Redacción Animal Político · 12 de septiembre de 2025
Cada vez que estalla un escándalo sobre la simbiosis entre el Estado y la delincuencia organizada, vuelve a mi mente el concepto de “poderes salvajes” de Luigi Ferrajoli, jurista y filósofo del derecho italiano. Con esa expresión, Ferrajoli alude a los poderes no sometidos a límites ni controles jurídicos o democráticos: fuerzas que actúan sin regulación ni rendición de cuentas, situándose por encima del derecho y de la política democrática. Él distingue entre poderes estatales descontrolados, poderes privados desregulados y poderes globales sin control democrático.
En nuestras hipótesis más recientes, retomamos ese marco para comprender lo que estaría sucediendo detrás de los escándalos. En síntesis: reconocemos, como otras teorías han planteado desde hace tiempo, que el Estado moderno colapsa frente al mercado. Pero añadimos algo más: el Estado se desmorona a manos de los agentes que disputan los mercados depredadores, legales e ilegales, una disputa que somete progresivamente a los actores y procesos políticos formales. Dichos mercados en pugna implican tanto la captura del Estado como la apropiación del mercado disponible de las violencias profesionales. Por ello, asimilamos el concepto de poderes salvajes de Ferrajoli a estos agentes que operan en la intersección entre legalidad e ilegalidad.
Cuesta trabajo dimensionar la profundidad estructural de la crisis actual, porque muchas veces no sabemos responder a la pregunta obligada: ¿qué sigue ante tal crisis del Estado? Antes que nada, necesitamos entenderla mejor. En este sentido, nuestra discusión no se limita a la clásica pregunta sobre la presencia o ausencia del Estado en los territorios. La investigación empírica sobre macrocriminalidad y gobernanza criminal confirma una cesión progresiva de poder de actores formales hacia informales, como parte de la gestión política del territorio. Por ello, en cada vez más espacios, la cuestión ya no es si existe hegemonía estatal, sino cuáles son las características y dimensiones de la disputa por la hegemonía informal entre los agentes de los mercados legales e ilegales.
Desafortunadamente, los escándalos que mencionamos al inicio suelen oscurecer más de lo que aclaran. No parece tener límite la fuerza del discurso político que, cada vez que exhibe la crisis del Estado, repite la dicotomía de “buenos y malos”: los primeros dentro del Estado, los segundos fuera de él. Una frontera cada vez más imaginaria que, sin embargo, sirve para otorgar más poder a ese mismo Estado debilitado.
Lo más preocupante es que este mecanismo legitima la militarización, pese a que ella misma ha nutrido la transferencia de capacidades profesionales a actores privados que compiten en el mercado global de las violencias. Esto se traduce en la privatización de herramientas de guerra y en la expansión de un sicariato paramilitar que se mueve a demanda por el mundo entero.
Cuando era joven, en mis veinte, leí que la posmodernidad debía entenderse como el colapso de las promesas de la modernidad —el Estado y los derechos humanos— bajo el dominio del mercado. Nunca imaginé del todo lo que esto significaba. Hoy comprendemos que lo que ocurre en México forma parte de esa misma expresión global, con sus propios matices. Así lo confirma un colega italiano, conocedor de la investigación sobre mafias y del activismo social que busca reducir su influencia: ellas mantienen amplio poder, aunque con un control estratégico de la violencia, no por razones éticas, sino porque “afecta el negocio”.