Claudia Ramos · 19 de febrero de 2026
Con antecedentes conflictivos en 2023 y 2024 —por decir lo menos—, se presenta a consulta el nuevo proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD 2025 – 2045). El anuncio del 10 de noviembre como fecha de inicio del proceso estuvo rodeado de confusión. A finales de septiembre circuló en redes sociales una primera versión del documento, fechada el 11 de septiembre, que portaba los logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP). Dicha filtración coincidió con la salida de Alejandro Encinas de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. No fue sino hasta el 21 de octubre cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desmintió la autenticidad de ese documento, para poco después anunciar el inicio de la consulta sobre el texto que hoy nos ocupa.
El proceso ha enfrentado serios cuestionamientos. Por un lado, se duda de la factibilidad de haber tenido un proyecto listo para octubre de 2025, considerando que el IPDP terminó de conformarse apenas en septiembre de ese mismo año. Por otro, genera suspicacia la afirmación del Instituto sobre supuestas reuniones previas con actores académicos, sociales, privados, organizaciones de la sociedad civil, pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, pues hasta el momento no se ha transparentado quiénes participaron en dichos encuentros, cuyas conclusiones se utilizaron como uno de los insumos para la elaboración del proyecto.
Más que una consulta pública, el ejercicio parecería una campaña oficial. Se han organizado foros, reuniones, conversatorios, encuestas y visitas casa por casa bajo la pregunta: “¿Cómo sueñas tu ciudad?”. El riesgo es que la suma de estas participaciones se utilice para legitimar el documento final, argumentando que fueron miles las personas consultadas.
Lo más probable es que la ciudadanía no sea plenamente consciente de que, al responder a esa pregunta, en realidad está otorgando indirectamente el visto bueno a un modelo de ciudad que impactará nuestra vida cotidiana durante los próximos 20 años. Si se tratara verdaderamente de una consulta pública sobre el proyecto presentado, la pregunta no sería “¿Cómo sueñas tu ciudad?”, sino interrogantes en el siguiente sentido:
¿Estás de acuerdo con que el proyecto de PGD 2025 – 2045 cree la figura de Casas de Gobierno en cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con atribuciones normativas presupuestarias y jurídicas, elevadas a rango constitucional, que servirán como base para articular los servicios públicos, supervisar los programas y generar procesos de planeación participativa?
¿Qué te parece que dicho proyecto modifique la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y, entre otras cosas, rediseñe el modelo de representación comunitaria, transitando de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) hacia la conformación de Asambleas Vecinales, además de crear un Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario que reorganice los mecanismos existentes en una sola plataforma articulada?
¿Qué piensas de que el proyecto no mencione ni una sola vez a los programas parciales —ni siquiera al abordar las áreas de conservación patrimonial— y que tampoco haga referencia a reconocimientos legales como las declaratorias de patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México?
¿Estás de acuerdo con omitir los mapas de microzonificación sísmica de la Ciudad de México, y que el proyecto no considere el uso vinculante del Atlas de Riesgo para la planeación del suelo urbano y no defina con base en qué ley o programa se regulará y delimitará las zonas consideradas de riesgo geológico y de valor ambiental?
¿Te resulta aceptable que dicho proyecto no aborde los procesos de autoconstrucción, a pesar de que representan más del 50 % del desarrollo de vivienda en la Ciudad de México?
¿Consideras pertinente la propuesta de democratizar la gestión del suelo mediante la creación de polígonos prioritarios de consulta directa vinculante, lo que se traduciría, entre otras cosas, en la modificación de zonificación y usos de suelo a través de asambleas vecinales organizadas desde las Casas de Gobierno?
¿Te resulta aceptable que parta del instrumento de “centralidades” o áreas de alta redensificación, para supuestamente garantizar la movilidad sustentable, pese a que en realidad las ubica en zonas con programas parciales, movilidad colapsada y alta especulación, donde están en preventa grandes desarrollos inmobiliarios que, aunque hoy prohibidos, quedarían habilitados gracias al PGD?
¿Estás de acuerdo en que el proyecto se haya elaborado y se encuentre en consulta sin contar con una Ley de Ordenamiento Territorial pública aprobada en el Congreso?
Sin duda, especialistas con mayor experiencia en estos temas podrían plantear múltiples preguntas y cuestionamientos adicionales. No obstante, el objetivo de este texto es invitar a una pausa para analizar el contenido real del documento. Una vez concluida la consulta, será enviado en marzo por la jefa de Gobierno al Congreso local para su aprobación, prevista a más tardar en mayo. El PGD resultante será vinculante para la elaboración de leyes y programas fundamentales, como el Programa General de Ordenamiento Territorial.
El surgimiento de un sistema de gobierno dual con la creación de las Casas de Gobierno a nivel constitucional, el acotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, y la centralización de decisiones a través de consultas vinculantes en asambleas, al margen de factores técnicos y de la planeación misma, son razones suficientes para tomar medidas hoy, si no queremos que la CDMX con la que soñamos se convierta en nuestra peor pesadilla.
* Josefina Mac Gregor Anciola es directora general de Suma Urbana, A. C. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo con grupos y asociaciones dedicadas a la conservación del patrimonio histórico, monumental, tangible e intangible.