Seguir cada peso: la fiscalización como necesidad de una nación

Cuando México se asumió como nación independiente, una de sus primeras decisiones no fue militar ni diplomática, sino contable. El 16 de noviembre de 1824, apenas estrenada la Constitución que daba forma a la República federal, el Congreso creó la Contaduría Mayor de Hacienda, un órgano dependiente de la Cámara de Diputados encargado del examen y revisión de las cuentas públicas. En el mismo acto fundacional en que México decidía cómo gobernarse decidió también vigilar cómo se gastaba el dinero de todos. 

No es un detalle menor. Las naciones que nacen pensando en quién paga y en qué se gasta son aquellas que entienden que la democracia y libertad sin rendición de cuentas son promesas incompletas.

La fiscalización superior es, por eso, tan antigua como la idea misma de México. Y como toda institución viva, su historia conoció interrupciones. Entre las décadas de 1830 y 1860, la Contaduría Mayor de Hacienda alternó su existencia con tribunales de cuentas que respondían más a la coyuntura política que a la vocación de transparencia. Durante el Segundo Imperio, bajo la sombra de una corona impuesta desde Europa, la vigilancia del gasto quedó subordinada al poder de un trono ajeno a la voluntad popular.

Fue durante la República restaurada cuando las cosas volvieron a su lugar. Con el triunfo sobre el Imperio en 1867, el 20 de agosto de aquel año la institución recuperó su nombre y su concepción originales: la Contaduría Mayor de Hacienda, de nuevo dependiente del Poder Legislativo, de nuevo al servicio de la nación y no de un soberano. 

El gesto, encabezado por Benito Juárez, podría parecer meramente administrativo, pero encierra un principio que trasciende a cualquier figura: que un Estado republicano se sostiene en la capacidad de sus representantes para pedir cuentas sobre cada peso del erario. Ninguna nación que se pretenda libre puede prescindir de ese control. La fiscalización no es un rasgo del proyecto de un gobernante, sino una condición de cualquier gobierno democrático; allí donde el dinero público se ejerce sin vigilancia, la república se debilita, gobierne quien gobierne.

Esa misma institución, con reformas sucesivas en 1896, 1904, 1937 y 1978, operó hasta el año 2000, cuando las reformas constitucionales de 1999 la transformaron en la Auditoría Superior de la Federación, y aunque cambió el nombre; no cambió su mandato. La ASF es, en sentido estricto, la heredera directa de aquel órgano que nació con la patria, y con ella hereda también la premisa que le dio origen: que vigilar el gasto público no es un acto de desconfianza hacia el gobierno, sino un acto de respeto hacia quienes lo financian.

Administrar dinero público es un encargo sujeto a cuentas

Conviene recordar por qué importa todo esto hoy. El dinero público no pertenece al gobierno en turno ni a quien lo administra: pertenece a todas y todos los mexicanos. Cada impuesto recaudado, cada peso ejercido en una obra, en un hospital o en un programa social, es patrimonio colectivo. Tener claridad sobre cómo se gasta no es un lujo técnico ni un trámite burocrático; es una condición de posibilidad de la democracia. 

Quien administra recursos que no son suyos —y el gobierno administra los de toda la nación— no recibe un cheque en blanco, sino un encargo sujeto a cuentas. Así como nadie entregaría el manejo de su patrimonio sin pedir después un estado de cuenta, una sociedad democrática tampoco puede ceder el manejo de lo suyo sin exigir, peso por peso, la rendición correspondiente. La fiscalización es, en ese sentido, el estado de cuenta que la nación tiene derecho a reclamar.

Frente a esa vocación, hay un enemigo claro y persistente: la corrupción. La corrupción no es una abstracción moral; es el desvío concreto de recursos que debían convertirse en bienestar y terminan en bolsillos privados. Es la obra que no se construye, la medicina que no llega, el programa que se infla en papel y se vacía en la realidad. 

Combatirla no es una cruzada retórica: es la tarea sustantiva de cualquier órgano de fiscalización que se tome en serio su origen. Y combatirla exige, antes que indignación, instrumentos. Mejores herramientas para seguir el rastro de cada peso, y mejores facultades para actuar cuando ese rastro conduce a un acto indebido.

Es precisamente en esa dirección que avanza la transformación reciente de la ASF. El nuevo modelo de fiscalización integral representa una evolución metodológica que sitúa a la institución a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de auditoría gubernamental. Hasta ahora, la revisión del gasto se fragmentaba en múltiples auditorías que examinaban por separado el cumplimiento normativo, el desempeño o el ejercicio presupuestal de una misma entidad. El nuevo esquema concentra esos enfoques en un solo procedimiento de revisión exhaustiva: en un mismo ejercicio se examina la legalidad de la totalidad del gasto, la gestión financiera y el desempeño de los programas y proyectos de cada ente revisado. No se trata de revisar menos, sino de revisar mejor y de manera más completa.

Las cifras dan cuenta de la magnitud del cambio, y conviene no esquivarlas. El Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública 2025 fue modificado para incorporar este modelo: el programa actualizado contempla 167 auditorías integrales, 2,058 auditorías de cumplimiento y 19 auditorías forenses, con 100 nuevas revisiones que no estaban previstas en el programa original. 

