Redacción Animal Político · 1 de octubre de 2023
En un país donde sólo 12 de cada 100 personas tienen condiciones de bienestar, algo está muy mal. Es el caso de México, donde se arrastran añejas causas estructurales que las han generado y complican su erradicación, pero también por decisiones políticas recientes que no han contribuido a que la mayoría de la población viva mejor, a pesar de que el país tiene todo el potencial para lograrlo.
Por ello urgen acciones en lo inmediato, pero sobre todo en el contexto del cambio de gobierno el 2024, así como la renovación del Congreso y de nueve gubernaturas, es preciso comenzar a trazar el rumbo hacia los próximos años, para ir a la raíz.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha desarrollado una batería de propuestas enfocadas a romper los viejos esquemas que han ocasionado que la pobreza se estanque, que han mantenido en la precariedad a millones de personas que trabajan y a muchas otras las ha excluido del sistema laboral.
El documento completo aquí.
Dichas iniciativas se presentarán en próximas fechas a quienes competirán por cargos de elección popular, tanto a nivel federal, como en el legislativo y en los estados donde se renovará el gobierno. Antes de compartirlas, una rápida mirada al panorama.
Hay cinco condiciones estructurales que no se han transformado, o ni siquiera se han “tocado” en este periodo:
1. El sistema laboral que produce pobreza y precariedad, con millones de personas que trabajan sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza y sin derechos laborales
2. El modelo de acceso a servicios de salud y la protección social condicionado al trabajo “formal” a través de la afiliación al seguro social, que mantiene excluida a más de la mitad de la población desde su creación a la fecha.
3. La baja y menor calidad educativa de las escuelas en las zonas de mayor rezago social que acentúan la desigualdad de origen e ingreso y la permanencia de la deserción de jóvenes sin concluir el ciclo medio superior o bachillerato, lo que los condena a trabajos precarios y de bajos salarios.
4. La exclusión económica de las mujeres del sistema laboral por obligaciones impuestas de género relacionadas con labores domésticas de cuidado sin remuneración.
5. La exclusión histórica de las comunidades indígenas y rurales, sobre todo en el sur sureste del país.
Estas causas estructurales se han agravado en algunos casos por decisiones y medidas del actual gobierno, por ejemplo, el cierre de los programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, que dificultan aún más la participación laboral de las mujeres, o el fracaso de la recentralización de los servicios de salud a través del INSABI que produjo el incremento en la carencia de acceso a la salud, por mencionar dos ejemplos.
O el incremento de los programas de transferencias monetarias, casi al triple del monto respecto a 2018, pero sin efecto en la reducción de la pobreza extrema y con la exclusión del 61% de los hogares de menores ingresos, en los deciles I a IV.
Ante los desafíos que implican romper las causas estructurales que han generado pobreza y construir un país con derechos, hay que promover dos grandes cambios estructurales:
1. Transitar del paradigma de empleos con salarios bajos y sin derechos laborales, a un nuevo modelo que vincule la productividad con la mejora de las remuneraciones.
2. Transitar del actual modelo de seguro social, excluyente, inequitativo y segmentado, para crear un sistema universal de salud y protección social, no condicionado al trabajo.
Este sistema debe incluir al menos: (a) acceso efectivo a servicios de salud, (b) servicios de cuidado para niñas, niños y otras personas que lo requieren, (c) garantizar ingreso vital a personas que se quedaron sin trabajo o que no pueden trabajar.
El conjunto de propuestas incluyen cinco estrategias prioritarias frente a la pobreza:
1. Salario mínimo suficiente para cubrir dos canastas básicas e incentivos para el impulso del sector empresarial al salario digno.
2. Crear un sistema nacional de cuidados con infraestructura suficiente; estancias infantiles y la recuperación y ampliación de las Escuelas de Tiempo Completo.
3. Implementar una política de empleabilidad para jóvenes, que incluya la creación de la opción de 2ª oportunidad para jóvenes con rezago educativo y un programa de aprendices y primer empleo.
4. Destinar fondos y apoyos para el fomento a la economía social y al emprendimiento productivo, especialmente en proyectos de economía circular.
5. Integrar un padrón único de beneficiarios de los programas de transferencias monetarias, para que sean asignadas con transparencia, con acceso garantizado a hogares en pobreza y con mecanismos de blindaje contra los sesgos políticos.
Urge tomar acciones frente a realidades muy graves y que deben, incluso, ser consideradas en la discusión del paquete presupuestal del próximo año, pues hoy están ausentes:
1. Programas de regularización y recuperación de aprendizajes tras el rezago ocasionado por la pandemia.
2. Programa de “regreso a la escuela” para niñas, niños y jóvenes que abandonaron las aulas en los ciclos 2022-23 y 2023-24.
3. Integración efectiva a servicios públicos de salud (al menos el IMSS) para garantizar la atención de la población en enfermedades que son las principales causas de mortalidad.
4. Recuperar el abasto de medicamentos y la cobertura de 100% en la vacunación.
5. Evitar el uso clientelar y político de los programas sociales con fines electorales.
Sexenios van y vienen; las promesas se renuevan, pero el nivel de pobreza se mantiene en niveles muy altos desde hace décadas, que no corresponden con nuestra economía. Es momento de asumir los retos con mayor compromiso.
Es por eso que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza impulsará estas propuestas a las futuras candidatas y candidatos; pero además, desde la sociedad civil se seguirá impulsando la iniciativa empresarial por alcanzar salarios dignos con la participación de las cámaras y organismos de la iniciativa privada.