Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

Desde el 19 de marzo pasado, Guanajuato tiene por primera ocasión a una mujer como Secretaria de Gobierno, Libia García, quien llega en sustitución de Luis Ernesto Ayala Torres. La cuestión pareciera sólo un tema de paridad de género, pero de fondo tiene que ver con el cumplimiento de las responsabilidades legales de la Secretaría en lo relacionado a la búsqueda de personas desaparecidas y a la atención a las víctimas. A continuación, detallo la huella que dejó Ayala Torres y los retos que Libia García tiene por delante.

1. Ayala Torres: atender sin atender

Desde que en enero de 2019 el entonces incipiente movimiento de personas desaparecidas irrumpió en la agenda pública, el anterior Secretario de Gobierno fue el primero en reunirse con las familias. Ello hubiera sido un acierto si no se hubiese tratado de un trabajo de contención del conflicto. Hacer como que se atendía, si atender en realidad, esta fue la marca de Ayala Torres desde el principio; muestra de ello fue la propuesta de crear por decreto la Comisión de Búsqueda, pasaron semanas después de su compromiso para concretar la propuesta, hasta que se impusieron los tiempos legislativos y el Congreso se hizo cargo de avanzar en el tema.

2. El Fiscal todopoderoso

Si algo fue evidente en 2020 fue que la Secretaría de Gobierno no pudo poner en orden al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, desde sus desplantes para atender a las víctimas, hasta la falta de cumplimiento de sus compromisos. Es urgente que la Secretaría de Gobierno haga que el Fiscal General cumpla con sus obligaciones legales en términos de transparencia, rendición de cuentas y participación de las familias.

3. ¿Y los Sistemas? Con un presidente ausente

La Secretaría de Gobierno preside tanto el Sistema de Búsqueda como el de Atención Integral a Víctimas, y durante meses el Secretario de Gobierno no impulsó las acciones que por Ley le corresponden; el retraso en la aprobación del Reglamento de la Ley de Búsqueda es un ejemplo, así como la falta de aprobación del Programa Estatal de Búsqueda, que todavía está pendiente.

4. Presupuestos raquíticos

Tanto la Comisión de Búsqueda como la de Atención Integral a Víctimas son de reciente creación y su presupuesto de origen debió haber sido el punto de partida para la instalación de una verdadera política de búsqueda de personas desaparecidas y de atención integral a víctimas. Eso no sucedió, al contrario, destinaron un presupuesto raquítico a ambas Comisiones lo que pone en duda la puesta en práctica de sus facultades. Y en ello el Secretario de Gobierno saliente no mostró verdadero compromiso al proponer presupuestos suficientes, pese a que se solicitó reiteradamente por las familias.

5. Acción sin diagnósticos

Si bien no existen todavía los programas correspondientes, la atención a víctimas carece de un diagnóstico sobre la realidad estatal, sólo existen datos aislados: más de 10 mil homicidios dolosos durante la administración del panista Diego Sinhué, más de 2 mil 500 carpetas iniciadas por desaparición de personas, más de mil quejas iniciadas al año en la Procuraduría de Derechos Humanos, son algunos de los datos sobre el contexto local sobre el número de víctimas que existen en la entidad; información que requiere un análisis más profundo.

6. Obligaciones en el papel

Tanto en la Ley de Búsqueda como en las de Víctimas hay muchas obligaciones incumplidas tanto por autoridades estatales y municipales. La creación de las células de búsqueda en los municipios, por ejemplo, es una acción contemplada en la Ley que no ha sido puesta en marcha. Con la combinación de estos factores, las Comisiones pueden incumplir aspectos centrales de sus mandatos.

7. Álvar, naufragando

En más de una ocasión el Fiscal General ha insistido en diferenciar la Procuración, de la Impartición de Justicia, así como de la Prevención del Delito. La Secretaría de Seguridad Pública (SSPG) que dirige Álvar Cabeza de Vaca está incumpliendo sus obligaciones para la prevención del delito y para la garantía del derecho a la seguridad, y hasta ahora ha evadido asumir su responsabilidad. Ya es hora de que la SSPG asuma sus obligaciones en la prevención de las desapariciones y en la protección a las buscadoras en su calidad de personas defensoras de derechos humanos.

Los retos que enfrenta la nueva secretaria de Gobierno, la primera mujer en ocupar ese puesto, son -en resumen- poner en el centro de sus decisiones la vida de las familias de las víctimas y establecer verdaderas políticas públicas de búsqueda y de atención integral. Tarea nada sencilla en un gobierno que se acostumbró a negar la realidad y en simular una respuesta institucional.

A Ayala Torres también le quedan retos en caso de llegar a coordinar la bancada de su partido en el Congreso durante la próxima legislatura, el principal es resolver las demandas de las víctimas, no sólo administrarlas políticamente.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.