La pobreza menstrual es una decisión política
Claudia Calvin · 3 de noviembre de 2026
Una niña falta a la escuela porque no tiene dinero para comprar toallas sanitarias. Otra utiliza papel, trapos o cualquier material disponible para contener el sangrado. En algunas comunidades de Kenia, investigaciones han documentado que niñas y adolescentes se han visto obligadas a tener relaciones sexuales por dinero para adquirir productos menstruales. Estamos en 2026 y una función biológica natural continúa condicionando las oportunidades educativas, económicas y sociales de millones de niñas y mujeres.
La pobreza menstrual es una desigualdad que se construye sobre otras desigualdades estructurales. No consiste solamente en carecer de dinero para comprar toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Incluye la falta de agua potable, baños adecuados, privacidad, información y atención médica. Una niña que vive en un hogar pobre, asiste a una escuela sin instalaciones sanitarias y enfrenta prejuicios sobre su ciclo menstrual acumula desventajas que los niños no experimentan de la misma manera.
La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 500 millones de niñas y jóvenes que menstrúan carecen de materiales e instalaciones adecuados para gestionar su periodo. En 2023, según datos de UNICEF y la OMS, 427 millones de estudiantes asistían a escuelas sin servicios básicos de saneamiento y sin baños diferenciados por sexo, y 646 millones carecían de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón. Estas cifras, aunque corresponden al conjunto del alumnado, permiten dimensionar las condiciones en las que millones de niñas deben gestionarla.
En México, la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, presentada por UNICEF, Essity y Menstruación Digna México en 2026, encontró que el 31 % de las niñas y adolescentes menores de 15 años encuestadas había faltado a la escuela durante su periodo. El 67 % no disponía de productos menstruales en su escuela para atender una emergencia y el 21 % de las personas encuestadas reportó dificultades económicas para adquirirlos. La menstruación se convierte así en un factor adicional de exclusión educativa y agudiza la brecha de género en este ámbito.
Sí, la falta de acceso a un producto indispensable compromete la seguridad y autonomía de una niña
La desigualdad se reproduce en distintas regiones del mundo. En África subsahariana, un informe de la OMS y UNICEF de 2024 encontró que solamente el 12 % de las escuelas incluidas en los datos disponibles ofrecía productos menstruales, gratuitos o a la venta. En India, el porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que utilizaba métodos higiénicos durante su menstruación pasó del 57.5 % en 2015-2016 al 77.3 % en 2019-2021. La brecha se agudiza entre zonas rurales y urbanas y las diferencias religiosas también indican un impacto en la experiencia y acceso a recursos e información.
En Kenia, la pobreza menstrual también ha sido estudiada como un factor de vulnerabilidad frente a la explotación sexual. Investigaciones han documentado situaciones en las que niñas y adolescentes se ven obligadas a tener relaciones sexuales para obtener dinero o productos sanitarios. Durante la pandemia, el cierre de escuelas y la pérdida de ingresos familiares agravaron estas condiciones. La falta de acceso a un producto indispensable puede terminar comprometiendo la seguridad y la autonomía de una niña.
La existencia de información, o falta de ella, es en sí un dato de la mayor relevancia. En un mundo de casi 200 países, la OMS y UNICEF identificaron solamente 30 con datos nacionales representativos sobre al menos uno de los indicadores prioritarios de salud menstrual en las escuelas. En resumen: seguimos sin contar con estadísticas suficientes y comparables para comprender la magnitud del problema y tomar decisiones en todos los ámbitos que enfrenten y resuelvan esta disparidad. ¿Cómo diseñar políticas públicas, asignar presupuestos o evaluar resultados cuando ni siquiera conocemos las condiciones en que millones de niñas menstrúan? Lo que no se conoce no se puede cambiar.
La pregunta de fondo es por qué los gobiernos siguen tratando los productos menstruales como un asunto privado y como “productos que se adquieren por voluntad privada” y no como parte de las condiciones básicas de salud, higiene y educación que deben garantizarse. Menstruar no es opcional, pero disponer de los recursos necesarios para hacerlo con dignidad continúa dependiendo de la capacidad económica, el acceso a ellos y la educación.
¿Quién absorbe el costo de esa decisión? Las niñas que pierden clases, las mujeres que destinan parte de sus ingresos a productos indispensables y las familias que deben elegir entre necesidades básicas. El Estado deja de asumir la responsabilidad y un gasto que millones de mujeres terminan pagando con dinero, tiempo, oportunidades y, en ocasiones, con su propia seguridad.
El acceso a productos menstruales no debe depender exclusivamente del ingreso familiar
Las respuestas internacionales demuestran que existen alternativas. Escocia se convirtió en 2022 en el primer país en establecer por ley el acceso gratuito a productos menstruales para todas las personas que los necesiten. En Kenia, el 65 % de las niñas y jóvenes no pueden pagar toallas sanitarias y 20 % de las alumnas dejan la escuela debido a esto. El gobierno del país, desde 2017 ha establecido la provisión de toallas sanitarias gratuitas para alumnas de instituciones públicas de educación básica. Son políticas distintas, con alcances y desafíos diferentes, pero ambas reconocen que el acceso no debe depender exclusivamente del ingreso familiar.
México también ha registrado avances. Desde enero de 2022, las toallas sanitarias, los tampones y las copas menstruales tienen una tasa de IVA del 0 %. Lo que se busca es que esta decisión sea una política permanente y no un tema de negociación cada año en el Congreso. No es un tema de derechos del consumidor, sino de derecho a la salud. Eliminar un impuesto no equivale a garantizar el acceso. Una niña puede vivir en un país donde estos productos no pagan IVA y seguir faltando a clases o tener que dejar la escuela porque su familia no tiene dinero para comprarlos o para comprarlos y pagar su educación al mismo tiempo.
La pobreza menstrual pone en evidencia una contradicción de nuestras políticas públicas. Consideramos indispensable que las escuelas cuenten con electricidad, mobiliario y materiales educativos, pero todavía no asumimos de manera generalizada que también necesitan productos menstruales, baños funcionales y seguros, agua, jabón y privacidad. La menstruación sigue tratándose como un asunto individual, aunque sus consecuencias educativas, sanitarias y económicas sean colectivas.
Reconocer el problema requiere algo más que buenas intenciones o campañas de sensibilización. Se necesitan datos, presupuestos, infraestructura, mecanismos de distribución y evaluaciones que permitan saber qué políticas funcionan. La gratuidad de los productos es importante, pero por sí sola no resuelve la falta de agua, las instalaciones deficientes ni los prejuicios que rodean la menstruación.
La pobreza menstrual no es una consecuencia inevitable de la biología. Es el resultado de desigualdades económicas y decisiones públicas que han trasladado a las mujeres el costo de una necesidad humana básica. Mientras ese costo permanezca invisible en las estadísticas y ausente de los presupuestos, seguirá apareciendo en las vidas de millones de niñas, en forma de ausencias escolares, oportunidades perdidas y derechos que no pueden ejercer.♦