De PGR a Fiscalía ¿un cambio real?

Por Edgar Cortez (@edgarcortezm)

Transitamos un proceso para dejar atrás la Procuraduría General de la República (PGR) y pasar a fundar una Fiscalía General de la Nación. ¿Qué razón tiene este cambio y qué podemos esperar del mismo?

Desde hace tiempo se ha planteado como uno de los principales problemas de la justicia penal la falta de independencia de las procuradurías de justicia, tanto PGR como las de los estados y de la Ciudad de México, pues esa sujeción ha dado lugar al “uso político de la justicia”; es decir la facultad de investigar se aprovecha para asegurar impunidad a los aliados del poder político y castigar a los opositores.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la última reforma constitucional político electoral. Parte de esta reforma fue la modificación del apartado A del artículo 102, para establecer la creación de una Fiscalía General de la República autónoma y cuyo titular durará en el cargo nueve años.

Los principales aspectos concernientes a la Fiscalía son los siguientes:

• Que el Ministerio Público, órgano encargado de investigar delitos, se organizara ya no en una Procuraduría sino en una Fiscalía General de la República, que será autónoma. Eso significa que saldrá del ámbito de control del Presidente.
• Que el Fiscal durará en el cargo nueve años; es decir será un cargo transexenal.
• El procedimiento para la elección prevé que, a partir que no haya Fiscal, el Senado, en un plazo de 20 días, envía al Ejecutivo una lista de al menos diez candidatas y candidatos, para que de ésta el Ejecutivo integre una terna que propone al Senado y, se elija finalmente al Fiscal.

En los artículos transitorios de la misma reforma se determinan otros aspectos sustantivos.

• Que la PGR dará paso a la Fiscalía en el momento en que esté aprobada y entre en vigencia cuando menos la ley orgánica de la Fiscalía. Lo que hasta la fecha no ha sucedido.
• Al momento que suceda lo anterior la persona que esté al Frente de la Procuraduría automáticamente pasará a ser Fiscal por un plazo de nueve años.
• También se establece que al pasar de Procuraduría a Fiscalía autónoma, los recursos humanos de la primera pasan en su totalidad a la segunda.

En septiembre de 2014 el Ejecutivo presentó una iniciativa de Ley de la Fiscalía General, la cual no contó con proceso alguno de consulta. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al senado donde permanece estancada.

Lo anterior no debe seguir adelante pues es indispensable desarrollar un proceso de discusión riguroso y plural donde se trabaje en el diseño de la nueva institución y en su funcionamiento para que efectivamente sea capaz de investigar los delitos que afectan a la seguridad ciudadana y al país, de manera que realmente se  combata la impunidad.

Un segundo problema es que el proceso de nombramiento del Fiscal no considera la más mínima participación ciudadana. Una dificultad más radica en que de forma automática, el Procurador o Procuradora en funciones se convierte en el nuevo Fiscal. Esta decisión es paradójica pues si estamos fundando una nueva institución se requiere de un nuevo perfil y de una selección acorde.

Luego del nombramiento de Raúl Cervantes, como nuevo Procurador, algunos actores dieron por descontado que ya se le podía considerar el nuevo Fiscal. Un personaje claramente identificado con el presidente Peña Nieto y con su partido, resulta nada compatible con la tarea de estar al frente de una institución autónoma que debe ser capaz de investigar al presidente y su círculo de colaboradores.

Un tercer problema radica en haber establecido que la nueva Fiscalía debe fundarse con el mismo personal, lo que la contagia de las inercias y malas prácticas que han hecho de la PGR una institución nada confiable.

Si realmente aspiramos a una nueva institución, el personal de la PGR debe pasar por rigurosos proceso de evaluación para determinar qué personal permanece en la Fiscalía y quiénes  separados de la institución.

Como puede verse de lo que se trata es de refundar la institución encarga de investigar delitos, que de acuerdo con la misma constitución significa: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño causado por el delito.

Vale además recordar que apenas el 18 de junio pasado empezó a funcionar en todo el país el Sistema Penal Acusatorio, un nuevo modelo de justicia al que le hace falta policía de investigación y ministerio público capaces de investigar delitos complejos, así como las numerosas violaciones a derechos humanos.

El pasado 18 de octubre un amplio y plural grupo de empresarios, académicos, personas  defensoras de derechos humanos, especialistas en transparencia y combate a la corrupción así como líderes sociales hicieron un llamado al presidente Peña Nieto y al Congreso exigiendo se detenga la discusión sobre ley de la Fiscalía para dar paso a un diálogo nacional que trabaje en el diseño de la mejor Fiscalía posible, atienda asuntos como el proceso de transición (con qué carga de trabajo se queda la PGR hasta su total extinción y determinar si algunos casos relevantes pasan a la competencia de la Fiscalía); el diseño y tareas de la Fiscalía y de sus Fiscalías especializadas (corrupción, delitos electorales, así como una especializada en asuntos de violaciones a derechos humanos); proceso de selección del personal, así como mecanismos de control institucional y ciudadanos.

Parte de la exigencia es que los servicios periciales sean autónomos de la Fiscalía.

El dilema está entre la transformación de la institución encargada de la investigación de delitos o la simulación que supone un simple cambio de nombre. No exagero, ya algunos estados hicieron este cambio, como Veracruz; donde desde hace un par de años existe una Fiscalía y en realidad nada ha cambiado.

*Edgar Cortez es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD), una organización civil, sin fines de lucro, dedicada a impulsar el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia. Inició actividades en 2007 con un equipo de profesionales con amplia experiencia en temas sociales, comprometidos con la causa de los derechos humanos y la promoción de la democracia.