Policías y fiscalías: las piezas olvidadas en el rompecabezas de la impunidad

México atraviesa un proceso de cambio profundo a raíz de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma se implementó con el objetivo de democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, desde su presentación, la reforma ha sido controversial, no solo porque estos cambios podrían afectar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, sino también porque la discusión se ha centrado en la última etapa del sistema de justicia, dejando fuera a piezas clave como las policías y los ministerios públicos. Estas instituciones constituyen el primer punto de contacto para las víctimas al denunciar un delito y, al mismo tiempo, enfrentan históricamente una percepción generalizada de corrupción, ineficiencia y desconfianza por parte de la ciudadanía.

Para comprender cómo la población percibe este contexto, por quinta ocasión, desde Impunidad Cero presentamos “Percepciones de impunidad 2025”, un estudio que monitorea la opinión pública sobre la justicia, la militarización y la impunidad en México. Los resultados revelan una tendencia clara: la impunidad sigue siendo percibida como un problema estructural en México.

Desde 2021, alrededor de ocho de cada diez personas entrevistadas consideran que, en el último año, la impunidad ha aumentado o se ha mantenido. Tan solo en 2024, 43 % afirmó que el nivel de impunidad se ha mantenido, 40 % respondió que va en aumento y solo 14 % opinó que ha disminuido.

Estas percepciones reflejan la realidad del país. Desde hace más de una década, México registra altos índices delictivos, baja efectividad institucional y una elevada cifra negra. De acuerdo con la ENVIPE del INEGI, alrededor de nueve de cada diez delitos no son denunciados ni derivan en una carpeta de investigación, quedando fuera del sistema de justicia y llevando a que la probabilidad de esclarecimiento de los delitos sea menor al 1 %. Además, la impunidad en homicidio doloso y en feminicidio alcanza niveles alarmantes. De 2016 a 2021, la impunidad en los homicidios dolosos fue del 93 % y menos de la mitad de los feminicidios no se resolvieron durante ese periodo.

Punitivismo y estigmas sobre reinserción social

Uno de los hallazgos más consistentes a lo largo del levantamiento de esta encuesta es la alta aprobación social de las medidas punitivas. En el periodo analizado, alrededor de ocho de cada diez personas están de acuerdo en que todos los delitos deben sancionarse con cárcel, siete de cada diez apoyan la prisión preventiva y una proporción similar considera que quienes salen de prisión volverán a delinquir. Este patrón refleja una profunda desconfianza hacia la reinserción social y evidencia la escasa socialización de las alternativas de justicia restaurativa o de salidas anticipadas del proceso penal. En un país donde cuatro de cada diez personas privadas de la libertad no tienen sentencia, estas percepciones refuerzan un modelo de justicia centrado en el castigo, más que en la reparación del daño o la prevención del delito.

Desconfianza en las autoridades

La baja efectividad de las autoridades también se refleja en la falta de confianza y en las percepciones ciudadanas sobre el acceso a la justicia. Los ciudadanos reconocen deficiencias estructurales en el sistema de justicia en sus distintas etapas, principalmente en el momento de denunciar. La mayoría considera que las autoridades desincentivan casi siempre la denuncia, mientras que 4 de cada 10 consideran que el proceso de denuncia nunca o casi nunca resulta fácil de realizar.

Además, hay una notable percepción de corrupción hacia las instituciones de primer contacto en el proceso de denuncia. La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en que los ministerios públicos solicitan siempre o casi siempre una mordida a cambio de no desechar la investigación, así como que los policías detienen a las personas inventando un delito para conseguir un soborno.

Las percepciones de impunidad evidencian una clara conciencia de las y los mexicanos sobre las deficiencias del sistema de justicia, lo que alimenta las visiones punitivistas, la baja confianza en las instituciones, a que no se denuncien los delitos y a los altos niveles de impunidad.

Las piezas olvidadas: prevención, procuración de justicia y readaptación social

La reforma judicial se concibió como una pieza clave para mejorar el sistema y reducir la impunidad. Este año se llevaron a cabo las votaciones para elegir a más de 2,600 ministros, magistrados y jueces federales y locales. Sin embargo, los primeros eslabones del proceso de justicia, como las policías y las fiscalías, tal como percibe la población, siguen desatendidos, con poco presupuesto y escasos controles internos.

Como documentamos en conjunto con Causa en Común en el Informe Nacional de Transparencia del desarrollo de las instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia (2025), la mitad de las policías estatales carece de un sistema profesional de carrera, persisten debilidades en supervisión interna y hay un incumplimiento generalizado en mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza. Las fiscalías tampoco escapan a esta situación. La autonomía sigue siendo solo en papel, ya que los procesos de designación y remoción de fiscales permanecen sujetos a la influencia de los ejecutivos estatales. La carrera ministerial carece de incentivos por mérito y los controles de confianza, así como las sanciones a los servidores públicos son poco transparentes. En el sistema penitenciario también persisten deficiencias en la profesionalización del personal de custodia, limitaciones en los procesos de certificación y la ausencia de autonomía técnica y presupuestaria.

En los próximos años será indispensable dar seguimiento a los cambios en el Poder Judicial, a sus efectos en la impartición de justicia y evaluar si se traducen en mejoras en las percepciones ciudadanas sobre la impunidad. Sin embargo, desde Impunidad Cero sostenemos que más que reformas legales a nuestro ya roto sistema de justicia, para enfrentar de fondo las causas de la impunidad es necesario centrar esfuerzos en las piezas olvidadas: fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública, desarrollar las capacidades en la procuración de justicia y apostar por la prevención social.

* Monserrat López Pérez (@MonLopez_) es analista de datos de Impunidad Cero.