Plataforma Centinela: el paracetamol de la seguridad

Tal vez recuerden los memes que, hace no mucho tiempo, surgieron en torno al paracetamol, en los que las personas se burlaban de que, para cualquier malestar o enfermedad, no importa que tan grave fuera, el paracetamol era la solución. Al igual que en los memes, los gobiernos también han optado por buscar soluciones únicas para problemáticas de seguridad, un claro ejemplo es la Plataforma Centinela.

La Plataforma se inició en 2022 a través de la celebración de un contrato millonario entre la empresa SeguriTech Privada S.A. de C.V., la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, ¹ y está compuesta de una mezcla entre infraestructura de vigilancia e inteligencia artificial, que de acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, prometería acabar con la inseguridad en el estado, sin importar que tan grave fuera y que tantas causas subyacentes tuviera.

Esta “mágica” operación consta de una sede, denominada Torre Centinela, que monitoreará la actividad de 13 subcentros de vigilancia localizados en diversas partes del estado a través de la recolección y análisis de datos por medio de cámaras y sistemas de identificación biométrica y predicción conductual, así como algoritmos de inteligencia artificial. Según el gobierno de Chihuahua, esta infraestructura de vigilancia masiva servirá para prevenir la actividad delictiva, fortalecer el acceso a la justicia, y ejercer control migratorio, con la promesa de reducir el 90 % de los homicidios dolosos en el estado.

Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre con el paracetamol -cuyo funcionamiento y propósito conocemos o podemos buscar fácilmente en Internet- la falta de transparencia sobre la Plataforma Centinela es alarmante. Dicha Plataforma ha adoptado la tendencia de la opacidad, en la cual las autoridades tomaron la decisión arbitraria de clasificar como reservada por motivos de seguridad pública toda la información sobre cómo funciona, qué información recopila, cómo y para qué se utiliza, cómo se protege, qué decisiones se toman a través de procesos automatizados y cómo estas pueden afectar el ejercicio de nuestros derechos a través del Acuerdo SSPE-CT-14-2023. ²

Lo anterior contraviene los Principios globales sobre seguridad nacional y acceso a la información, ³  pues imposibilita que las personas tengan pleno conocimiento de los posibles efectos adversos de la misma y abre la puerta a abusos de poder y violaciones de derechos humanos, principalmente en torno a la privacidad, el tratamiento de datos personales, el debido proceso y la presunción de inocencia, como ocurrió en el caso del malware Pegasus, los sistemas de geolocalización y las tecnologías biométricas. Sin acceso a la información es imposible que las personas evalúen los riesgos asociados con estas tecnologías emergentes, como a su datos personales, privacidad e incluso la imposibilidad de que exijan rendición de cuentas de quienes las implementan.

Asimismo, la historia ha demostrado que este tipo de tecnologías no son neutrales, por el contrario, se encuentran plagadas de sesgos que reproducen estereotipos que pueden perpetuar la discriminación y la criminalización de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, en especial personas racializadas. ⁴

Sobre la implementación de tecnologías biométricas y predictivas, la Relatoría Especial sobre la lucha contra el terrorismo de la ONU ⁵ ha señalado que su uso, particularmente en contextos fronterizos, es desproporcionado, discriminatorio y se vincula a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Además, los sistemas de identificación biométrica y predicción conductual representan riesgos al utilizar datos subjetivos, lo que puede resultar en la persecución de comunidades vulnerables y amplificar la injusticia social. En este sentido destaca la utilización de esta Plataforma como herramienta para el control migratorio y la predicción de actividades delictivas, que pueden llevar al perfilamiento racial a través de los sesgos inherentes a las tecnologías emergentes.

