PGR: ¿maquillaje o cirugía?

Lo que está desmantelado no se maquilla, se refunda, se reconstruye. Cuando inició la Administración del presidente Enrique Peña, el entonces procurador entrante, Jesús Murillo Karam, dijo que recibía una Procuraduría General de la República desmantelada. No me lo tienen que contar, lo vi en funciones de asesor en esa institución hace más de 25 años. Atestigüé que, al menos desde principios de los noventa, cada titular de la PGR vino encontrando lo mismo: una institución llena de problemas, una fábrica de impunidad.

La disfunción de la PGR sobrevivió a la llamada transición democrática y la alternancia que la misma trajo. Vicente Fox pudo concretar la autonomía de la PGR; no lo hizo. Luego en el sexenio de Felipe Calderón, el entonces secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, le decía a todo el que quisiera escuchar que el ministerio público no sabía investigar ni consignar y que la policía tenía que hacerlo todo para entregar el expediente terminado. Lo único que necesitamos de la PGR es que firme los expedientes, afirmaba. En aquellos tiempos escuché por vez primera que la procuraduría era la oficialía de partes de aquella secretaría.

Luego de que Murillo avisara que encontraba una institución desmantelada, justo él habría de entregar el ejemplo paradigmático que así lo constataba, me refiero al expediente en torno a los hechos de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En el denominado caso Ayotzinapa, como en miles más en manos de la PGR, el acceso a la verdad, la justicia y la reparación ha quedado negado, tanto como la impunidad parece garantizada.

La noticia de que la PGR es una institución desmantelada no es nueva. Sé de diagnósticos internos y externos que recomendaron su reconstrucción total desde al menos hace dos décadas, uno tras otro guardado en la gaveta. También sé de una propuesta de mejora tras otra echada a la basura. Por ejemplo, a inicios de los noventa se presentó un proyecto de creación de procesos continuos de evaluación sobre la calidad de las investigaciones que no prosperó. Se propuso crear una figura especializada de ministerio público revisor que supervisara a otros para mejorar las averiguaciones previas. Nada. Otro caso fue la propuesta de servicio civil de carrera encaminada a rescatar a la Policía Judicial Federal (PJF) del agujero de incompetencia y corrupción sistémica en el que se encontraba, proyecto que también fue negado. Cómo olvidar aquella ocasión cuando la PGR no pudo identificar y contar con precisión cuántos policías dependían de ella, simplemente porque los registros administrativos eran múltiples y ninguno coincidía (por cierto, ¿hoy puede?).

Las anécdotas van desde al reporte de vuelos por parte de personal operativo donde se comentaba sobre el estado lamentable de las aeronaves de la PGR y el altísimo riesgo asociado a su uso, hasta la salida de la institución o incluso del país por parte de policías y ministerios públicos sin protección alguna, luego de haber investigado y perseguido a organizaciones delictivas.

Los diagnósticos que documentan problemas graves en el diseño y la operación de la PGR se cuentan por decenas durante décadas, hasta llegar al que presentó Raúl Cervantes Andrade, el actual titular de la PGR. Ahí se lee: “es posible suponer que la corrupción y las malas prácticas al interior de la institución derivan de las deficiencias en la arquitectura institucional retratadas a lo largo de este diagnóstico, así como del estado que guarda el diseño del Servicio Profesional de Carrera del personal sustantivo, que pocas veces se traduce en una mejora real de las percepciones recibidas, así como en su desarrollo profesional”.

La sociedad lo entiende bien. En un estudio del INEGI del 2015 solo el 14% de los encuestados percibió la institución como “muy efectiva”.

No me lo tienen que contar, lo vi con toda claridad: el afluente de todos los problemas de la PGR fluye desde la cabeza; es una institución donde la cadena de lealtad política se sobrepone al organigrama. Es una entidad pública por la que pasan incondicionales al Presidente de la República en turno, quienes a su vez colocan a sus propios incondicionales. Estamos hablando de 15 titulares de 1988 a la fecha, esto quiere decir que cada procurador ha durado en el cargo en promedio poco menos de dos años. Solo en el sexenio de Carlos Salinas fueron 5 procuradores, casi uno por año durante esa administración.

La PGR se convertirá en la Fiscalía General de la República, gracias a una reforma constitucional de 2014 que incluye el pase directo del actual titular de la PGR a funciones de Fiscal General. Los colectivos sociales #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás han construido una propuesta ciudadana para impedir ese pase directo y para construir una Fiscalía autónoma, independiente, profesional y eficaz (https://front.animalpolitico.com/2017/08/organizaciones-protestan-fiscaliaquesirva/).

La propuesta crea un proceso de selección y remoción del Fiscal General que impide que el Presidente de la República o cualquier grupo de interés lo someta a la manipulación política y éste a su vez haga lo propio con la institución. Ahí se crea además un sistema de pesos y contrapesos para someter a controles al propio Fiscal y para en verdad profesionalizar a la institución. Los colectivos vienen estudiando la experiencia nacional e internacional y no hay la menor duda: la procuración de justicia solo dejará de ser una fábrica de impunidad cuando los titulares de las instituciones responsables no le deban el cargo a los poderes ejecutivos y cuando dichas instituciones cuenten con auténticos servicios profesionales de carrera.

Puede ser una sesión de maquillaje o puede ser una cirugía mayor. Si el actual Procurador pasa a ser Fiscal General estaremos ante la repetición de lo que ya conocemos. Y si es el caso, una vez más se habrá aplazado indefinidamente cualquier posibilidad de consolidar el Estado de derecho en México. ¿Maquillaje o cirugía?

@ErnestoLPV