Policía y exterminio

Es cierto, ningún ciudadano promedio puede siquiera imaginar lo que es arriesgar la vida ante una amenaza letal. Muchos policías lo hacen, algunos de manera frecuente. Su experiencia es irrepetible y son seres humanos que pueden lograr hazañas heroicas, pero también pueden cometer los peores errores y los más graves crímenes. Justo por eso, justo porque el poder de usar la fuerza letal para hacer cumplir la ley ante amenazas igualmente letales implica cualquier riesgo para los policías y para terceros, el mundo viene enseñando que no se puede escatimar en su profesionalización y control.

Nada bueno sucede cuando la policía se queda al margen de la mirada pública. Se sabe que esa institución armada puede hacer lo mejor, pero también lo peor con sus poderes. En la página 105 de la Recomendación emitida por la CNDH en torno a la intervención de la Policía Federal (PF) en Tanhuato, Michoacán, sucedida el pasado 22 de mayo de 2015, se confirma, con base en un oficio emitido por la Comisión Nacional de Seguridad, que en el operativo “No se generó o recabó material videograbado y tampoco se generó aviso al C4 durante los hechos”.

Lo peor le sucede a una institución policial cuando ella y solo ella se mira a sí misma. Los peores escándalos de violencia y corrupción policial en la historia están directamente asociados a la clausura del escrutinio público sobre su desempeño. El poder sin controles se corrompe; es lo mismo, el poder policial sin  controles se descompone. No le puedes dar a una persona el poder de usar la fuerza y dejarla salir sin vigilancia. Por eso los modelos de control policial son cada vez más sofisticados y en muchos casos vienen incorporando el registro en video sobre el desempeño cotidiano.

En agosto de 2013 una jueza de la Corte Federal de Distrito en Manhattan, Nueva York, dictaminó la inconstitucionalidad del programa para detener, cuestionar y registrar a los ciudadanos a cargo del Departamento de Policía de Nueva York y ordenó, entre otras medidas, el uso de cámaras personales, buscando reducir la discriminación racial por parte de la institución. A mediados de 2015 un grupo de trabajo instalado por el presidente Barack Obama, encargado de diseñar el modelo policial para el siglo 21, anunció la distribución de importantes recursos federales a instituciones policiales locales a fin de adquirir este tipo de equipos. Inglaterra lo hizo antes. Entre 2005 y 2006 se llevó a cabo allá un programa piloto con la participación de 300 agentes y 50 cámaras. Desde entonces encontramos ejemplos en la misma tendencia en Toronto, Canadá; Medellín, Colombia; Rosario, Argentina; Panamá, Panamá; Madrid, España, y Asunción, Uruguay. Los programas más ambiciosos en Estados Unidos son los de San Diego y Los Ángeles, donde un programa se propone desplegar el uso de 7 mil cámaras personales. La evidencia disponible sobre el uso de esa tecnología en varios países arroja resultados positivos por igual en la reducción del crimen y en la disminución del abuso policial.

No conozco reporte público alguno en México que documente el uso de la videograbación de la policía sobre sus propias operaciones. Sabemos en Insyde de un programa de uso de cámaras personales en Tijuana, Baja California, pero no tenemos información sobre sus resultados. Por otro lado, a petición expresa, el propio instituto presentó un proyecto para realizar un programa piloto de uso de cámaras en uniformes de la Policía Federal Ministerial de la PGR, mismo que hasta el momento no ha prosperado.

La policía en democracia vive de la confianza y el apoyo social. En cambio, en regímenes autoritarios vive del miedo. En el primer caso estamos ante un servicio; en el segundo estamos ante una fuerza. Si la policía quiere ser un servicio entonces debe hacer todo para dejarse mirar y permitir la mejor supervisión posible, igual desde adentro y desde afuera. Cuando la policía no se quiere dejar ver es porque algo necesita esconder, en cuyo caso ella misma alimenta la desconfianza social. Así sucede cuando nos enteramos de que no se recabó material videograbado y tampoco hubo aviso al C4 en la intervención policial en Tanhuato.

