Jorge Avila · 1 de abril de 2026
En un contexto de agitación geopolítica sin precedentes, crisis de financiamiento y disidencia creciente sobre el futuro de la política mundial de drogas, la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena se celebró bajo un balance geopolítico muy delicado. El “espíritu de Viena” —la tradición diplomática de alcanzar acuerdos por consenso— se observó visiblemente fracturado.
La sesión reunió a 2,078 participantes de 134 Estados Miembros y concluyó con la adopción de cinco resoluciones orientadas a fortalecer la cooperación internacional y promover enfoques equilibrados y basados en evidencia. Se avanzó en la constitución del Panel Multidisciplinario de Expertos Independientes, creado para revisar el marco de los tratados internacionales de fiscalización de drogas de cara a la revisión de 2029. Y como siempre, hubo el ejercicio de fiscalizar sustancias sin preguntar si realmente funciona, y tres nuevas sustancias fueron sometidas a fiscalización internacional: dos opioides sintéticos de alta potencia vinculados a sobredosis (N-pirrolidino isotonitazeno y N-desetil etonitazeno) y un cannabinoide sintético (MDMB-FUBINACA).
Las discusiones más importantes que se libraron en la plenaria estuvieron visiblemente marcadas por un régimen de retroceso en libertades y derechos humanos, impulsado en gran medida por la actual administración estadounidense: se cuestionó abiertamente si los derechos humanos, el género, la reducción de riesgos y daños, y el desarrollo sostenible tienen lugar en la política global de drogas. En cada uno de estos frentes, el resultado fue mixto —votaciones donde quedaron EEUU, Argentina y (con el nuevo gobierno) Bolivia de un lado y el resto del mundo del otro.
Rusia, antes miembro votante, permaneció ausente de la Comisión. Estados Unidos, bajo la administración Trump, destacó por su postura beligerante. En las primeras dos horas de la sesión, Washington, junto con Argentina y Bolivia, pidió votar si los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían seguir en la agenda de política de drogas de la ONU. El mensaje fue inequívoco. Como la delegación estadounidense declararía abiertamente: “El cambio climático, el género y los ODS no tienen lugar en una resolución de la CND.”
El tono de la delegación estadounidense se mantuvo confrontacional. El representante especial de EE.UU. llamó a los países a impulsar su resolución sobre la reestructuración de las cadenas de suministro, señalando directamente a actores como México por su participación en la producción de opioides sintéticos; siendo China el único Estado en votar en contra.
La CND adoptó una resolución (L2) promovida por México para prevenir el uso de equipos especializados —máquinas tableteadoras y encapsuladoras— en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, llamando a los países a adoptar medidas legislativas para evitar su desvío al mercado ilícito. Ésta fue aprobada como una resolución técnica, estratégica para posicionar la cooperación del país en torno a la crisis del fentanilo, pero aún en los propios términos de una agenda originada en Washington. Si bien estos acuerdos alcanzados son insuficientes frente a la escala del problema y la fractura geopolítica, México no perdió la oportunidad de reiterar que el tráfico de drogas es un reto que solo puede resolverse con un enfoque humanista y mediante cooperación multilateral, regional y bilateral, y de reconocimiento de responsabilidades compartidas.
El terreno más disputado fue la resolución L6, propuesta por Finlandia y Noruega, en torno a la salud pública. Pero tras negociaciones difíciles —que incluyeron concesiones para sumar a China, Pakistán y otros, y aislar a Estados Unidos—, la resolución L6 fue adoptada con 45 votos a favor y solo Estados Unidos y Argentina en contra, e incluye dos referencias explícitas a la reducción de daños, algo que hace unos años era impensable en resoluciones de la CND. Aunque aclara que la reducción de daños “no es un concepto universalmente acordado entre los Estados Miembros”, a pesar de ser ampliamente respaldado por la evidencia científica, revelando mucho de la polémica en el debate.
Desde RIA participamos en reuniones de sociedad civil y con gobierno, para seguir consolidando nuestras alianzas y compartición de saberes. También organizamos un evento paralelo, en colaboración con Aleph, RdR y DULF sobre los espacios comunitarios y el abastecimiento seguro, resaltando los casos de Canadá, España, México y Gran Bretaña con el Dr. John Marks, que fue pionero en la dispensación de heroína y cocaína en los años 70s.
Lo que viene importa, y el balance de esta sesión deja al menos tres grandes tareas concretas sin resolver.
Construir esa mayoría de votantes (50%+1) para lograr políticas de drogas con base en evidencia y respeto a los DDHH, sesión por sesión, es la tarea que sigue. La CND 70 y la revisión de 2029 son la siguiente meta. ¿Desde México estaremos preparadas para llevar una agenda humanista tanto dentro como fuera del país?
* Julia Anguiano Rosas es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y responsable de investigación en el Instituto RIA.
* Zara Snapp (@zarasnapp) es directora de @InstitutoRIAmx (México), maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, y autora del Diccionario de Drogas.