Jorge Avila · 7 de abril de 2026
El pasado mes de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con la participación del sector privado, lo que implicaría un monto que, en conjunto, ascendería a un total de 5.6 billones de pesos a ejercer entre 2026 y 2030. De ese monto, el sector público destinaría 722 mil millones de pesos adicionales a la inversión presupuestada para 2026. La inversión se canalizaría a ocho sectores estratégicos, que se distribuirían de la manera siguiente: 54.1% a energía, 15.6% a trenes, 13.9% a carreteras, 6.5% a puertos, 6.2% a salud, 2.8% a agua, 0.34% a educación y el porcentaje restante al renglón de otros, sin especificar.
Este plan está en línea con los objetivos del actual gobierno, plasmados en el Plan México (anunciado en 2025), en el que uno de sus propósitos es aumentar la inversión productiva y, con ello, la tasa de crecimiento del PIB, que en los últimos 25 años evidencia un grave estancamiento económico, lo que ha reducido las posibilidades de un mayor bienestar social.
En el Plan México se plantea el objetivo de que la inversión fija bruta represente al menos 25% del PIB en 2026 y 28% en 2030; objetivo que parece ser muy optimista considerando que en 2025 dicho porcentaje fue 22.9% y que se siguió observando una drástica reducción, tanto de la pública (18.8%) como de la privada (4.0%) con respecto a 2024.
El factor determinante que ha inhibido la inversión privada y el crecimiento económico es la debilidad del Estado de derecho y la ausencia de certeza jurídica, agravadas por una elección manipulada de jueces, a fin de integrar un poder judicial acomodado a los intereses del Ejecutivo, así como la eliminación o degradación de los organismos constitucionalmente autónomos, que eran contrapesos clave para dar mayor certidumbre a los inversionistas. Este fenómeno debe atenderse de manera urgente e incluir en el plan de inversión las distintas estrategias en materia jurídica; de otra manera, cualquier plan de inversión que no se base en un Estado de derecho sólido, con supremacía de la ley y ataque frontal a la impunidad, sería un catálogo más de buenos deseos.
Conviene hacer el siguiente apunte: si bien las cifras de inversión fija bruta permiten analizar de manera oportuna el estado de la economía, se omite un indicador muy relevante para medir el verdadero potencial de crecimiento económico; este indicador es la depreciación física del capital, con el que podrían estimarse el acervo de capital neto y el capital neto per cápita y, a partir de esas cifras, hacer una medición y un seguimiento más preciso de la productividad de los factores y la capacidad de crecimiento.
A continuación, se presentan comentarios al plan de inversión anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y sus posibles alcances:
Como se anunció, en 2026 el gobierno destinará 722 mil millones de pesos adicionales al monto presupuestado, monto que equivale a 1.9% del PIB; sin embargo, no se señala cuál sería la fuente de financiamiento o si habrá ajustes en la composición del gasto público, pero es altamente probable que esta política agrave, aún más, la frágil situación de las finanzas públicas.
Es poco probable que el sector privado participe en algunos de los proyectos, ya que prevalece la desconfianza para invertir. De acuerdo con la encuesta realizada por el Banco de México, con cifras a marzo de 2026, 53% de los empresarios encuestados respondió que era mal momento para invertir y 47% respondió no estar seguro; la respuesta de que era buen momento fue igual a cero (vs. 3% el anterior).
Por otra parte, el porcentaje de respuestas con respecto a los principales obstáculos para hacer negocios en México fue el siguiente: 27% señaló al crimen, 21% a la falta de Estado de derecho, 21% a la corrupción y 9% a la oferta de infraestructura inadecuada. Mientras no se refuerce la estrategia de seguridad pública, no actúe el poder judicial de manera independiente y no se combata la impunidad (principalmente de servidores públicos), el resultado será muy pobre.
No existen, o al menos no se presentan, los elementos fundamentales para la evaluación social, económica y financiera de proyectos: a) un diagnóstico profesional con el apoyo de expertos de cada sector para identificar las necesidades de la población objetivo; b) definición de objetivos específicos de cada sector y proyecto; c) información detallada de las premisas y supuestos de los cerca de 1,500 proyectos supuestamente analizados; y d) criterios de selección para la jerarquización de los proyectos, dada la necesidad de asignar los recursos públicos de la manera más eficiente posible, problema económico central que ha sido ignorado por el gobierno anterior y el actual.
En cuanto a los criterios para la priorización de los sectores, llama la atención el porcentaje que representaría la inversión en trenes con respecto a la inversión total: 15.6% de un total de 5.6 billones de pesos de 2026 a 2030. No se ha presentado un solo estudio o análisis que sustente la inversión en este sector, lo que puede generar, de nuevo, la ejecución de proyectos inútiles, como los desarrollados por la administración anterior, que representan y continuarán representando una carga muy onerosa para las finanzas públicas.
Sorprende la importancia concedida por este gobierno al transporte ferroviario, en detrimento de proyectos de alto impacto social que representan un instrumento de gran alcance para disminuir la pobreza de manera sostenible; la inversión en trenes representaría 2.5 veces la inversión en el sector salud, 5.6 veces más que proyectos de agua y 46 veces más que proyectos en educación.
No se define cuál será el papel que desempeñe la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y, por tanto, la necesidad de crear un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión. Tampoco hay información alguna sobre la integración del mismo. Más allá de las definiciones administrativas y operativas, es indispensable que dicho Consejo integre a empresarios privados, expertos sectoriales e investigadores y blindar las decisiones de aspectos políticos e ideológicos.
Es cuestionable el interés del sector privado, toda vez que en inversiones mixtas el Estado será quien defina las reglas de operación, así como los objetivos sociales y tendrá el control mayoritario de las empresas. En ese sentido, los criterios básicos de índole técnica muy probablemente pasarían a segundo término o, incluso, serían ignorados.
El Plan establece que se garantizará transparencia y certidumbre para el seguimiento puntual de los proyectos; sería necesario, para empezar, que el gobierno anuncie su compromiso inamovible de cumplir estrictamente con la normatividad en materia de adquisiciones. Asimismo, para que el gobierno actúe de manera congruente con esa garantía de transparencia, sería indispensable que adoptara y anunciara la metodología y técnicas a utilizar para hacer un auténtico ejercicio de evaluación de proyectos.
La inversión privada en proyectos mixtos en Pemex y CFE es dudosa, toda vez que son empresas cuyo manejo y operación se caracterizan por altos niveles de ineficiencia y corrupción. Por otra parte, el marco legal del sector eléctrico le da preponderancia a la CFE, por lo que la inversión privada en ese sector sería limitada.
En el tema de inversiones mixtas se señala que el nuevo modelo garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos, sin poner en riesgo al Estado mexicano. Esta es una declaración irresponsable e imprudente al afirmar, de manera implícita, que el sector privado puede ser una amenaza para el Estado. Esa narrativa ha tenido un efecto muy negativo en la economía y lo seguirá teniendo mientras no se modifique el discurso y, sobre todo, la posición de distanciamiento y cerrazón hacia el sector empresarial.
En síntesis, es previsible que los alcances del Plan sean muy limitados, toda vez que el factor determinante que inhibe la inversión prevalece: la debilidad del Estado de derecho. Por otra parte, convergen otros factores que tendrían efectos negativos: la ausencia de expertos en evaluación de proyectos; la opacidad en cuanto a las reglas para la selección de proyectos, así como de los criterios para la priorización de los mismos; y el control de la operación por parte del sector público, cuyas decisiones en la mayoría de los casos carecen de fundamentos técnicos.