¿Podrá cumplir México con el Plan de Acción Brasil para proteger a la población refugiada, desplazada y apátrida de la región?

Por: Brenda Pérez (@dabrenperez) y Montserrat Castillo (@m_illoillo)

En los últimos años el contexto sociopolítico, la situación de violencia ligada al surgimiento de nuevos agentes persecutores, así como los conflictos internos en la región americana, han generado el incremento del fenómeno del desplazamiento forzado tanto interno como externo, mismos que repercuten en el espacio humanitario e inciden directamente en los perfiles de la población con necesidad de protección frente las nuevas dinámicas de persecución que vive dicha región. A su vez, en los últimos años se ha observado que un mayor número de personas del Triángulo Norte de Centro América (TNAC) han escapado de la inseguridad, la violencia generalizada y las graves violaciones a los derechos humanos. Muchas personas, incluidos niñas y niños no acompañados o separados (NNAS), representantes de la comunidad LGBTTTI, mujeres y defensores de derechos humanos huyen con temor fundado ser víctimas de la persecución perpetrados principalmente por actores no estatales, como pandillas y grupos ligados al crimen transnacional organizado.

De acuerdo con el último informe presentado por el ACNUR^[1], Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR, el número de personas desplazadas a nivel mundial es de 59.5 millones, de los cuales 38.2 millones son personas internamente desplazadas, 19.5 millones refugiadas, 1.8 millones solicitantes de asilo y se calcula que la apatridia afectó al menos a 10 millones de personas en 2014. El continente americano no es una excepción frente al fenómeno del desplazamiento al ocupar el tercer lugar a nivel mundial. De acuerdo con el Informe Global 2015: desplazados internos por conflicto y violencia, realizado por el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno, el número de personas internamente desplazadas aumentó en un 12% con respecto al año anterior, generando por lo menos 436 500 nuevos desplazamientos, y acumulando ya una cifra de 7 millones de desplazamientos a nivel continental.

Frente a este escenario de crisis humanitaria, resulta urgente la responsabilidad compartida que los países involucrados deben ejercer en cuanto al reconocimiento de la condición de víctimas de este sector y las respuestas efectivas que deben brindar ante las necesidades de protección de la población, asumiendo el compromiso de garantizar al máximo los estándares de acceso a derechos así como adoptar los instrumentos internacionales y garantizar que la población sujeta a la protección tanto nacional como internacional tenga acceso y se beneficie de los programas y subvenciones estatales ya establecidos.

[contextly_sidebar id=”DxJ8hmbj5whfZAlDTo2gQK73BwKJBBm9″]Con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 (“Cartagena +30”), se dio a lo largo de 2014 un proceso de diálogo y consulta regional sobre los nuevos desafíos de protección de refugiados y desplazados internos en el que México participó junto con organismos internacionales, gobiernos de América Latina, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema. Este proceso culminó con la adopción de la Declaración y Plan de Acción de Brasil nombrado Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe, con el objetivo de crear el compromiso de mantener los más altos estándares de protección, reconocer los retos humanitarios que actualmente afectan a la región y establecer una hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover las soluciones de este sector poblacional.

Mediante este documento, México junto con los otros Estados participantes convinieron, entre otras estrategias, en la creación de políticas específicas sobre la materia e implementación de programas tales como: Asilo de Calidad con la finalidad de mejorar los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y el derecho a solicitar asilo; Fronteras Solidarias y Seguras al fortalecer en su ingreso la atención de las personas con necesidad de protección internacional; Soluciones integrales, complementarias y sostenibles como la repatriación voluntaria, integración local, reasentamiento solidario y movilidad laborar; responder a las nuevas tendencias de desplazamiento forzado causado por situaciones de violencia y persecución por parte del crimen organizado, y hacer frente al desplazamiento originado por el cambio climático y los desastres naturales a través de un Observatorio de Derechos Humanos para el desplazamiento y al establecer un programa de Prevención fortaleciendo los mecanismos nacionales de protección, entre lo más importante.

A un año de haberse realizado la firma de la Declaración y Plan de Acción Brasil, vale la pena analizar brevemente los avances que en México se han dado en materia de personas refugiadas y desplazadas forzadas, ya que claramente prevalecen fuertes contradicciones entre el discurso diplomático y la realidad de nuestra política interna.

