Pilar: la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional

En respuesta a un patrón preocupante de criminalización por aborto identificado en el estado de Aguascalientes, en septiembre lanzamos un reportaje para dar a conocer la situación que viven las mujeres y personas con capacidad de gestar que ejercen su derecho a decidir en esa entidad.

Para sumar a la labor de las organizaciones locales, acompañamos varios casos y en uno de ellos logramos que se cerrara el proceso penal en contra de una mujer, llamada Pilar (alias). En la resolución de su caso, las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la autonomía reproductiva fueron fundamentales.

Pilar ingresó al Hospital de la Mujer en Aguascalientes. El médico que la atendió se dio cuenta de que había tenido un aborto incompleto. Sin saber qué iba a ocurrir con ella, se presionó a Pilar para que contara todo lo que había pasado. De inmediato, el hospital dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Al día siguiente, la pareja y la madre de Pilar solicitaron un traslado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que sólo le habían practicado un ultrasonido y la dejaron ahí, sin informarle nada, además de negarle medicamentos para el dolor y la atención médica que requería. Cuando la ambulancia llegó para realizar el traslado, personal de la Fiscalía pidió a Pilar y a su pareja confirmar sus nombres completos. Ella fue ingresada al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, con un expediente que resaltaba las pastillas que había ingerido.

Acompañada por GIRE, Pilar presentó una demanda de amparo en contra de la Fiscalía General del Estado, el gobernador y el Congreso de Aguascalientes, argumentando que la existencia de la carpeta de investigación por el delito de aborto le generaba una afectación, debido a la inconstitucionalidad del tipo penal de aborto contenido en el artículo 101 del Código Penal de Aguascalientes.

La criminalización a la que fue sujeta Pilar atentaba contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en específico a la autonomía reproductiva, y su derecho a la salud; además de que violaba el principio de igualdad y no discriminación, y constituía violencia de género.

El Juez que conoció del caso otorgó el amparo a Pilar y, con base en las resoluciones de la SCJN, señaló que es inconstitucional detener a una mujer por el delito de aborto, y que “si bien, el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo, no obstante, ésta no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva”. Asimismo, ordenó a la fiscalía abstenerse de investigar el delito de aborto y anular las pruebas recaudadas.

Así, se logró cerrar el proceso de criminalización en contra de Pilar y materializar, en un caso concreto, la decisión del máximo tribunal del país: las mujeres y personas con capacidad de gestar no deben ser criminalizadas por ejercer sus derechos.

No hay vuelta atrás. El panorama jurídico en materia de aborto ha cambiado. Las y los juzgadores, tanto locales como federales, deben considerar que —dado que criminaliza de manera absoluta el aborto— la regulación en las 26 entidades que aún no contemplan ni siquiera el plazo de las 12 semanas de gestación para acceder a un aborto legal es inconstitucional.

Celebramos que —a partir de lo establecido por la Corte— las mujeres y personas con capacidad de gestar que, como Pilar, son sujetas a procesos penales por interrumpir un embarazo tengan ya la oportunidad de ver finalizada la persecución estatal a causa del ejercicio de sus derechos.

La SCJN es un referente para toda América Latina en materia de justicia reproductiva. Ahora está claro que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto; que la protección de la vida prenatal no puede desconocer el derecho a la autonomía reproductiva, y que la objeción de conciencia no debe obstaculizar el acceso a servicios de aborto.

Si bien las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representan un parteaguas que permite derribar importantes barreras jurídicas para la garantía de los derechos reproductivos, es necesario continuar impulsando acciones para la despenalización legal y social del aborto.

Desde GIRE, y de la mano de distintas colectivas y organizaciones locales, estamos y seguiremos empujando el reconocimiento de la autonomía reproductiva, y brindando acompañamiento integral a quienes quieran acceder a un aborto y a quienes emprendan un camino de búsqueda de justicia cuando dicho acceso les haya sido obstaculizado.

@GIRE_mx