Nuestra concepción profunda del poder y sus efectos devastadores

Me dedico a observar cómo usamos el poder en México. Lo defino como cualquier forma mediante la cual una persona influye o se impone sobre otras. Sigo de cerca todas sus manifestaciones, desde las más mínimas —en una interacción privada entre dos personas— hasta las que ejerce la Presidencia de la República. No sabría precisar cuándo comencé esta observación, pero con el tiempo se ha vuelto un hábito.

Si me formo en una fila, si transito por la calle, si participo en una reunión de trabajo, si escucho el lenguaje del poder público, de las élites empresariales, del ámbito académico, de la sociedad civil o de los medios de comunicación; incluso si observo el lenguaje y las imágenes de quienes viven de la criminalidad, constantemente busco descifrar nuestras prácticas de influencia e imposición.

Mi interés surgió al constatar, desde muy joven, nuestra afición por las ficciones, comenzando por las grandes ficciones de la historia. Recuerdo a un compañero estudioso, quien al iniciar la licenciatura me dijo sin rodeos: “A este país le falta una buena dosis de verdad”, aludiendo a los mitos sobre “los héroes que nos dieron patria”. Él, lector incansable, ya distinguía entre mito y realidad.

Durante mis años de preparatoria, gracias a un modelo educativo orientado al pensamiento crítico, ya desconfiaba lo suficiente del poder público como para saber que una cosa era lo que el gobierno decía hacer, y otra muy distinta lo que realmente hacía. Aprendí que eso se llamaba conciencia crítica.

Mucho después encontré la sacudida clarificadora que cambiaría mi vida en Bogotá, con el primer gobierno de Antanas Mockus, a finales del siglo pasado. Su propuesta analítica y pedagógica, articulada en torno a la triada ley, moral y cultura, resignificó muchos de mis limitados aprendizajes sobre teoría política, derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho penal, garantismo jurídico y criminología. Me dejó literalmente aturdido por la riqueza de una propuesta de gobierno que superaba en profundidad, solidez y eficacia todo lo que yo conocía.

La diferencia que había aprendido en la teoría entre el carácter interno de la moral y el externo del derecho, y sus posibles contradicciones, apareció de pronto como una puesta en escena. Solo que no era teatro: era el ejercicio de gobierno de la alcaldía de Bogotá, desplegado mediante un abanico disruptivo, innovador y creativo de intervenciones urbanas orientadas a reconstruir la convivencia, transformando justamente esas contradicciones entre ley, moral y cultura. Y como el corazón de ese paradigma era el compromiso de proteger la vida, quedé cautivado.

Desde 1997 he viajado regularmente para estudiar políticas de seguridad e instituciones policiales en países de cuatro continentes; solo la pandemia redujo esa frecuencia. Esta travesía, que ya suma casi tres décadas, ha quedado irremediablemente atravesada por la pregunta sobre el uso del poder.

En el aula realizo ejercicios pedagógicos que plantean un debate entre dos posturas: distribuir o concentrar el poder del Estado. Son disputas fascinantes, porque revelan las concepciones profundas que cada persona tiene sobre el sentido del ejercicio del poder. Uno de los hallazgos más reveladores es la ambigüedad en las posturas: no suele haber claridad sobre si el poder que más nos conviene es el que se divide o el que se concentra. Estas lecciones cobraron nuevo sentido el año pasado, cuando empecé a preguntar fuera del aula a jóvenes no por quién votarían, sino si preferían votar por un solo partido en todas las boletas o por varios. Abrumadoramente, respondieron lo primero. Pero lo más interesante fue, nuevamente, la ambigüedad: sus razones eran más intuitivas y emotivas que razonadas.

La reforma y las elecciones judiciales en curso me han llevado a intensificar estas preguntas a conocidos y desconocidos, en cualquier espacio. Y lo que creo encontrar es que, al menos según mi experiencia, la idea de que la división de poderes es una garantía fundamental para contener al poder en beneficio colectivo no parece ser una convicción compartida en eso que llamamos el imaginario colectivo. Puede que en encuestas formales la gente diga preferir la división de poderes, pero invito a quien lea esto a plantear la misma pregunta fuera del formato rígido de una encuesta.

Lo que yo percibo es que, en nuestra cultura política, el poder no se concibe como una herramienta sujeta a límites —como debería ser en una democracia— sino más bien al revés: los límites son vistos como estorbos para trabajar. Tal vez por eso, ni desde arriba ni desde abajo emergen propuestas políticas comprometidas con un poder genuinamente sujeto a la ley. Esa idea, en la práctica, no convence. Ni en lo privado ni en lo público, aunque todos los días se diga lo contrario.

Por eso, porque no queremos —y quizá tampoco sabemos— controlar el poder, tampoco surgen gobiernos cuyas pedagogías intenten resolver el abismo entre el Estado de derecho que decimos aspirar a ser y el caos en nuestra convivencia diaria, basada en disputas de poder donde las reglas formales son, en el mejor de los casos, meramente simbólicas. Y mis comparaciones internacionales me muestran que no estamos solos en este problema: hay muchas otras realidades similares a la nuestra.

Por lo que a mí respecta, seguiré observando todos los días nuestras prácticas del poder, calle por calle, confirmando, al menos según lo entiendo, que en este país el poder está mucho más para usarse que para controlarse. Y así se reproduce un desequilibrio con efectos nada menos que devastadores.

‪@ernestolpv.bsky.social‬