Desde agosto de 2015 el periodista Carlos Loret de Mola publicó la versión de que ese operativo había incluido ejecuciones arbitrarias. Ahora la CNDH lo confirma. La pregunta se impone: ¿qué investigaciones internas en la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad se realizaron a 15 meses de distancia de los hechos? Así preguntó en entrevista la periodista Denise Maerker al Comisionado Renato Sales el pasado viernes 19. Hasta donde sé aún no hay respuesta pública.

Si miramos nuevamente la experiencia internacional, encontramos que hay lugares donde ya dejaron atrás cualquier expectativa de que la policía pueda ser adecuadamente investigada desde adentro. Es el caso de Jamaica, donde existe una Comisión Independiente de Investigaciones creada justo para evitar que la policía se auto investigue cuando hay uso de la fuerza, en especial la fuerza letal. Aquí un reporte con evidencias de la reducción de muertes a manos de la policía justo por la presencia de un sistema independiente de monitoreo e investigación.

Ojalá quienes opinan sobre la investigación de la CNDH respecto a la operación policial en Tanhuato se tomen la molestia de leer la Recomendación. Se trata de un largo relato que devela una operación policial de varias horas quizá orientada por un objetivo de extermino. Con base en información de prensa, el documento de la CNDH da cuenta de algunos antecedentes inmediatos al operativo, donde hubo ataques contra policías y militares que provocaron la lesión de 13 y la muerte de 30 de ellos, sucedidos entre el 19 de marzo y el 1 de mayo, al parecer a cargo del denominado Cártel Jalisco Nueva Generación. La posible concatenación de hechos sugiere una venganza.

En la página 247 de la Recomendación de la CNDH se lee: “Como resultado de la investigación realizada por este Organismo Nacional se acreditan violaciones graves a derechos humanos por personal de la PF, en virtud de la multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del contexto general de los hechos, la especial magnitud de las violaciones en relación con la naturaleza de los derechos afectados, y por la participación de agentes del Estado”. La CNDH, luego de largos años de ausencia, muestra signos de reconstrucción.

Ahora queda en manos de la Procuraduría General de la República, en su caso, probar las responsabilidades penales en juicio. No sabemos si lo hará. La experiencia desafortunadamente no avala una expectativa positiva. Si es el caso que la montaña de indicios de delitos graves a manos de agentes de la Policía Federal aportados por el Ombudsman nacional no alcanzan para ello, entonces deberíamos entender que no hay control interno o externo alguno que valga sobre la Policía Federal. La posibilidad, por terrible que sea, está ante nosotros.

Lo que está en juego, en el fondo, es si México está dispuesto a tolerar la impunidad de operaciones policiales de exterminio o llevadas a ese efecto por pérdida de control. “Se lo merecían”, declaró alguien en la televisión. “La PF está barriendo la basura”, escribió otro en Twitter. No hay sorpresas. En México, como en muchas partes del mundo, una parte de la sociedad cree que la seguridad se debe alcanzar a cualquier costo, incluso entregando nuestros derechos a cambio. En realidad no hay seguridad posible para nadie si los derechos humanos están a disposición de alguien. Por lo demás, las policías que se exceden en sus atribuciones por esa vía contribuyen a la inseguridad objetiva y subjetiva. Véanse dos casos muy diferentes: Brasil y Estados Unidos. En ambos la policía provoca escándalos por sus excesos y así produce inseguridad. En futura entrega les contaré hasta qué punto sucede así.

Bien conocidas en muchas partes del mundo, las tareas de exterminio a cargo de la policía la colocan en el extremo opuesto de su mandato y en lugar de protegernos nos llevan al peor de los riesgos. El salto al vacío está a la vista.

 

@ErnestoLPV