La república sitiada: poder, violencia y debilitamiento institucional en Perú

Por Jennie Dador Tozzini*

La política peruana ha dejado de ser impredecible para volverse peligrosamente predecible. La sucesión acelerada de presidentes —nueve en los últimos diez años—, de ministros de Estado y cientos de funcionarios públicos son el síntoma más visible de un profundo proceso de erosión del estado de derecho que limita la implementación de políticas públicas y la entrega de servicios a la ciudadanía. La crisis ya no se mide en meses de gobierno, sino en derechos perdidos.

Entre el retroceso y la crisis

Han pasado 22 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que concluyó que las élites peruanas institucionalizaron sus privilegios sobre la base del menosprecio racial, la concentración del poder y la invisibilización de las demandas de reconocimiento, redistribución y justicia política. También han pasado 47 años de la promulgación de la Constitución Política de 1979, que por primera vez reconoció la igualdad entre los sexos, así como entre quienes no supieran leer ni escribir.

A pesar de estos antecedentes hoy enfrentamos un escenario de consolidación de prácticas autoritarias que pretenden controlarlo todo, especialmente nuestros cuerpos, los territorios y la hegemonización de una narrativa negacionista y antiderechos, que recurre a la demonización de grupos feministas y de la población LGTBIQ+.

En los últimos años asistimos a una serie de crisis político-institucionales, atribuyéndose el Congreso de la República la denominación de “primer poder del Estado”, recurso discursivo de autovalidación, al extremo de declararse libre del control jurisdiccional. Esto ha facilitado la cooptación de los otros poderes públicos y organismos autónomos, así como la imposición de una agenda que pone en riesgo el carácter de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

Especialmente los derechos de las mujeres se han visto afectados. Se ha levantado el fantasma de la “ideología de género” para desandar los progresos alcanzados —tipificación del feminicidio, aborto terapéutico, educación sexual integral, visibilización de la desaparición sistemática de mujeres— durante largas décadas de luchas.

Debilitamiento de contrapesos y el cierre del espacio cívico

En este contexto de Perú, lo preocupante no es solo la inestabilidad, sino lo que se está construyendo en medio de ella. Bajo el argumento de “ordenar” el país, se han aprobado normas que restringen el espacio cívico y debilitan los contrapesos que permiten el equilibrio de poderes.

La modificación del marco de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con la aprobación de la Ley N° 32301, que tipifica como infracción grave el uso de fondos internacionales para “asesorar, asistir o financiar en cualquier forma o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otro tipo contra el Estado en instancias nacionales o internacionales”. Además de la aprobación de la Ley N.º 32419 que concede amnistía a responsables de graves violaciones de derechos humanos. Ambas leyes no son decisiones aisladas, responden a una lógica de reducir la capacidad de vigilancia de la sociedad civil y garantizar impunidad.

La historia reciente de Perú debería haber servido como advertencia, pero parece que ahora cumple una función decorativa.

Tras el conflicto armado interno (1980-2000), el país asumió compromisos internacionales para investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores de crímenes atroces, cumplir con la reparación y las garantías de no repetición. Sin embargo, hoy las leyes de prescripción y amnistía contradicen estos compromisos y envían un mensaje inequívoco: ciertos crímenes contra determinadas poblaciones pueden quedar sin castigo y reparación, si el contexto político lo permite. A este escenario se suma el debilitamiento de instituciones clave como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo o la Junta Nacional de Justicia, y los intentos por controlar el Poder Judicial.

Cuando los órganos encargados de controlar el poder pierden independencia, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en un terreno de disputa sin árbitros confiables. El acceso a la justicia, en ese contexto, deja de ser un derecho y una posibilidad para la vigencia real de otros derechos.

La impunidad como tradición

Las consecuencias son tangibles. A más de tres años de las protestas de diciembre de 2022 y marzo de 2023, las víctimas del uso excesivo de la fuerza —50 personas asesinadas y centenares de heridos con secuelas y sin atención sanitaria debida— siguen esperando justicia. Las investigaciones avanzan con una parsimonia casi pedagógica.

Mientras tanto, el patrón de violaciones de derechos humanos se repite en las nuevas protestas: nuevas denuncias, y el mismo desenlace de represión, estigmatización y muerte. En Perú, la impunidad también tiene sus tradiciones.

Durante 2025 asistimos en Perú al desborde del crimen organizado y la inseguridad ciudadana frente a la generalización de la extorsión y el sicariato. Como respuesta del Estado observamos el uso permanente de los estados de emergencia, a pesar de que la evidencia señala que no son el instrumento adecuado y que lo único que logran es desplazar la delincuencia de un territorio hacia otros; así como cambios en los marcos regulatorios que reducen las competencias para perseguir y enfrentar la corrupción y el crimen organizado.

El año se cerró con casi 2,300 personas asesinadas, dejando tras de sí una estela de dolor y orfandad, que ahora recae sobre los hombros de las mujeres de estas familias, quienes deben cuidar y proveer solas, en una sociedad patriarcal y sin Estado de bienestar.

En paralelo, el deterioro de la libertad de expresión evidencia otra dimensión crítica. El asesinato de cuatro periodistas y más de 400 ataques registrados en 2025 no son hechos aislados, sino parte de un clima cada vez más hostil, que afecta gravemente la función de vigilancia del poder y la circulación de ideas. Cuando informar se vuelve peligroso, la sociedad pierde una de sus principales herramientas de defensa frente al abuso de poder.

Cuando la impunidad se normaliza, el miedo sustituye al debate público y las instituciones dejan de proteger derechos para administrar privilegios, el autoritarismo deja de ser una amenaza futura para convertirse en una práctica cotidiana.

Frente al avance del autoritarismo, la impunidad y la violencia en Perú, Amnistía Internacional hace un llamado a la solidaridad internacional para acompañar al pueblo peruano en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de quienes hoy resisten el cierre del espacio cívico y el debilitamiento de las instituciones. ♦

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*Jennie Dador Tozzini es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. Abogada experta en género, con una trayectoria de 30 años en la defensa y promoción de derechos humanos, ha sido secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, directora de la ONG Manuela Ramos y presidenta del Consejo Directivo de Promsex.

Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 10 millones de personas, en más de 150 países, dedicado a investigar y exigir el cese de los abusos contra los derechos humanos. Su misión principal es garantizar que todas las personas disfruten de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Redes: @amnistiamexico