La política de drogas es un asunto de derechos humanos

Durante septiembre, en el marco de la 54° sesión del Consejo de Derechos Humanos, se presentó el primer informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) relacionado con la política de drogas y los desafíos en materia de derechos humanos. Más de 100 intervenciones enviadas por parte de la sociedad civil evidenciaron los impactos que el sistema de prohibición ha tenido en la vida de miles de personas alrededor del mundo, tanto en países productores como en países de tráfico y uso de sustancias psicoactivas. Desde Elementa presentamos información sobre los efectos de dicho sistema en México y Colombia.

Este informe solicitado por el propio Consejo es un hecho histórico, pues durante décadas en el escenario de Naciones Unidas la política de drogas se gestó y afianzó en la Comisión de Estupefacientes en Viena, apartada y lejana de los debates en los mecanismos convencionales y procedimientos especiales en materia de derechos humanos que tienen lugar en Ginebra.

Si bien el informe entiende el “problema mundial de las drogas” como eje de análisis y no el sistema de prohibición vigente, el ACNUDH reconoce desde el inicio que “si bien el objetivo inicial del sistema de fiscalización de drogas se centró en proteger la salud y el bienestar de la humanidad, la política actual ha adoptado un enfoque punitivo que ha tenido consecuencias en los derechos humanos”. Esta primera afirmación es fundamental pues apunta a los daños que ha generado este sistema, parte del andamiaje internacional.

Lo anterior es claro en el desarrollo de las temáticas abordadas en el informe. Resalta el acceso insuficiente y desigual al tratamiento y a los servicios de reducción del daño y el efecto en la salud de quienes usan drogas. El ACNUDH visibilizó en su análisis las prácticas de tratamientos involuntarios, la falta de acceso de servicios para personas privadas de la libertad, los retos que enfrentan las personas que usan drogas inyectables, el acceso efectivo a cuidados paliativos, entre otras cuestiones.

Otro tema que marcó la relevancia del informe y que impacta la situación que se vive en México es la militarización de la fiscalización de las drogas. El informe considera que esta estrategia ha permitido una rápida escalada del uso de la fuerza letal y ha facilitado la comisión de múltiples y graves violaciones a derechos humanos. El informe reconoce el contexto de impunidad y corrupción que rodea la militarización de la “lucha contra el problema mundial de las drogas” y el impacto que tiene en población en situación de pobreza y otras vulnerabilidades. Además de reconocer su fracaso, ya que dicha estrategia no ha conseguido evitar ni la producción ni el uso de drogas.

De igual forma, el ACNUDH analiza los impactos del encarcelamiento excesivo en las cárceles por delitos de drogas, el uso de la pena de muerte en algunos países para este tipo de delitos y los impactos diferenciados que la política de drogas tiene en las infancias, la población indígena, la población afrodescendiente y las mujeres.

El informe también destaca elementos positivos como la construcción, por vez primera, de una observación general sobre política de drogas en cabeza del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dará paso a estándares más sólidos desde el derecho internacional de los derechos humanos en favor de población cultivadora y población usuaria de drogas.

Sobre los países donde Elementa trabaja, la rendición de cuentas que presenta el informe nos deja un sabor agridulce respecto a la consideración de avances en la materia. En el caso colombiano nos alegra que destaque la incorporación de la política de drogas en el Acuerdo de paz después de décadas de conflicto armado y que la Comisión de la Verdad reconoció que el narcotráfico es un elemento de persistencia del mismo, pues reconoce la importancia la utilización de mecanismos de justicia transicional para entender los impactos de la prohibición, así como la conexión entre el mercado ilícito de drogas y las violencias derivadas del conflicto. Sin embargo, nos extraña que en el caso de México se incorporara el proceso de regulación de cannabis como un paso adelante, cuando el proceso legislativo está congelado hace más de un año. También preocupa que se presente la “justicia terapéutica” como un avance. Esto a pesar de ser una práctica que condiciona a las personas usuarias a someterse a un tratamiento para no ir a la cárcel y el cual no diferencia entre tipos de uso.

Por otro lado, el informe plasma recomendaciones muy poderosas que abren la puerta a mantener el debate en Ginebra y a impulsar desde la sociedad civil y los países comprometidos con el cambio de paradigma un debate serio en materia de derechos humanos en marzo de 2024 en la Comisión de Estupefacientes en Viena. Entre estas resaltan adoptar alternativas a la penalización, revisar las condenas existentes y en caso de mantener la penalización identificar factores atenuantes. El cumplimiento de esta recomendación podría beneficiar a miles de personas privadas de la libertad por delitos menores de drogas. Otra recomendación por parte del ACNUDH se enmarca en un escenario de regulación, pues propone “tomar el control de los mercados ilegales de drogas y adoptar una normativa responsable que elimine los beneficios derivados del tráfico ilícito, la delincuencia y la violencia.” Sin duda, diseñar modelos de regulación de uso adulto por sustancia, puede ser un freno de mano al sistema de prohibición y las violencias que genera.

Finalmente, el informe a modo de recomendación, prende alertas en torno a la asistencia financiera y técnica que algunos países prestan para llevar a cabo operaciones de “lucha contra las drogas”. Al respecto señala que esta asistencia no puede traer aparejado el riesgo de contribuir a violaciones a derechos humanos. En el caso de países como Colombia y México esta recomendación es muy importante, pues durante años los acuerdos bilaterales, los recursos y la capacitación militar por parte de Estados Unidos han contribuido a las crisis de derechos humanos relacionadas con el mercado ilícito de drogas en ambos países.

El ACNUDH abre una puerta única de diálogo entre Viena y Ginebra, entre la política de fiscalización de drogas y el respeto y la garantía de los derechos humanos. Desde Elementa impulsaremos estos debates entre espacios de Naciones Unidas, entre el movimiento de reforma y el movimiento de víctimas, con el fin de encontrar pisos en común y dar pasos firmes hacia una nueva forma de relacionarnos con las drogas.

* Adriana Muro Polo (@adrianawall) es directora ejecutiva de @ELEMENTADDHH.