceden a una visa de estancia y quien no, y en consecuencia, quien está destinado a ser confinado en algún centro de detención migratoria con pocas posibilidades de recibir asistencia legal sobre su proceso.

Es destacable que en 2015 hemos comenzado a ver resultados del trabajo impulsado desde la sociedad civil: algunas primeras buenas prácticas de alternativas a la detención, particularmente con niños, niñas y adolescentes, y con familias solicitantes de la condición de refugiado. Como todo reto, se requieren grandes esfuerzos para afianzar estos indicios a nivel estructural en colaboración con las instituciones gubernamentales competentes.

Aún falta un gran camino por recorrer para realizar las reformas legislativas necesarias que permitan que la detención sea la excepción y no la regla. A estos retos debemos incorporar la necesidad de promover el enfoque de derechos humanos en la operación de los servidores públicos, como parte de sus competencias y obligaciones, y no como un asunto de sensibilización.

Las tareas planteadas pueden parecer avasallantes pero se lograrán a paso lento o veloz, dependiendo de la voluntad política que exista para poder transitar del mero plano discursivo de los derechos humanos al plano de las acciones concretas. La moneda está en el aire.

Entra al micrositio www.migrarporderecho.sinfronteras.org.mx y conoce todos los datos que aporta este informe.

 

* Joselin Barja es consultora de Sin Fronteras (@Sinfronteras_1)