Estas estrategias reflejan una lógica errónea de los gobiernos que vinculan el control mediante vigilancia masiva con la seguridad, a pesar de que no exista evidencia alguna que avale esta correlación. A través de la aprobación de reformas y la creación de políticas públicas, los gobiernos tanto federal como locales han marcado una clara tendencia hacia la militarización y la administración de seguridad por medio de la violencia estatal, la vigilancia y el punitivismo, sin ofrecer resultados que avalen su implementación. Estrategias de seguridad como la Plataforma Centinela ofrecen una falsa sensación de bienestar, similar a la de un placebo, sin abordar problemas estructurales como la corrupción y la desigualdad. En lugar de implementar políticas integrales, el gobierno opta por medidas superficiales que promueven la persecución de quienes critican al poder, alejándose de la promesa de seguridad.

Asimismo, el enfoque tecnosolucionista que presenta la Plataforma Centinela es una visión reduccionista y peligrosa que deshumaniza el enfoque hacia la seguridad pública. Al confiar ciegamente en tecnologías emergentes, se corre el riesgo de olvidar que detrás de cada decisión automatizada hay vidas humanas, con historias y contextos que no pueden ser capturados por algoritmos.

Regresando a la analogía del paracetamol. Así como este medicamento que puede aliviar síntomas leves no es funcional para curar una enfermedad grave sin la valoración adecuada de personal médico, en materia de seguridad es esencial llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita identificar las causas subyacentes de la violencia antes de aplicar cualquier medida que pueda resultar desproporcionada a lo que quiere conseguir. Si bien no existe una respuesta única ante la inseguridad, algo es muy claro: ésta no se logrará a través del miedo y el control. Sin un enfoque integral que contemple estas realidades, la Plataforma Centinela es propensa a provocar reacciones adversas o complicaciones adicionales en vez de resolver problemas, como sería la apertura injustificada de carpetas de investigación, la criminalización de personas inocentes y faltas al debido proceso, la inhibición de la protesta, la persecución y comisión de graves violaciones a derechos humanos en contra de personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, o el abuso y uso arbitrario de la información recabada. Por lo tanto, es fundamental determinar qué tipo de tecnología adoptar, siempre desde una perspectiva de derechos humanos, y evaluar si la tecnología utilizada realmente aporta valor antes de desplegarla.

La inseguridad en Chihuahua o en cualquier otro estado no se resuelve a través de tecnologías como la Plataforma Centinela. Es fundamental que tanto el próximo gobierno federal como los gobiernos locales adopten un enfoque centrado en derechos humanos, que permita atender las causas estructurales de la violencia a través de estrategias interinstitucionales integrales y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas accesibles y efectivos -con especial énfasis en la adquisición y despliegue de tecnologías emergentes- asegurando la participación informada de la sociedad. Nuestro derecho a la seguridad no debe estar por encima de la privacidad ni otros derechos; es hora de que los gobiernos reconozcan esto y busquen soluciones que realmente resuelvan los problemas, en lugar de ofrecer espejismos que solo agravan la situación.

* Ma. José De Icaza es investigadora en el programa de Derechos Digitales en ARTICLE 19 México y Centroamérica.

 

¹ Véase respuesta a solicitud de información con folio 0824677240000129 de la Plataforma Nacional de Transparencia.

² Idem.

³ Open Society Fondation, Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (“Principios de Tshwane”), Nueva York, 12 de junio de 2013.

⁴ ARTICLE 19, When bodies become data: Biometric technologies and freedom of expression, London, 2021. Las personas racializadas son aquellas a quienes la sociedad ha asignado una categoría racial que determina el trato opresivo o discriminatorio que reciben, especialmente de instituciones formales. Estas categorías son un constructo social histórico resultantes de complejos procesos de identificación y diferenciación basados en criterios fenotípicos, culturales, lingüísticos y ancestrales, entre otros. SOS Racismo Madrid, Glosario de conceptos antirracistas.

⁵ Relatora Especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Human rights implications of the development, use and transfer of new technologies in the context of counter-terrorism and countering and preventing violent extremism, A/HRC/52/39, 1 de marzo de 2023.