Policías bajo la lupa desde la supervisión externa

“Tenemos que salvar la brecha que existe entre la comunidad de derechos humanos y las autoridades gubernamentales y otros funcionarios públicos clave, especialmente, en este caso, los mandos policiales y quienes ejercen el control político sobre las fuerzas policiales”. Son las palabras de Andrew Fagan, Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, prologando el informe apenas publicado Policías bajo la lupa. Cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas en la policía en las Américas.

Ahí se lee: “Para la construcción del presente documento se han analizado experiencias –desde la sociedad civil, la academia y el trabajo de distintas instituciones públicas– en torno a posibles mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para una policía respetuosa del estado de derecho y de los derechos humanos. Dichas experiencias fueron compartidas por casi 100 personas activistas, académicas, funcionarias públicas y expertas que participaron en los diálogos regionales virtuales ‘Policías Bajo la Lupa’, organizados por Amnistía Internacional, la Independent Commission of Investigations (INDECOM, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Essex, llevados a cabo entre el 18 y el 22 de enero de 2021”.

Sigue el reporte: “Además de un diagnóstico inicial y un capítulo con elementos conceptuales generales, este informe ofrece cinco claves para repensar los sistemas de supervisión y rendición de cuentas de la policía. La primera clave se relaciona con las oportunidades que ofrece la creación de mecanismos independientes de supervisión de la policía, entendiendo por tales a los mecanismos externos e independientes de la policía cuya forma típica es la de una oficina especializada que tiene como mandato supervisar el funcionamiento de las instituciones policiales y el actuar de sus miembros”.

Aunque existen distintos modelos –algunos de los cuales son examinados en este informe– la mayoría responden a los problemas que se producen cuando la responsabilidad por actos impropios cometidos por personas funcionarias policiales se deja sólo en manos de las mismas instituciones policiales y de la judicatura. Dichos problemas incluyen el encubrimiento de hechos de abuso, investigaciones poco diligentes y otras prácticas que tienden a perpetuar la impunidad ante violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.

Teniendo a la vista algunas experiencias interesantes en la región –siendo la creación de INDECOM, en Jamaica, el caso más destacado– se identifican en este informe seis rasgos indispensables para pensar en mecanismos de supervisión eficaces:

1. Independencia política y funcional: La independencia política significa que los mecanismos independientes no estén subordinados de ninguna manera ni a la policía, ni al gobierno de turno, ni a ninguna otra institución pública. En cuanto a su independencia funcional, implica contar con la estructura institucional necesaria para desempeñar su mandato específico sin depender de otros organismos.
2. Financiamiento: Los mecanismos independientes de supervisión necesitan de fondos suficientes y autonomía para la asignación de sus recursos y así poder cumplir su mandato legal.
3. Legitimación institucional: Es importante que los mecanismos independientes de supervisión se establezcan por ley, definiendo su mandato, sus competencias y la fuente de sus recursos.
4. Poderes de acceso a información crítica: La supervisión independiente eficaz no es posible si los canales de acceso a la información relevante no se encuentran abiertos y accesibles.
5. Facultades proactivas de revisión de patrones: Supone la capacidad para revisar prácticas policiales, criterios de entrenamiento y otros aspectos sistémicos de la labor policial, con el objetivo de proponer modificaciones.
6. Transparencia y rendición de cuentas: Los mecanismos de supervisión independientes mejoran su propia legitimidad para actuar en la medida que también observen altos estándares de transparencia y rendición de cuentas de sus gestiones

Se trata del primer reporte producido en América Latina y el Caribe que representa un consenso precisamente regional a favor de la supervisión policial externa, figura que, fuera del caso de Jamaica, no cuenta en esta parte del mundo con ejemplo alguno consolidado, mientras en países como Estados Unidos tenían 100 entidades en el 2005 y para 2019 fueron identificadas 166.

Mi predicción es que este informe a cargo de Amnistía Internacional, la Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica y la Universidad de Essex tendrá efectos aceleradores a favor de la supervisión policial externa en México y en la región.

Hace tiempo venimos empujando, no sin enorme dificultad, el diálogo constructivo entre la comunidad de derechos humanos, la policía y el gobierno. Las entidades de supervisión policial externa son, entre otras cosas, catalizadoras de ese diálogo. Salvemos la brecha, como dice el doctor Fagan.

@ErnestoLPV