El plan B energético del presidente: ¿suficiencia energética a toda costa?

Durante su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha impulsado una serie de medidas en materia energética que, entre otras cuestiones, buscan privilegiar la actividad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto bajo el principal argumento de que solo así se podrá alcanzar la soberanía energética.

La medida más notable fue la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) propuesta en 2021, misma que fue declarada inconstitucional el 31 de enero de 2024 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre las razones del fallo, la SCJN consideró que resultaba contraria al principio de sustentabilidad que establece la Constitución, ya que, en resumen: 1) privilegiaba el despacho de energía contaminante generada por la CFE sobre la energía limpia de otros generadores, y 2) daba acceso a centrales más antiguas al mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL), lo cual disminuiría el valor de los CEL al tener que aumentar su oferta, lo que desincentiva la generación de energías limpias.

En pocas palabras, la reforma representaba un retroceso en el proceso de transición energética, afectando la sustentabilidad del sector. Recordemos que uno de los principales acuerdos en la pasada Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28) fue el de triplicar las inversiones en energías renovables para el año 2030. En ese sentido, la reforma hubiera representado un retraso injustificado en el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y reducción de emisiones contaminantes. Además de prolongar los impactos ambientales generados por la alta contaminación atmosférica de las plantas de la CFE.

Frente a la resolución de la SCJN, AMLO incluyó en el paquete de reformas constitucionales presentado el 5 de febrero, un nuevo intento para asegurar la prevalencia de la CFE, ahora a nivel constitucional. La reforma prohíbe explícitamente que los particulares prevalezcan sobre la empresa pública del Estado (sin importar que estos puedan ofrecer precios más bajos o energía más limpia). Además, establece que el objeto del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es garantizar la suficiencia energética, considerándolo un tema de seguridad nacional.

La reforma tiene la clara intención de anteponer la supuesta suficiencia energética sobre otros objetivos legítimos del SEN, como la sustentabilidad o la competitividad, los cuales prevalecieron en el criterio de la SCJN. En ese sentido, se plantea un falso dilema constitucional, en el que la suficiencia energética está peleada con la sustentabilidad.

Plantear esta falsa oposición es un esfuerzo por controlar la narrativa, señalando que no basta con lograr una transición energética justa, sino que debe ser una Transición Energética Soberana (TES). De hecho, la Estrategia de Transición publicada el pasado 23 de enero también promueve la idea de que las energías renovables son poco confiables por tratarse de energías intermitentes, las cuales saturan al SEN, generando un obstáculo para la transición energética. Como consecuencia, propone desalojar toda la energía intermitente embotellada existente, a la par de la instalación de nuevos proyectos prioritarios, en su mayoría de energías contaminantes, para “evitar cortes de energía eléctrica en el corto plazo”.

Esto demuestra que, a pesar del fallo de la SCJN, el Ejecutivo federal mantiene una clara resistencia a la transición energética. Esto al grado de plantear en su estrategia que las suspensiones judiciales de los instrumentos de política son de los principales obstáculos para lograr la TES, cuando dichos instrumentos fueron declarados inconstitucionales precisamente por retrasar injustificadamente la transición energética. Parece insinuarse la idea de que la suficiencia y la soberanía energética solo se pueden alcanzar a costa de la sustentabilidad y competitividad del SEN.

Se debe decir de manera clara: es posible contar con energía limpia suficiente, pues la sustentabilidad, la soberanía y la suficiencia son compatibles. Se cuenta con los recursos para modernizar la red eléctrica nacional, así como para sustituir la infraestructura de la CFE por una capaz de generar energía más limpia y a precios más competitivos. Una buena manera de lograrlo sería, por ejemplo, seguir la línea de acción para la transición energética justa que se propone desde la sociedad civil en el Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática 2024-2030. Las alternativas existen, ahora requerimos de una enérgica voluntad política para alumbrar el camino.

* Alberto Alarcón Gómez (@_AlbertoAlarcon) es egresado de la licenciatura en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA).