blogeditor · 16 de diciembre de 2015
Llevo muchos años preguntando entre auditorios diversos quién ha sido obligado a pagar una mordida por parte de un policía de tránsito. Apenas he encontrado un puñado de casos. Lo mismo ha sucedido cuando pido que levante la mano quien jamás ha ofrecido ni pagado una mordida a un uniformado en la calle. Siempre los menos. La gran mayoría me confirma regularmente que alguna vez lo ha hecho y el tema me hace recordar aquella frase expresada por un experto francés: “la policía no es mejor ni peor que la sociedad que la crea”.
Todo esto viene a cuento a propósito de la entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Según encuesta de El Universal, 71% cree que aumentarán las mordidas de los policías. Sería interesante que algunas encuestas más bien midieran el porcentaje de personas dispuestas a ofrecer y a pagar mordidas. Estudio similar habría que hacer entre los policías; con ello tal vez tendríamos una fotografía fiable de la disposición colectiva al uso de esta transacción.
[contextly_sidebar id=”GdbXyn6mdPaiynHy1TraUG0S7b4c9U3M”]La información a mi alcance indica que el pago de mordidas en la calle a la policía, lejos de ser una excepción, es parte de la rutina y lo ha sido siempre. Los testimonios que lo confirman son incontables, si bien no identifico investigación empírica alguna –oficial o independiente- que permita caracterizar el fenómeno con precisión. En realidad esto es parte de la ausencia de evidencia sistematizada y pública respecto al conjunto de las prácticas policiales. Nada fortuito, estamos ante una política de Estado que prefiere la opacidad sobre la transparencia en las instituciones policiales.
Prácticamente no hay narrativa formal acumulada respecto al quehacer policial, ni bases de información que permitan a alguien trazar una historia amplia y profunda de cómo la policía ha venido haciendo las cosas en la calle en esta ciudad capital y en México. El trabajo de indagación hecho por algunas y algunos académicos en ocasiones ha arrojado muy importantes hallazgos, si bien ciertamente fugaces. Parece increíble pero así es: esa policía que vemos todos los días en la calle en realidad hace muchas cosas que están resguardadas en una caja negra. Así sucede con el cobro de mordidas.
Escuché a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, decir que el objetivo del nuevo reglamento de tránsito es proteger vidas. Lo ideal es que detrás de esa afirmación haya una política pública explícita, es decir, una plataforma metodológica que incluye, entre otros aspectos, la evaluación del impacto del reglamento anterior, a su vez traducida en insumo crítico para el diseño del ahora vigente. Si así fuera, entonces el gobierno de la ciudad habría caracterizado los formatos y la dimensión de la desviación asociada a la mordida. Además, lo anterior debería implicar la aplicación de instrumentos de control mediante el monitoreo formal sobre el comportamiento de los actores involucrados en la aplicación de la norma. Si en cambio nada de esto existiera, habida cuenta del aumento de las multas, entonces estaríamos ante una herramienta que lo que principalmente logra es entregar a los policías y a los ciudadanos nuevos incentivos para negociar su aplicación.
Parafraseando a Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, lo que se habría logrado es empoderar y expandir en la calle el número de legisladores de facto que, mordida tras mordida, esquina por esquina, echan por tierra el nuevo reglamento.