México es un país clave en el tema migratorio, registrando un flujo de hasta 400.000 personas que ingresan a territorio nacional sin la documentación requerida cada año, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus Observaciones preliminares de la relatoría sobre los derechos de los migrantes de la CIDH a México. Por su posición geográfica figura como un país en el que diversos flujos y procesos migratorios ocurren en su territorio, las fronteras del país y el resto de su territorio reciben diariamente a personas migrantes que llegan para quedarse, que transitan por el país, que emigran de él, o que retornan a sus lugares de origen, siendo sus políticas en torno al tema las que facilitan o dificultan el goce pleno de derechos de las personas migrantes voluntarias o forzadas, principalmente de las provenientes del TNAC. Entre el año 2013 y agosto del 2015 México recibió un total de 5,459 solicitudes de asilo; los principales países solicitantes son aquellos que pertenecen al TNAC. Honduras, el principal solicitante durante los tres años registró entre 40% y 48% del total de las solicitudes recibidas por parte del gobierno mexicano, sumando un total de 2,478 solicitantes. El Salvador se encuentra en segundo lugar, registrando un total de 1799 solicitudes durante el periodo 2013-2015. En tercer lugar se encuentra Guatemala, con un total de 214 solicitudes. En número de solicitudes registradas por parte de los tres países representa 82% del total. Lamentablemente, sólo una pequeña proporción de las personas necesitadas de protección es reconocida como refugiada o se beneficia de alguna forma de protección complementaria, en los últimos tres años, por ejemplo, se registró un aumento de 56% más de solicitudes en relación al año 2013 que en comparación con la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado y del otorgamiento de protección complementaria sólo aumentó un .85% de acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)[2]

Asimismo, el informe Women on the Run, publicado este año por el ACNUR , señala que desde el año 2008 se ha registrado un aumento de casi cinco veces en las solicitudes de asilo a Estados Unidos desde la región del Triángulo Norte, durante el mismo periodo las solicitudes de asilo en la región de Centroamérica y México han aumentado 13 veces, “un asombroso indicador de la violencia que sacude la región”. En el mismo informe se señala que el número de mujeres provenientes de esta región y que ha cruzado la frontera con Estados Unidos fue tres veces mayor al número registrado en el año 2013.

De igual forma, ante el programa ya implementando en el país, Plan Frontera Sur, las cifras resultan preocupantes en cuanto a las condiciones deficientes de recepción, el número de detenciones y de deportaciones registradas tanto en México como en Estados Unidos, evidenciando una tendencia creciente en los últimos años. Por ejemplo, en los primeros ocho meses de 2014 fueron deportadas desde México y Guatemala más de 30.000 personas de nacionalidad hondureña, alrededor de 6.200 de ellos fueron menores no acompañados.[3] En muchos casos, principalmente en México, los procedimientos de deportación no incluyen mecanismos de identificación de la necesidad de protección internacional lo que deja en extrema vulnerabilidad las personas migrantes.

A nivel nacional, los mecanismos de protección de víctimas de la violencia son insuficientes y la figura del desplazamiento interno, a excepción de Honduras, -quien recientemente ha reconocido este fenómeno- no figura en el marco normativo de los países de América Central ni de México a pesar de su importante incremento; tan sólo en nuestro país el desplazamiento interno forzado tiene un saldo de al menos 281 400 personas en esta situación.

Ante esta falta de protección nacional hacia la población internamente desplazada en particular y la vigencia del conflicto o la causa que lo generó, se acentúa la condición de riesgo y vulnerabilidad al no contar con alternativas de huída generando con ello, el aumento del desplazamiento forzado externo.

A pesar de que México ha sido de los pocos países que ha adoptado los principios y estándares más altos y sólidos de derechos humanos en materia de refugio, adoptando por ejemplo la definición ampliada de refugiado e incorporándolo en su legislación nacional de manera congruente con la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, en la práctica resulta incongruente al aplicar medidas altamente restrictivas en el ingreso de la población migrante, al obstaculizar los procesos para la determinación de la condición de refugiado y al no reconocer la existencia del fenómeno del desplazamiento interno causado por la violencia en el país.

La adopción de la Declaración y Plan de Acción de Brasil es sin duda una gran oportunidad para combatir los desafíos de protección que la población de la región requiere, sin embargo, su aplicación efectiva dependerá en realidad de la verdadera voluntad política que los países participantes y México tengan para resolverla.

 

* Brenda Pérez es coordinadora del área de desplazamiento interno forzado y Montserrat Castillo es investigadora sobre desplazamiento interno forzado, ambas de la @CMDPDH

 

 

[1] Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR. Disponible aquí (consultado 10 de julio de 2015).

[2] Estadísticas COMAR. Disponible aquí.

[3] “Niños deportados enfrentan peligros mortales al regresar a Honduras” ACNUR, 39 de enero de 2015. Disponible aquí.