Al mismo tiempo, el número total de procedimientos registrados disminuyó respecto de la versión inicial. Es legítimo que ese dato genere una duda: ¿revisar menos expedientes no significa, acaso, vigilar menos?

Lo importante no es cuántos documentos se revisan, sino cuánto del dinero público está bajo escrutinio

La duda es razonable, pero la respuesta es justamente la contraria. Esas revisiones no se cancelan: se integran. Donde antes existían procedimientos aislados —y a veces duplicados— sobre un mismo ente, hoy hay una sola auditoría integral que examina en conjunto el cumplimiento legal, la gestión financiera y el desempeño. Un número menor de expedientes no equivale a un universo menor de gasto revisado; equivale a revisar ese gasto de manera más completa, sin las costuras que antes permitían que una irregularidad se escapara por el hueco entre una auditoría y otra. 

La métrica que importa no es cuántos documentos se abren, sino cuánto del dinero público queda efectivamente bajo escrutinio. Y ese alcance, lejos de reducirse, se amplía.

Dicho esto, la transparencia obliga a una precisión: un modelo así solo cumple su promesa si los informes resultantes son tan claros y rastreables como exhaustiva fue la revisión. Concentrar varias auditorías en una no debe traducirse en resultados más opacos, sino en hallazgos consolidados que la sociedad pueda seguir con facilidad. Ese es el compromiso que el nuevo esquema asume frente a quien, con razón, exige pruebas y no solo explicaciones.

El alcance también se amplía, y lo hace en una dirección que vale la pena subrayar: la del paso del muestreo a la revisión de totalidades. Durante años, la fiscalización trabajó por muestra, examinando una porción de las operaciones de un ente y proyectando conclusiones a partir de ese fragmento. El nuevo modelo apuesta por revisar el universo completo del gasto siempre que es posible, porque la corrupción rara vez anida en el promedio: se esconde justo en la operación que la muestra no alcanzó a tocar. Por primera vez se fiscalizará a la totalidad de las dependencias federales, y la lógica de revisar el cien por ciento —y no una fracción— se vuelve el criterio rector de las revisiones de mayor alcance.

Y aquí reside, quizá, el punto más relevante de la reforma. Durante mucho tiempo la fiscalización corrió el riesgo de quedarse en el diagnóstico: señalar la irregularidad y esperar. El robustecimiento de las capacidades técnicas de la ASF está orientado a cerrar esa brecha entre observar y actuar, y un componente decisivo de ese esfuerzo es el fortalecimiento de la atención a las denuncias ciudadanas. 

Cada denuncia ciudadana es un acto de poder

La ciudadanía no es un espectador de la fiscalización: es, cada vez más, su punto de partida. Quien vive un servicio que no llega, una obra que no se termina o un recurso que se esfuma, suele ser el primero en advertir el desvío. Por eso la ASF ha reforzado sus unidades de investigación, de análisis de información y de atención de denuncias, para que la voz de quien reporta una irregularidad encuentre eco institucional y se traduzca en una revisión formal. 

Cada denuncia ciudadana es, en los hechos, un acto de poder: la facultad de cualquier persona de poner en marcha la maquinaria del Estado para exigir cuentas sobre lo que es suyo. Fiscalizar deja de ser entonces una tarea reservada a los expertos y se convierte en una herramienta al alcance de la gente, que vigila desde su barrio, su hospital o su escuela aquello que las cifras oficiales no siempre alcanzan a ver. 

Una auditoría que detecta un desvío y no deriva en consecuencias es una alarma sin respuesta. El propósito de estos cambios es que cada hallazgo —nazca de una denuncia o de una revisión de oficio— cuente con el respaldo técnico necesario para sostenerse, para señalar responsabilidades y para que quien ejerce mal el dinero público enfrente las consecuencias que la ley prevé.

Nada de esto es ajeno a la historia que abre este texto, pero el peso de la reforma está en lo que viene, no en lo que fue. Auditorías integrales en lugar de revisiones fragmentadas; totalidades en lugar de muestreos; denuncias ciudadanas convertidas en investigaciones; y hallazgos respaldados técnicamente para que deriven en consecuencias y no solo en informes. 

Son cambios concretos, medibles, orientados a un mismo fin: que ningún peso del erario quede fuera del alcance de la revisión y que ninguna irregularidad se quede sin respuesta. La modernización metodológica de la ASF no es un ajuste administrativo, sino un salto en la capacidad real del Estado para seguir el dinero público y actuar sobre quien lo desvía.

Fiscalizar es, en el fondo, un acto de confianza en la República: afirmar que el poder se ejerce de cara a la gente y que ningún peso del erario está por encima de la ley. Ese principio, tan antiguo como México, hoy se traduce en herramientas concretas. Con un modelo de fiscalización integral capaz de revisar totalidades en lugar de muestras, de transformar las denuncias en investigaciones y de seguir cada peso hasta sus últimas consecuencias, la Auditoría Superior de la Federación no solo observa: actúa. Y lo hace al servicio de su único dueño legítimo, las y los mexicanos, a quienes pertenece, en realidad, cada peso que aquí se vigila. ♦